La turbulencia política que sacude a Paraguay ha encendido las alarmas de la agencia calificadora S&P Global Ratings, la cual advierte sobre un posible impacto negativo en la confianza de los inversionistas en el corto plazo. A pesar de esta preocupación, la firma no anticipa consecuencias inmediatas para la calificación crediticia del país sudamericano y mantiene sus proyecciones de crecimiento económico.

Transición Presidencial y Escenario Económico

Según las estimaciones de S&P, se espera que el vicepresidente Pedro Alliana asuma formalmente la presidencia tras la conclusión del juicio político. Alliana permanecería en el cargo hasta agosto de 2028, completando así el mandato del gobierno actual. La agencia calificadora considera que, si bien los recientes acontecimientos podrían generar una cautela temporal entre los inversores, el crecimiento económico de Paraguay se mantendrá resiliente.

Las proyecciones de S&P sitúan el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) paraguayo en un robusto 4.8% para el año 2026. Para los años subsiguientes, 2027 y 2028, la agencia pronostica una tasa de crecimiento del 3.5%. Este escenario se basa en la expectativa de que la administración de Alliana adoptará un enfoque pragmático en la gestión económica, manteniendo la estabilidad y la previsibilidad en las políticas macroeconómicas.

Calificación Crediticia y Gobernanza

Paraguay ostenta actualmente una calificación crediticia de BBB- con perspectiva estable, según S&P. Esta calificación toma en cuenta factores como la evolución de sus instituciones políticas, la existencia de contrapesos limitados y una gobernanza que, comparativamente, se considera débil. No obstante, S&P destaca que existe un consenso generalizado en el país respecto a la dirección macroeconómica, lo cual ha sido fundamental para otorgar previsibilidad a las políticas implementadas y para fortalecer el crecimiento económico.

Desafíos Fiscales y Bancarios

Uno de los principales riesgos identificados por S&P ante el cambio de gobierno es la posible ralentización en la corrección de las finanzas públicas. Paraguay ya había anunciado en agosto una nueva meta fiscal, que incluía la cobertura de obligaciones pendientes con proveedores, y había pospuesto hasta 2028 el cumplimiento estricto de la Ley de Responsabilidad Fiscal. La agencia advierte que la dinámica política podría dificultar la capacidad del gobierno para controlar el gasto público.

A estas presiones se suma el potencial costo fiscal derivado de la atención a los depósitos no cubiertos en Ueno Bank, que incluyen fondos del sector público. A pesar de estas contingencias, S&P considera, en una evaluación inicial, que la desviación respecto a su escenario fiscal sería limitada y que la carga de deuda del país se mantendría en niveles moderados, por debajo de la media de economías comparables.

En cuanto al sistema bancario, S&P no prevé que los eventos recientes desencadenen debilidades crediticias generalizadas. La agencia espera que el impacto sobre la confianza de los depositantes se mantenga contenido, recordando que aproximadamente el 97% de los depositantes en Ueno Bank se beneficiarían de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos. El proceso de devolución de ahorros cubiertos ya ha comenzado tras la aprobación legislativa para acelerar dicho procedimiento.

Monitoreo Continuo y Factores de Riesgo

S&P Global Ratings ha anunciado que continuará evaluando de cerca las consecuencias de la crisis política en Paraguay. La agencia subraya que un incremento en la incertidumbre política o un deterioro significativo en la confianza hacia las instituciones serían factores negativos para su evaluación. Estos elementos podrían afectar negativamente las expectativas de crecimiento económico y debilitar la posición fiscal, externa o monetaria del país, lo que eventualmente podría repercutir en su calificación crediticia.

La estabilidad económica y la confianza de los inversores son pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación. En el caso de Paraguay, la superación de esta crisis política y la consolidación de un marco institucional sólido serán cruciales para mantener el atractivo del país para la inversión extranjera y asegurar la continuidad de su crecimiento económico.