El Congreso de Estados Unidos, bajo el liderazgo de los republicanos en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha iniciado una investigación formal sobre una controvertida estrategia de la Administración de Control de Drogas (DEA) que, según las acusaciones, habría permitido la circulación de grandes cantidades de fentanilo en territorio estadounidense.

El congresista James Comer, presidente de la comisión, dirigió una carta al secretario de Justicia, Todd Blanche, solicitando acceso a registros que detallen la política de la DEA de vigilar, pero no incautar, cargamentos de esta potente droga sintética. La medida busca esclarecer si esta táctica, implementada para fortalecer casos antidrogas de mayor envergadura, ha violado normativas del Departamento de Justicia y ha contribuido a la crisis de salud pública que azota al país.

Las preocupaciones planteadas por el Congreso resuenan con las advertencias emitidas por funcionarios de Nuevo México, estado que se ha convertido en el epicentro de la epidemia de fentanilo. Informantes de la DEA han revelado que se les habría instruido a no intervenir en la incautación de cientos de miles de pastillas de fentanilo, una práctica que, de confirmarse, podría constituir una grave violación a las directrices destinadas a proteger a las comunidades.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ha dado un paso adicional al interponer una demanda contra el Departamento de Justicia. Su objetivo es forzar la entrega de los mismos registros que la comisión de Comer está solicitando, en un esfuerzo por obtener transparencia sobre las operaciones de la DEA.

“Si bien los agentes de la DEA quizá no tengan los recursos para interceptar cada envío conocido, una política que les ordene no interceptar envíos cuantiosos es inconcebible y sin duda provocó un daño considerable y la pérdida de vidas”, sentenció Comer en su misiva, cuya copia fue obtenida por The Associated Press. La DEA, por su parte, no ha emitido comentarios oficiales ante las solicitudes de declaración.

Esta indagación legislativa y la acción legal del estado se suman a una investigación previa de la AP, publicada hace dos meses, que documentó cómo agentes de la DEA habrían permitido repetidamente que grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México llegaran a las calles entre 2023 y 2025, mientras se fortalecían casos penales. Esta práctica se desarrolló incluso cuando la DEA lideraba campañas de concientización pública como “One Pill Can Kill” y la Casa Blanca designaba al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”.

La solicitud de Comer se enfoca específicamente en el gobierno de Joe Biden, argumentando una supuesta “relajación de los protocolos de mitigación de riesgos del fentanilo” que, según él, fueron establecidos durante la administración de Donald Trump. Comer sostiene que dichos protocolos, implementados en 2017, exigían la incautación o impedimento de la distribución de fentanilo “tan pronto como fuera practicable”.

Sin embargo, el Departamento de Justicia modificó estas normas en 2024, otorgando a las fuerzas policiales mayor discrecionalidad sobre cuándo intervenir en el tráfico de fentanilo, bajo el argumento de los “beneficios que se lograrían al preservar la investigación”. Esta modificación es vista por los críticos como un debilitamiento de las medidas de control.

La investigación de la AP también reveló que la estrategia de permitir que las drogas “caminaran” continuó durante el segundo mandato de Trump, previo a uno de los mayores decomisos de fentanilo en la historia de la DEA. En esa operación, anunciada en mayo del año pasado, se incautaron aproximadamente 3 millones de pastillas de fentanilo.

No obstante, cantidades aún mayores habrían sido permitidas circular libremente. Agentes en Albuquerque habrían permanecido al margen, observando desde vehículos de vigilancia cómo distribuidores de droga ingresaban a hoteles con mochilas que, presuntamente, contenían hasta 100 mil pastillas de fentanilo.

Un exsupervisor de la DEA, ahora uno de los tres denunciantes que han alertado sobre esta práctica, afirmó que toda la red de distribución pudo haber sido desmantelada seis meses antes de la operación de decomiso masivo. La red de fentanilo se pudo haber desmantelado en EU medio año antes, según testimonios.

Ante esta situación, el organismo de control interno del Departamento de Justicia ha anunciado una revisión a nivel nacional de las políticas gubernamentales y de las investigaciones que involucran escuchas telefónicas. El objetivo es determinar si tácticas similares se han empleado en otras jurisdicciones y evaluar su impacto en la lucha contra el narcotráfico.

Históricamente, la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos ha sido un tema de alta prioridad, con diversas administraciones implementando estrategias que van desde la interdicción directa hasta enfoques más enfocados en la desarticulación de redes criminales. La política de “permitir que las drogas caminen” o “walk-and-talk” ha sido una herramienta utilizada en investigaciones de largo aliento, pero su aplicación en casos de fentanilo, dada su letalidad y el contexto de crisis de salud pública, ha generado un intenso debate sobre los límites éticos y de seguridad.

Las implicaciones de esta investigación son significativas. Podrían llevar a cambios profundos en los protocolos de la DEA y del Departamento de Justicia, así como a un escrutinio público y político intensificado sobre la efectividad y las consecuencias de las estrategias antidrogas. La presión del Congreso y las acciones legales de los estados subrayan la urgencia de abordar la crisis del fentanilo con medidas que prioricen la seguridad pública sin comprometer la integridad de las investigaciones.

El debate sobre si priorizar la construcción de casos contra grandes capos o la incautación inmediata de drogas para proteger a las comunidades se intensifica. La postura de la administración actual, que parece haber dado mayor discrecionalidad a los agentes, contrasta con la política anterior que exigía una intervención más directa. El resultado de la investigación del Congreso y la demanda de Nuevo México serán cruciales para definir el futuro de estas políticas.

En el contexto internacional, la producción y el tráfico de fentanilo son un problema transnacional que involucra a diversos países, incluyendo a México, donde se han reportado incautaciones significativas de precursores químicos y laboratorios clandestinos. La colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra el narcotráfico es fundamental, y este tipo de controversias internas en la aplicación de la ley estadounidense podrían afectar la cooperación bilateral y la percepción pública de ambas naciones.

La comunidad científica y de salud pública ha advertido repetidamente sobre la necesidad de un enfoque multifacético para combatir la epidemia de opioides, que incluya no solo la interdicción de drogas, sino también la prevención, el tratamiento y la reducción de daños. La estrategia de la DEA bajo escrutinio parece centrarse en un aspecto de la cadena de suministro, pero las críticas sugieren que podría estar descuidando otros frentes vitales en la protección de la salud pública.

El futuro de la lucha contra el fentanilo en Estados Unidos pende de un hilo, a la espera de las conclusiones de las investigaciones en curso. La transparencia y la rendición de cuentas serán clave para restaurar la confianza pública y asegurar que las políticas antidrogas sirvan al propósito primordial de proteger vidas y comunidades.