La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido con firmeza a las recientes declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien solicitó la entrega de Rubén Rocha Moya, mandatario de Sinaloa, ante señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el grupo conocido como Los Chapitos. Sheinbaum desestimó categóricamente las aseveraciones de Campos, calificándolas como “propaganda política” y una estrategia para desviar la atención.
En su conferencia matutina, la mandataria federal evitó caer en el juego de confrontación que, según ella, la gobernadora de Chihuahua buscaba. "Es propaganda política, es propaganda, y no voy a caer en un asunto de propaganda política ni en un debate con la gobernadora de Chihuahua. Cada quien que cumpla con su trabajo; ella que cumpla con el suyo y yo con el mío. Y hay una relación institucional", declaró Sheinbaum, subrayando la importancia de mantener la profesionalidad en el ejercicio público.
Las declaraciones de Maru Campos, difundidas previamente, sugerían una posible tensión entre México y Estados Unidos debido a la supuesta protección que el gobierno federal estaría brindando a Rocha Moya. Esta narrativa, sin embargo, fue rotundamente negada por la Presidenta Sheinbaum, quien aseguró que la relación bilateral con Estados Unidos se mantiene sólida y en constante trabajo, a pesar de las diferencias en materia comercial y de seguridad.
"Claro que no (hay tensión con EU). El tratado lleva su camino y hemos escuchado desde que entró el presidente Trump su visión sobre el comercio. Estados Unidos se volvió un país con proteccionismo (...) En ese marco se trabaja en la relación bilateral y trilateral para garantizar la continuidad del tratado", explicó Sheinbaum, contextualizando la relación con el vecino del norte dentro del marco del T-MEC y las dinámicas comerciales globales.
Críticas a la Protección de Funcionarios
La gobernadora Campos había acusado previamente al gobierno federal de "cobijar, abrazar y cuidar" a funcionarios de Sinaloa cuya aprehensión había sido solicitada por Estados Unidos. Estas acusaciones se enmarcan en un contexto de creciente presión internacional sobre México en materia de seguridad y combate al narcotráfico, especialmente tras las recientes revelaciones sobre la presunta implicación de altos funcionarios en redes criminales.
Campos, en un video publicado el domingo 21 de junio, enfatizó su compromiso con la soberanía nacional y su oposición a cualquier intervención militar unilateral en territorio mexicano. "Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia", afirmó, buscando posicionarse como defensora de la autonomía nacional frente a presiones externas.
El Contexto de la Seguridad y la Cooperación Internacional
La disputa verbal entre Sheinbaum y Campos se desarrolla en un escenario complejo, donde la cooperación en seguridad con Estados Unidos es un tema sensible. Las solicitudes de extradición y las investigaciones sobre presuntos nexos de funcionarios con el crimen organizado ponen a prueba la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno mexicano.
La mandataria de Chihuahua ha utilizado estas acusaciones para criticar lo que percibe como una falta de acción contundente por parte del gobierno federal, sugiriendo que la protección a ciertos funcionarios podría tener repercusiones negativas en la relación bilateral y en la percepción internacional de México.
Operativos y Misterios en Chihuahua
Paralelamente, la nota de El Financiero menciona la persistente falta de claridad sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo para localizar un narcolaboratorio en Morelos, Chihuahua. La Fiscalía General de la República ha citado a declarar a varios funcionarios y exfuncionarios en relación con este incidente, pero hasta la fecha no se han reportado avances significativos en la investigación, lo que añade una capa de opacidad a la situación de seguridad en la región.
Este caso, aún sin resolver, se suma a la compleja red de acusaciones y contraacusaciones que marcan el panorama político y de seguridad en México, donde las figuras políticas como Sheinbaum y Campos se ven envueltas en debates sobre la efectividad de las políticas públicas y la integridad de sus funcionarios.
La respuesta de Sheinbaum, al calificar las declaraciones de Campos como "propaganda", busca deslegitimar la crítica y mantener el control de la narrativa oficial. Sin embargo, la persistencia de estas acusaciones y la complejidad de los casos de seguridad sugieren que el debate sobre la gobernanza y la lucha contra el crimen organizado continuará siendo un tema central en la agenda política del país.
La estrategia de Sheinbaum de deslindarse de la confrontación directa y enfocarse en el cumplimiento de sus responsabilidades busca proyectar una imagen de estabilidad y control. No obstante, la gobernadora Campos parece decidida a mantener la presión, utilizando las acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado como un arma política para cuestionar la efectividad y la integridad del gobierno federal.
En este contexto, la relación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales se ve marcada por tensiones y acusaciones mutuas, reflejando las profundas divisiones y los desafíos que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado y en la consolidación de sus instituciones democráticas.
La postura de Sheinbaum, aunque firme en su desestimación de las acusaciones, no cierra la puerta a futuras discusiones sobre la cooperación en seguridad, pero sí establece un límite claro en cuanto a la forma y el tono de las críticas que considera aceptables dentro del marco institucional.