La flamante Ley de Economía Digital, una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y que busca dar un giro hacia la reducción del uso de efectivo en México, se encuentra en la antesala de su aprobación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a pesar de los aplausos iniciales y el optimismo generalizado sobre sus potenciales beneficios, expertos en la materia han comenzado a levantar la voz para señalar importantes interrogantes y posibles tropiezos en su camino hacia la implementación efectiva.
Uno de los puntos más álgidos y recurrentes en las críticas de los especialistas es la aparente ausencia de un régimen de sanciones robusto dentro del marco legal propuesto. Alberto Córdoba, socio del despacho Von Wobeser y Sierra, ha sido uno de los más vocales al respecto, señalando que la ley, compuesta por 22 artículos, parece tener un carácter más programático que coercitivo. "Son 22 artículos, nada más que parecerían una ley más programática, con ciertas obligaciones para varios sectores, pero sin dar una sanción en caso de incumplimiento", advirtió Córdoba, subrayando la preocupación de que esta omisión pueda mermar significativamente la capacidad de la ley para ser aplicada y respetada.
La preocupación se agudiza al considerar el papel que jugará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la definición de los sectores estratégicos que deberán adoptar mecanismos para disminuir el uso de efectivo. La iniciativa otorga a Hacienda un plazo de 15 días para identificar estas áreas clave, y posteriormente, a las autoridades otros 15 días para emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes. El problema, según los expertos, radica en que las leyes secundarias, al derivar de un marco principal sin sanciones claras, tendrían dificultades para establecer castigos efectivos por sí mismas. Por ello, se hace un llamado urgente a las comisiones legislativas para que revisen y fortalezcan este aspecto crucial durante el proceso legislativo, antes de que la ley se convierta en un documento de difícil aplicación y poco persuasivo.
Beneficios Potenciales y Costos del Efectivo
A pesar de las advertencias sobre la falta de sanciones, es innegable que la Ley de Economía Digital trae consigo una serie de beneficios potenciales que han sido bien recibidos por diversos sectores. La reducción del manejo de efectivo, uno de sus objetivos primordiales, podría traducirse en una disminución considerable de los costos asociados a su manejo y, de manera paralela, generar una mayor trazabilidad sobre las operaciones económicas del país. Córdoba estima que el costo de manejar efectivo en México puede rondar el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la pérdida de ingresos fiscales derivada de una menor fiscalización podría alcanzar aproximadamente el 2.6% del PIB. En conjunto, el impacto económico de la dependencia del efectivo se estima en cerca del 4% del PIB, una cifra considerable que la digitalización busca mitigar.
El sector financiero, en particular, ha mostrado un gran interés en esta iniciativa. Los bancos, por un lado, ven en la digitalización de pagos un incentivo económico directo para atraer más depósitos y expandir su base de usuarios, lo que a su vez impulsa la inclusión financiera. "En el sector que estamos nosotros ahorita analizando, que es entidades financieras, es algo que ellos llevaban muchísimo tiempo pidiendo, evidentemente por otras razones. Digo, si los bancos tienen interés en que haya una inclusión financiera, pero también por temas económicos. Para ellos esto va a significar atraer más depósitos, poder llegar a tener más usuarios", comentó un representante del sector.
Trazabilidad y Combate a la Ilicitud
La mayor trazabilidad de las operaciones es otro de los pilares de la ley, con implicaciones significativas para el combate a actividades ilícitas. En sectores como el de las gasolineras, por ejemplo, la implementación de medios de pago rastreables permitiría a las autoridades cotejar las operaciones financieras con la información de ingresos y egresos, proporcionando herramientas más precisas para combatir el robo de combustibles. Este es un frente donde la ley podría tener un impacto directo y medible en la reducción de delitos que afectan las arcas públicas y la seguridad energética del país.
Sin embargo, el camino hacia una economía digitalizada y con menor dependencia del efectivo en México no está exento de desafíos monumentales. El país aún presenta un nivel de bancarización relativamente bajo en comparación con otras economías avanzadas, y el uso del efectivo sigue siendo predominante en amplias zonas del territorio nacional, especialmente en aquellas con infraestructura financiera limitada. Córdoba señala que mientras países como China o Noruega registran un uso de efectivo por debajo del 4%, en México esta cifra supera el 40%. "Entonces creo que sí va a ser una labor dura de implementación", reconoció, anticipando la complejidad de un cambio cultural y de hábitos tan arraigados.
¿Qué Implica la Ley de Economía Digital?
La Ley de Economía Digital abarca una serie de disposiciones clave diseñadas para fomentar la transición hacia medios de pago electrónicos. Entre sus puntos centrales se encuentra la promoción de la adopción masiva de tecnologías como códigos QR, CoDi, DiMo y transferencias electrónicas, con el objetivo de desplazar gradualmente el uso del efectivo. Además, busca validar legalmente la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, facilitando la apertura de cuentas bancarias y la contratación de servicios financieros a distancia, lo que podría agilizar trámites y mejorar la experiencia del usuario.
Un aspecto fundamental es la obligatoriedad para los tres órdenes de gobierno de contar con la infraestructura necesaria para aceptar pagos digitales en todos sus trámites y servicios. Esto no solo modernizará la administración pública, sino que también enviará un mensaje claro sobre la dirección que el país está tomando en materia de digitalización. Adicionalmente, la ley faculta a la SHCP para determinar aquellas actividades económicas consideradas estratégicas, donde el pago digital podría convertirse en la única vía permitida, sentando un precedente para la eliminación progresiva del efectivo en transacciones de alto valor o sensibles.
Las facultades otorgadas al Banco de México (Banxico) son también de gran relevancia. El banco central tendrá la potestad de homologar el uso de aplicaciones financieras, ampliar los montos permitidos en cuentas simplificadas y regular los cobros a través de códigos QR en terminales. Estas medidas buscan estandarizar la experiencia del usuario y fomentar la interoperabilidad entre diferentes plataformas y servicios financieros. Asimismo, la ley tiene el potencial de impulsar la inclusión crediticia al generar un historial transaccional que facilite el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y sectores tradicionalmente vulnerables, democratizando el acceso al crédito.
Finalmente, la ley contempla una regla de contingencia que permitirá el pago temporal en efectivo o cheque únicamente en casos de fallas técnicas imprevistas o fuerza mayor, asegurando la continuidad de las transacciones en situaciones excepcionales. La integración de herramientas de la Agencia de Transformación Digital, como la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles, complementa el marco, buscando crear un ecosistema digital más robusto y eficiente para la inversión y el comercio.
En resumen, si bien la Ley de Economía Digital representa un avance significativo en la agenda de modernización financiera de México, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del Congreso y del gobierno para abordar las preocupaciones sobre la falta de sanciones y la complejidad de su implementación en un país con profundas brechas digitales y financieras. La transición hacia una economía menos dependiente del efectivo es un objetivo ambicioso que requerirá no solo un marco legal sólido, sino también una estrategia integral que considere las realidades socioeconómicas de todos los mexicanos.