La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha lanzado una contundente exigencia al gobierno de Claudia Sheinbaum y a las autoridades federales: entregar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que responda ante la justicia de Estados Unidos por las graves acusaciones en su contra. Campos Galván argumenta que la protección de funcionarios señalados por vínculos con el crimen organizado por parte del gobierno de Morena atenta directamente contra la soberanía nacional y la confianza internacional de México.

En un video difundido a través de sus redes sociales, la mandataria estatal de Chihuahua no se anduvo con rodeos. Señaló que la actual tensión diplomática y de seguridad entre México y Estados Unidos es una consecuencia directa de la política de "cobijo" y "protección" que, según sus palabras, el gobierno federal morenista otorga a servidores públicos bajo escrutinio de autoridades extranjeras. "Lo que atenta más contra la soberanía de México no es un gobierno extranjero, sino la impunidad del crimen organizado", afirmó con vehemencia, marcando una clara línea de crítica hacia la administración federal.

Campos Galván fue particularmente incisiva al describir la situación. "Hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que son cobijados, abrazados y cuidados, sin que, al día de hoy, sepamos nada de ellos ni de sus casos", denunció. Añadió que mientras las fiscalías parecen enfocarse en perseguir a quienes combaten el crimen, los acusados de tener nexos con el narcotráfico permanecen intocados. "Y desde el oficialismo se le llama defender la patria", ironizó, cuestionando la narrativa oficialista.

La gobernadora de Chihuahua hizo eco de las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con posibles acciones militares contra los cárteles mexicanos y ha puesto en duda la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Si bien Campos Galván rechazó categóricamente cualquier intervención militar unilateral en territorio mexicano, subrayó que la defensa de la soberanía debe ir de la mano con el combate a la impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho.

"Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia", declaró. Sin embargo, matizó su postura: "Pero debo decir algo más, porque una defensa real de nuestra soberanía no puede ser ciega ni mucho menos irracional". Esta declaración subraya su visión de que la soberanía no es un concepto abstracto, sino una responsabilidad activa que implica hacer cumplir la ley.

La exigencia de Maru Campos pone en relieve una profunda división dentro del espectro político mexicano respecto a cómo abordar la cooperación en seguridad con Estados Unidos y la lucha contra el crimen organizado. Mientras el gobierno federal ha insistido en defender la soberanía nacional frente a lo que considera injerencismo, figuras de la oposición como Campos argumentan que esta postura puede ser utilizada para encubrir la corrupción y la complicidad de funcionarios.

En el contexto de la relación bilateral, la postura de Campos Galván resalta la fragilidad de los acuerdos y la confianza mutua. La posibilidad de que funcionarios mexicanos estén protegidos por el gobierno federal, a pesar de las acusaciones de Estados Unidos, genera un ambiente de incertidumbre que podría tener repercusiones significativas, no solo en la cooperación en materia de seguridad, sino también en la estabilidad económica, especialmente en lo referente al T-MEC, un acuerdo crucial para millones de familias mexicanas.

La mandataria chihuahuense instó a las autoridades federales a realizar investigaciones públicas y transparentes sobre los funcionarios señalados. Advirtió que la negativa a procesarlos podría acarrear consecuencias graves para el país, incluyendo un deterioro aún mayor de la relación con Estados Unidos y potenciales afectaciones al acuerdo comercial trilateral. "Que no sacrifique a un país entero por poner a su partido por encima de la ley", sentenció, dirigiendo una clara acusación de priorización política sobre el interés nacional.

Este llamado de atención por parte de Maru Campos se suma a las crecientes voces críticas que cuestionan la estrategia de seguridad del gobierno de Morena y su manejo de las relaciones internacionales. La gobernadora de Chihuahua, al posicionarse firmemente contra la impunidad y a favor de la rendición de cuentas, busca no solo defender la soberanía, sino también proyectar una imagen de liderazgo firme y comprometido con el Estado de derecho, en contraste con lo que percibe como una debilidad o complicidad del gobierno federal.

La situación de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se convierte así en un punto focal de la disputa política. Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señalan presuntos vínculos con el crimen organizado, han puesto al mandatario sinaloense en el centro de un debate nacional e internacional. La postura de Maru Campos exige una respuesta clara y contundente por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, que deberá decidir si prioriza la defensa de sus funcionarios o la cooperación internacional y la lucha contra la impunidad.

En el fondo, la declaración de Maru Campos es un llamado a la acción para que el gobierno mexicano no utilice el concepto de soberanía como un escudo para proteger a individuos presuntamente involucrados en actividades ilícitas. Su argumento es que la verdadera defensa de México reside en la aplicación rigurosa de la ley y en la transparencia, pilares fundamentales para mantener la confianza tanto de sus ciudadanos como de sus socios internacionales. La pelota está ahora en la cancha del gobierno federal, que enfrenta la presión de una de las gobernadoras más prominentes de la oposición.

El debate sobre la soberanía y la impunidad se intensifica, y la postura de Maru Campos resalta la complejidad de la gobernanza en México, especialmente en un contexto de alta criminalidad y presiones internacionales. Su exigencia de entregar a Rocha Moya no es solo una petición política, sino un pronunciamiento sobre los valores que deben regir la acción gubernamental y la defensa del Estado de derecho en el país.

La mandataria de Chihuahua, al alzar la voz, no solo busca presionar al gobierno federal, sino también consolidar su imagen como una figura política que prioriza la legalidad y la integridad, incluso cuando esto implica confrontar directamente a la administración en turno y a figuras de su propio partido. Su discurso resuena con aquellos que exigen mayor transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, y plantea un desafío directo a la narrativa oficialista sobre la defensa de la patria.

Finalmente, la intervención de Maru Campos subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, pero siempre dentro del marco del respeto a la ley y la soberanía. Su llamado a la acción es un recordatorio de que la verdadera fortaleza de una nación reside en su capacidad para hacer justicia y garantizar el Estado de derecho, tanto para sus ciudadanos como para la comunidad internacional.