Rubén Rocha Moya, gobernador sinaloense con licencia, y Enrique Inzunza, senador morenista, acudieron este martes a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Culiacán para rendir declaración como testigos. Ambos figuran entre diez funcionarios y exfuncionarios que Washington reclama en extradición por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y operaciones de narcotráfico.
Las comparecencias duraron no más de treinta minutos por persona. La dependencia que dirige Ernestina Godoy investiga si existen pruebas "claras, contundentes e irrefutables" que sustenten las acusaciones estadounidenses, luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum se negara a detener a los señalados sin evidencia sólida. La presidenta criticó públicamente que Estados Unidos no aportó documentación suficiente y ordenó a la FGR abrir indagatoria propia antes de acceder a cualquier arresto.
Entre los citados también declararon Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde culiacanense con licencia; Dámaso Castro, fiscal adjunto apartado del cargo, y cuatro exjefes de corporaciones policiales estatales y municipales. Dos de los diez requeridos —el general Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega— ya se entregaron voluntariamente a tribunales neoyorquinos en días previos, decisión que levantó suspicacias sobre la solidez de su defensa.
Rocha Moya llegó en camioneta blindada y escoltado, pero evitó a la prensa. En redes sociales aseguró que confía en "el sistema judicial mexicano" y en las instituciones "que la cuarta transformación ha venido saneando". Elogió a Sheinbaum por defender "con inteligencia y profundo patriotismo" la soberanía nacional frente a "cualquier intento de mancillarla". Inzunza, por su parte, reiteró que actuará como su propio abogado y que no renunciará al fuero constitucional, aunque tampoco lo invocará para evadir el proceso.
La solicitud de extradición urgente partió del Departamento de Justicia estadounidense, que acusa a la red de haber facilitado operaciones del brazo armado conocido como Los Chapitos. Sin embargo, hasta el momento la FGR no ha hecho pública ninguna prueba documental ni testimonial que respalde los cargos. El resto de los comparecientes negó cualquier relación con estructuras criminales y pidió esperar el desahogo completo de la investigación.
La defensa cerrada que tanto Rocha Moya como Inzunza hacen del "Estado de derecho" morenista contrasta con la premura con que dos de sus coacusados optaron por enfrentar cortes extranjeras. Mientras la Fiscalía promete actuar con base en pruebas, la opacidad del expediente y la brevedad de las diligencias alimentan dudas sobre la profundidad real del escrutinio que el oficialismo está dispuesto a ejercer sobre sus propias filas.