La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo encargado de regular y supervisar a las instituciones financieras en México, se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse un presunto "dudoso negocito" orquestado bajo la nueva administración de Ángel Cabrera. Tras la salida de Leonardo de la Fuente, se esperaba una mejora en la credibilidad de la institución, pero las primeras acciones de Cabrera parecen haber perpetuado prácticas cuestionables, aprendiendo las mañas de su predecesor.
El primer movimiento de Cabrera al frente de la CNBV fue la renegociación del contrato de outsourcing, dejando a más de 300 empleados con 47 perfiles distintos sin trabajo por casi un mes. Estos trabajadores, con salarios que oscilan entre los 10,000 y 50,000 pesos, vieron interrumpida su relación laboral en medio de un proceso que, según las denuncias, se realizó de manera poco transparente.
Tras una supuesta licitación con un tope anual de 88 millones de pesos, una empresa de reciente aparición, Jookiba, S.A. de C.V., se alzó con el contrato. Lo llamativo es que esta compañía, fundada en 2019, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tiene su domicilio fiscal en Culiacán, Sinaloa, un estado que ha sido señalado por su problemática situación de inseguridad y presuntos vínculos con el crimen organizado.
La elección de una empresa sinaloense para un contrato millonario en un organismo federal clave ha generado fuertes cuestionamientos. Sinaloa, bajo el mandato del gobernador morenista Rubén Rocha Moya, ha enfrentado serios señalamientos. La senadora priista Paloma Sánchez ha documentado cifras alarmantes: 176 homicidios, 90 desaparecidos y 447 vehículos robados desde que Rocha Moya solicitó licencia, acusado por Estados Unidos de ser un "narcogobierno". La presidenta de Coparmex en el estado, Martha Reyes, ha reportado una disminución significativa de empresas y empleos, además de un clima de miedo generalizado entre la ciudadanía culichi.
La situación de inseguridad en Sinaloa se agrava con casos como el de la diputada local Paola Gárate, quien fue amenazada de muerte por el Cártel de Sinaloa y recibió una corona fúnebre en su domicilio. A pesar de solicitar protección, la Guardia Nacional solo le brindará seguridad en horario laboral, dejando entrever una preocupante falta de garantías para quienes denuncian o se oponen al crimen organizado.
Volviendo a Jookiba, la empresa, a pesar de figurar en listas como "Great Place to Work", presenta irregularidades en su operación. Se reporta que tardó en formalizar contratos, obligó a los empleados a firmar documentos extensos y caóticos, y carece de un software interno para el registro de asistencia, recurriendo a una aplicación externa. Además, los trabajadores de la CNBV han tenido que asumir tareas de llenado de formatos, y los pagos de nómina sufren constantes retrasos.
El aspecto más alarmante de este contrato es la promoción de préstamos y anticipos de nómina por parte de Jookiba a los empleados de la CNBV. Estos créditos, que van de los 4,000 a los 30,000 pesos con plazos de hasta tres meses, y anticipos de 2,000 a 10,000 pesos con una tasa del 10%, son ofrecidos por una entidad que, según las denuncias, "no es una empresa financiera". Esto representa un grave conflicto de interés y un riesgo de sobreendeudamiento para los trabajadores, además de ser una práctica que ha sido eliminada en otros ámbitos por su potencial de abuso.
El "colmo de los colmos", como lo describe la fuente, es que la CNBV, el ente regulador, promueva préstamos de una institución no financiera y no regulada. Se sospecha que este "negocito" podría estar orquestado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o la Subsecretaría de Hacienda, dado que Jookiba ha trabajado previamente con otras entidades gubernamentales como Bancomext, Banobras, y el IMSS.
Las preguntas apuntan a figuras clave dentro de la administración pública. ¿Quién está detrás de este esquema? ¿Podría ser Mari Carmen Bonilla "La Inmaculada" o Edgar Amador, cuyo nombre suena para una posible salida? ¿O acaso Ángel Cabrera busca "irse con la cartera llena"? La columna sugiere que estas prácticas podrían estar vinculadas a la protección que Cabrera y sus superiores han brindado a Oliver Fernández de Crédito Maestro, y sus proyectos en Kubo Financiero y Klu, con la mira puesta en la adquisición de un banco.
Se hace un llamado directo a la Secretaria de Hacienda, Raquel Buenrostro, para que explique la permanencia de Francisco Moreno, quien ya ha causado "daño al erario y a la institución" con contrataciones previas como la de Microsoft. Asimismo, se exige una explicación sobre por qué se permite que Ángel Cabrera, un funcionario que presuntamente no cumple con el perfil ni los requisitos para su cargo, continúe al frente de la CNBV realizando este tipo de operaciones.
Este escándalo pone en evidencia la fragilidad de los controles internos en organismos clave del gobierno federal y la persistencia de prácticas que benefician a unos pocos a costa del erario y la seguridad financiera de los trabajadores. La opacidad en los procesos de licitación y la contratación de empresas con antecedentes cuestionables, sumado a la promoción de servicios financieros no regulados, pintan un panorama sombrío para la CNBV y la confianza pública en las instituciones.
La situación en Sinaloa, marcada por la inseguridad y la presunta influencia del crimen organizado en la política, añade una capa de gravedad a la contratación de Jookiba. La conexión entre el poder político y el sector financiero, especialmente cuando involucra a empresas con domicilio en zonas de alta incidencia delictiva, exige una investigación exhaustiva y transparente para deslindar responsabilidades y evitar que estos "negocitos" se repitan.
La falta de supervisión adecuada y la posible colusión de funcionarios de alto nivel podrían estar permitiendo que empresas como Jookiba operen al margen de la ley, aprovechándose de la necesidad de los trabajadores y de la debilidad institucional. La CNBV, en lugar de ser un garante de la estabilidad financiera, parece haberse convertido en un terreno fértil para operaciones dudosas que erosionan la confianza y el patrimonio público.
En resumen, el caso Jookiba en la CNBV es un reflejo de problemas estructurales en la administración pública mexicana: falta de transparencia, posibles actos de corrupción, y la persistencia de prácticas cuestionables que benefician a redes de poder. La actuación de Ángel Cabrera y la posible implicación de figuras de la SHCP y del gobierno de Sinaloa demandan una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes y una vigilancia constante por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación.