Una tormenta financiera azota Paraguay. Miles de ciudadanos han tomado las calles en una furiosa protesta, exigiendo la cabeza del presidente Santiago Peña, luego de que el Banco Central de la República del Paraguay (BCP) se viera obligado a congelar las operaciones de Ueno Bank, la sexta institución financiera más grande del país. La medida, justificada por falta de solvencia, ha dejado a aproximadamente el 60 por ciento de la población adulta sin acceso a sus ahorros y fondos de pensiones, sumiendo al país en una profunda incertidumbre.
Ueno Bank, que inició sus operaciones bancarias en diciembre de 2023, había logrado una expansión vertiginosa, acumulando más de 2.9 millones de clientes y captando depósitos por un valor de 17 billones de guaraníes, equivalentes a unos 2.8 mil millones de dólares. Entre los fondos depositados se encuentran cerca de 355 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), una cifra que agrava la preocupación por la estabilidad financiera de los ciudadanos.
En un intento por contener la crisis y restaurar la confianza, el presidente Peña ha realizado movimientos significativos en la cúpula del Banco Central. Ha nombrado al economista Raúl Vera Bogado, un profesional con una vasta experiencia en el sector financiero, para asumir la dirección del BCP. Bogado reemplaza a Carlos Carvallo, quien dimitió el martes tras la intervención de Ueno Bank SA por parte de la autoridad monetaria.
Además, Peña ha propuesto a Pedro Acosta y Edsel González para completar el directorio de cinco miembros del Banco Central. Estos nombramientos, sin embargo, están sujetos a la ratificación del Senado, lo que añade un elemento de incertidumbre política a la gestión de la crisis.
El presidente Peña ha intentado calmar los ánimos, asegurando en un video difundido en redes sociales que "el sistema financiero es sólido y cuenta con instituciones y mecanismos de protección". Añadió que "quienes sean responsables de irregularidades deben responder ante la justicia y ya lo están haciendo", en una aparente referencia a las investigaciones en curso.
La situación de Ueno Bank se torna aún más compleja al considerar su reciente trayectoria. En marzo, en medio de un clima de optimismo para los inversionistas tras la obtención de su segunda calificación de grado de inversión, Ueno Bank logró recaudar 350 millones de dólares mediante una emisión récord de bonos corporativos. Incluso, el banco húngaro OTP Bank Plc figuraba como un accionista minoritario de su sociedad controladora, lo que sugería una estructura financiera robusta.
Sin embargo, las sombras de duda comenzaron a cernirse sobre Ueno Bank desde principios de septiembre. El diario local ABC comenzó a publicar documentos y correspondencia del Banco Central que apuntaban a posibles irregularidades en los préstamos otorgados a empresas vinculadas con el accionista mayoritario, el conglomerado paraguayo Grupo Vázquez. Esta revelación desencadenó una investigación administrativa por parte del BCP a finales de ese mes.
La supervisión más estricta, implementada durante el fin de semana, permitió detectar las deficiencias de solvencia que finalmente llevaron a la intervención de la entidad, según explicó la gobernadora interina del BCP, Liana Caballero, en una entrevista televisiva. La intervención, aunque necesaria para intentar salvaguardar los activos, ha generado pánico entre los depositantes.
La Crisis Bancaria Desata una Tormenta Política
Este escándalo representa un desafío mayúsculo para la administración de Santiago Peña y el Partido Colorado, que ostenta el control de ambas cámaras del Congreso. En los últimos meses, Peña había desestimado las crecientes preocupaciones sobre Ueno Bank, llegando a criticar la cobertura mediática por considerarla generadora de temor infundado. Ahora, legisladores de la oposición han elevado la apuesta, solicitando la destitución del presidente mediante un juicio político.
La conexión de Peña con Ueno Bank se remonta a su etapa como inversionista en la sociedad controladora, aunque afirma haber vendido su participación en marzo de 2025. Lo que resulta innegable es el incremento sustancial de los depósitos del gobierno en Ueno Bank desde que asumió la presidencia en 2023, alcanzando aproximadamente 5 billones de guaraníes al cierre de junio, lo que representaba el 29 por ciento del total de los depósitos de la entidad. Esta concentración de fondos gubernamentales en una institución ahora intervenida añade una capa de complejidad y cuestionamiento a la gestión financiera del gobierno.
Las repercusiones del colapso de Ueno Bank trascienden la figura del propio presidente Peña, quien, según la Constitución paraguaya, no puede buscar la reelección. José Tomás Sánchez, profesor de teoría política de la Universidad Nacional de Asunción, señala que el verdadero capital político en juego no es tanto el del mandatario, sino el de la facción de su partido gobernante y su capacidad para presentar un candidato competitivo en las próximas elecciones.
La crisis bancaria pone en jaque la estabilidad económica y política de Paraguay, obligando al gobierno a tomar medidas drásticas para intentar mitigar el daño y restaurar la confianza en un sistema financiero que, hasta hace poco, gozaba de una aparente solidez. El futuro inmediato del país dependerá de la efectividad de las acciones que se tomen para resolver esta crisis y de la capacidad del gobierno para sortear la creciente presión política.
En el contexto económico, la intervención de Ueno Bank podría tener efectos dominó en el sistema financiero paraguayo. La pérdida de confianza de los depositantes podría llevar a retiros masivos en otras instituciones, generando una crisis de liquidez generalizada. Además, la afectación a fondos de pensiones y ahorros personales podría tener un impacto negativo en el consumo y la inversión, frenando el crecimiento económico del país.
Históricamente, Paraguay ha enfrentado desafíos económicos y políticos, pero la magnitud de esta crisis bancaria, que afecta a una porción tan significativa de la población adulta, la sitúa como uno de los eventos más críticos de las últimas décadas. La respuesta del gobierno y la resiliencia de la sociedad paraguaya serán puestas a prueba en los próximos meses.
Analistas señalan que la falta de una supervisión financiera más rigurosa y oportuna pudo haber contribuido a la acumulación de irregularidades en Ueno Bank. La investigación sobre las posibles responsabilidades y la aplicación de sanciones ejemplares serán cruciales para sentar un precedente y evitar futuras crisis de esta naturaleza.
La situación actual exige transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. La ciudadanía paraguaya espera respuestas claras y soluciones efectivas que garanticen la protección de sus ahorros y la estabilidad del sistema financiero nacional. La gestión de esta crisis definirá, en gran medida, el legado de la administración Peña y la confianza en las instituciones democráticas del país.