El gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum perfilada para la sucesión, ha desatado una ola de operativos contra movimientos sociales que recuerda los peores episodios de la represión estatal en México. Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha lanzado una grave acusación: los recientes "operativos" contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), colectivos de familiares de personas desaparecidas, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y, de manera particular, contra los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, no son sino una "estrategia de contrainsurgencia".

Esta contundente afirmación sitúa las acciones del actual régimen en una línea histórica de autoritarismo, equiparándolas directamente con el "uso de la fuerza" que caracterizó la era de Gustavo Díaz Ordaz, especialmente durante la brutal represión del movimiento estudiantil de 1968. La comparación no es menor: evoca un pasado de violencia estatal y silenciamiento de la disidencia, un fantasma que muchos creían desterrado de la política mexicana.

El Fantasma de la Contrainsurgencia

Barrera Hernández no se anda con rodeos. Al calificar los operativos como "contrainsurgencia", sugiere que el gobierno no solo está respondiendo a demandas sociales, sino que las está tratando como una amenaza a la seguridad nacional, justificando así el uso de tácticas de mano dura. Esta perspectiva es particularmente alarmante dado el contexto de inseguridad y violencia que azota al país, donde la línea entre la acción legítima del Estado y la represión de la protesta se vuelve peligrosamente delgada.

La CNTE, un sindicato magisterial combativo y con una larga historia de movilizaciones, ha sido uno de los blancos recurrentes de estas acciones. Los operativos contra sus miembros y sus actividades buscan, según la perspectiva crítica, desarticular su capacidad de organización y protesta, debilitando así uno de los contrapesos sociales más importantes frente al poder establecido. La estrategia, de ser cierta, busca aislar y neutralizar a los movimientos sociales, presentándolos como focos de inestabilidad.

Buscadoras y Madres de Desaparecidos: ¿Enemigos del Estado?

Quizás lo más indignante de la denuncia es la inclusión de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en esta supuesta "estrategia de contrainsurgencia". Estos grupos, que han dedicado años a buscar a sus seres queridos y a exigir justicia ante la inacción y, en muchos casos, la complicidad de las autoridades, son ahora señalados implícitamente como objetivos de una política de "seguridad" que parece priorizar el control sobre la verdad y la justicia.

La normal de Ayotzinapa, un símbolo de la resistencia estudiantil y social en México, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Los operativos contra sus alumnos y las acciones dirigidas a criminalizar o disuadir sus protestas son un golpe directo a la memoria histórica y a la lucha por la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes en 2014, un caso que ha marcado profundamente la administración de López Obrador y que sigue sin resolverse satisfactoriamente.

La Redición del Uso de la Fuerza

La referencia a Gustavo Díaz Ordaz y la represión de 1968 no es casual. El "gobierno de izquierda" que prometió Andrés Manuel López Obrador ha sido acusado repetidamente de replicar, en muchos aspectos, las prácticas autoritarias de los regímenes anteriores que decía combatir. La criminalización de la protesta, la militarización de la seguridad pública y la falta de resultados contundentes en la erradicación de la violencia y la impunidad son señalamientos que resuenan con fuerza.

La "redición del uso de la fuerza" implica que las tácticas represivas, que se creían superadas, están siendo reactivadas. Esto genera un clima de temor y desconfianza entre la ciudadanía y los movimientos sociales, quienes ven amenazado su derecho a la manifestación y a la exigencia de derechos. La narrativa oficial, que a menudo presenta a los activistas como "conservadores" o "provocadores", parece encajar perfectamente con una estrategia de deslegitimación y posterior represión.

Implicaciones Políticas y Sociales

Las declaraciones de Abel Barrera Hernández tienen profundas implicaciones políticas. Si la estrategia de "contrainsurgencia" es real, estaríamos ante una política deliberada del gobierno de Morena para silenciar la disidencia y consolidar su poder a través de la intimidación. Esto contradice frontalmente los principios democráticos y los ideales de justicia social que el propio presidente López Obrador ha enarbolado.

La respuesta de la sociedad civil organizada y de los organismos defensores de derechos humanos será crucial. La denuncia del Tlachinollan pone sobre la mesa la necesidad de una vigilancia constante y de una defensa férrea de los derechos de manifestación y protesta. La comunidad internacional, que ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos en México, también estará atenta a estas graves acusaciones.

¿Qué Sigue para la CNTE y los Movimientos Sociales?

Ante este panorama, la CNTE y los colectivos de buscadoras y familiares de desaparecidos enfrentan un desafío mayúsculo. La estrategia denunciada busca aislarlos y debilitarlos. Sin embargo, la historia ha demostrado que la unidad y la persistencia en la exigencia de justicia pueden ser herramientas poderosas contra la represión.

La denuncia pública es el primer paso. Ahora, será fundamental articular respuestas colectivas, visibilizar las acciones represivas y mantener la presión sobre el gobierno para que cese estas prácticas y, en cambio, garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad y la justicia para todas las víctimas.

La administración de López Obrador se encuentra en su recta final, y las acusaciones de "contrainsurgencia" y "redición del uso de la fuerza" empañan aún más su legado en materia de derechos humanos. La sombra de Gustavo Díaz Ordaz parece cernirse sobre un gobierno que, en lugar de abrirse al diálogo y la justicia, opta por la confrontación y la represión contra quienes buscan un México más justo y libre.

El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, con su larga trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos en Guerrero, se erige una vez más como una voz crítica y necesaria. Su denuncia debe ser escuchada y atendida, no solo por las autoridades, sino por toda la sociedad mexicana que anhela un futuro sin miedo y sin la sombra de la represión estatal.