La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado el Paquete Económico 2027, una estrategia ambiciosa para dinamizar la recaudación fiscal sin recurrir a la creación de nuevos gravámenes. La meta es clara: alcanzar 8.2 billones de pesos en ingresos tributarios, lo que significaría un incremento real del 3.9% respecto a lo proyectado para 2026 y representaría el 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB). La estrategia se centra en dos pilares fundamentales: endurecer las reglas para las deducciones fiscales de las empresas y fomentar la formalidad mediante la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
Frenar la Planeación Fiscal Agresiva
En un esfuerzo continuo por combatir la evasión y elusión fiscal, y en línea con la lucha contra las empresas facturadoras de operaciones simuladas que se ha intensificado desde 2014 y fortalecido en 2026, Hacienda propone un nuevo mecanismo estandarizado para las personas morales. Este mecanismo, aplicable a contribuyentes del régimen general con ingresos superiores a 50 millones de pesos, impondrá límites a las deducciones autorizadas y a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. El objetivo es claro: evitar que las empresas utilicen esquemas de planeación fiscal agresiva para reducir artificialmente su carga tributaria.
La iniciativa busca estandarizar las deducciones y pérdidas fiscales, poniendo un freno a prácticas que distorsionan la competencia y la equidad tributaria. Históricamente, la fiscalización ha sido un desafío constante para las autoridades hacendarias, y las empresas facturadoras han representado un dolor de cabeza recurrente. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha estado activo en esta lucha, publicando miles de avisos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre empresas que emiten comprobantes por operaciones inexistentes y bloqueando un número considerable de sellos digitales. La propuesta de 2027 busca consolidar estos esfuerzos con reglas más claras y estrictas.
Existen excepciones importantes a esta nueva regulación, diseñadas para no afectar a sectores o empresas en etapas críticas de desarrollo. Los regímenes de Coordinados, AGAPES (Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca), maquiladoras, empresas en concurso mercantil o quiebra, aseguradoras y aquellas en sus primeros años de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) estarán exentas de estas nuevas restricciones. La intención es permitir que estas entidades consoliden su crecimiento sin cargas fiscales excesivas en sus fases iniciales.
Además de los límites a las deducciones generales, se contempla una reducción en el tope de deducción de intereses netos, que pasará del 30% al 20% de la utilidad fiscal. Esta medida busca desincentivar el endeudamiento excesivo como estrategia de optimización fiscal. Asimismo, se establece que los pagos realizados al extranjero solo serán deducibles en el ejercicio fiscal en el que se efectúe el pago y se cumpla con la retención correspondiente, lo que agiliza el proceso de fiscalización y asegura el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.
La deducción por el pago de servicios o el uso temporal de bienes también sufrirá modificaciones, siendo deducible únicamente en el ejercicio en que efectivamente se preste el servicio o transcurra el periodo contratado. Finalmente, se propone eliminar el diferimiento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para grupos corporativos, lo que significa que los ingresos y gastos se reconocerán de manera más inmediata, fortaleciendo la transparencia y la equidad en la tributación de estos conglomerados.
Impulso a la Formalidad: Más Negocios al RESICO
Paralelamente a las medidas restrictivas para grandes empresas, Hacienda busca activamente integrar a micro y pequeños negocios a la economía formal a través de la expansión del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). El objetivo es claro: ampliar la base de contribuyentes y facilitar la transición de negocios informales a un esquema fiscal más accesible y sencillo.
Para las personas físicas, el límite de ingresos anuales para tributar bajo el RESICO se elevará de 3.5 a 5 millones de pesos. Esta ampliación permitirá que un mayor número de pequeños empresarios, como dueños de talleres, tiendas de abarrotes y comerciantes, puedan beneficiarse de este régimen. Adicionalmente, se elimina la prohibición de reingreso al RESICO por incumplimientos formales, lo que significa que aquellos que hayan salido del régimen por alguna falta administrativa podrán regresar una vez regularizada su situación.
En el caso de las personas morales, el límite de ingresos para acceder al RESICO se incrementará de 35 a 50 millones de pesos. Este régimen se convertirá en una opción, y se permitirá el reingreso en ejercicios posteriores si se vuelven a cumplir los parámetros de ingresos. Para este sector, también se contemplan mejoras en las tasas de deducción de activos, acelerando los porcentajes máximos de deducción anual de estos bienes, lo que podría incentivar la inversión en capital fijo.
Un beneficio adicional se extiende al sector primario. El monto de ingresos exentos del pago de ISR para personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras se elevará de 900,000 a un millón de pesos. Esta medida busca apoyar a uno de los sectores fundamentales de la economía mexicana y reconocer su contribución al país.
Fiscalización de la Economía Digital y el Sector Financiero
Hacienda también pone la mira en la economía digital. Las plataformas tecnológicas deberán retener una tasa fija del 2.5% de ISR a las personas morales que vendan bienes o presten servicios a través de ellas. En caso de que estas últimas no proporcionen su RFC, la retención se elevará al 20%. Esta medida busca asegurar que los ingresos generados en el entorno digital sean debidamente fiscalizados.
Además, se obliga a las plataformas a retener el 100% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a residentes en el extranjero que no tengan establecimiento en México. Esta disposición busca evitar la evasión del IVA en transacciones transfronterizas. Es importante destacar que los repartidores o conductores de plataformas digitales continuarán tributando bajo el régimen de actividades empresariales o servicios independientes, manteniendo su esquema fiscal actual.
Finalmente, la propuesta para 2027 contempla la continuidad de los programas de repatriación de capitales y regularización fiscal. Se ofrecerá un beneficio para retornar recursos mantenidos en el extranjero mediante el pago de un 7.5% de ISR, sin deducciones. Este beneficio estará condicionado a que los fondos permanezcan invertidos en México por al menos tres años, incentivando así la reinversión de capitales en el país y fortaleciendo la economía nacional.
El titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, enfatizó que estas modificaciones buscan fortalecer la equidad tributaria, asegurando que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica y cerrando el paso a la elusión y evasión fiscal. La estrategia integral del Paquete Económico 2027 promete una recaudación más robusta y una economía más formalizada, sin imponer cargas fiscales adicionales a los ciudadanos.