La justicia parece asomar la cabeza en Tabasco, aunque sea con una lentitud exasperante. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha solicitado una pena de 154 años de prisión contra Hernán Bermúdez, otrora Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, en un proceso que pone al descubierto las cloacas de la administración morenista en la entidad.

La audiencia intermedia, celebrada este lunes, fue el escenario donde el Ministerio Público desgranó las pruebas contundentes que sustentan la acusación contra Bermúdez, un personaje señalado por su presunto liderazgo en el grupo criminal conocido como ‘La Barredora’. La solicitud de pena máxima, que prácticamente lo condena a pasar el resto de su vida tras las rejas, es un golpe demoledor a la narrativa de seguridad que el partido en el poder intenta vender.

El Peso de la Ley: 154 Años de Carga Criminal

La Fiscalía ha sido implacable. Para el delito de secuestro agravado, se piden 100 años de prisión, además de una reparación del daño que asciende a 16 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) y una inhabilitación de 10 años para ejercer cualquier cargo público. Esto, sin contar los 24 años solicitados por asociación delictuosa y otros 30 años por extorsión agravada.

Pero la sed de justicia no se detiene ahí. La FGE también exige una reparación del daño por la escalofriante suma de 628 millones 725 mil pesos a favor de un empresario gasolinero que habría sido víctima de estos delitos. A esto se suman 32 mil pesos adicionales por concepto de atención y daños psicológicos derivados del secuestro, evidenciando el profundo calvario sufrido por las víctimas.

La audiencia, que debió celebrarse el pasado 1 de junio, fue pospuesta a petición de la defensa de Bermúdez, quien argumentó la necesidad de revisar el voluminoso expediente. Sin embargo, la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, que incluyen 40 carpetas de investigación, parece haber sellado el destino del exfuncionario.

El Nexo con el Poder: Un Legado de Violencia y Corrupción

Hernán Bermúdez no fue un funcionario cualquiera. Su paso por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la administración del exgobernador Adán Augusto López Hernández y el interinato de Carlos Manuel Merino Campos, estuvo marcado por un alarmante repunte de la violencia y la disputa territorial entre ‘La Barredora’ y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su gestión, que abarcó de 2019 a enero de 2024, se convirtió en sinónimo de impunidad y complicidad con el crimen organizado. La detención de Bermúdez en Paraguay el 12 de septiembre de 2025, y su posterior expulsión a México, solo confirmó lo que muchos sospechaban: que las estructuras de seguridad bajo el mando de Morena estaban infiltradas hasta la médula por la delincuencia.

A su llegada a territorio mexicano, Bermúdez enfrentó órdenes de aprehensión por extorsión agravada, secuestro agravado y asociación delictuosa. Pero el rosario de delitos no termina ahí. En abril de este año, fue vinculado a proceso por desaparición forzada y peculado, delitos que podrían sumarle aún más años a su ya considerable condena.

La Sombra de la FGR y la UIF: Un Laberinto Legal

La red de complicidades de Hernán Bermúdez se extiende hasta el ámbito federal. La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, la cual aún no ha sido cumplimentada debido a un amparo promovido por su defensa. Este entramado legal, orquestado para proteger a los suyos, es una muestra clara de la impunidad que Morena fomenta.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a Bermúdez en la lista de personas bloqueadas por presuntas operaciones financieras irregulares, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal. A pesar de sus esfuerzos legales por recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, sus recursos han sido sistemáticamente rechazados, evidenciando la solidez de las pruebas en su contra.

Incluso, Bermúdez ha buscado amparo ante una posible extradición a Estados Unidos, una maniobra que las autoridades mexicanas han negado, pero que subraya el alcance internacional de sus actividades ilícitas y la desesperación por evadir la justicia.

El Fracaso de la 4T en Materia de Seguridad

El caso de Hernán Bermúdez es un espejo del fracaso rotundo de la Cuarta Transformación en materia de seguridad. Lejos de pacificar al país, la política de abrazos y no de balazos ha permitido que el crimen organizado florezca y se infiltre en las estructuras gubernamentales.

La solicitud de 154 años de prisión contra un exsecretario de seguridad es una confesión implícita de que el proyecto de nación de Morena está podrido desde sus cimientos. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos otros Hernán Bermúdez operan impunemente bajo el amparo del partido guinda?

Este escándalo no solo salpica a Bermúdez, sino que pone en entredicho la integridad de quienes lo nombraron y protegieron. La sombra de la corrupción y la complicidad con el crimen organizado se cierne sobre la administración de Morena en Tabasco, y este caso es solo la punta del iceberg de una podredumbre que urge extirpar.