La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentra bajo presión para revisar y potencialmente incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a alimentos no básicos con alta densidad calórica, comúnmente conocidos como "comida chatarra". La propuesta, impulsada por organizaciones como El Poder del Consumidor y Fundar, busca elevar el gravamen actual del 8% a un 20% de manera inmediata, argumentando que la tasa vigente ha perdido efectividad debido a la inflación acumulada y que existe evidencia científica creciente sobre los daños a la salud pública derivados del consumo excesivo de productos ultraprocesados.

Un Impuesto Desactualizado Ante la Inflación

El IEPS a la comida chatarra fue implementado en 2014 con el objetivo de promover una alimentación nutritiva y proteger la salud de los mexicanos. Sin embargo, desde su establecimiento, la tasa del 8% no ha sido actualizada. Según datos de El Poder del Consumidor y el INEGI, la inflación acumulada hasta julio de 2026 supera el 72%, lo que ha erosionado significativamente el valor real del impuesto. Paulina Magaña Carbajal, coordinadora de la Campaña de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor, señaló que esta desactualización "ha perdido valor en el tiempo" y que "existe mayor evidencia sobre el consumo de estos alimentos ultraprocesados", haciendo necesaria una revisión profunda.

Recaudación y Tendencias Económicas

Informes de la SHCP revelan una desaceleración en el ritmo de recaudación de este IEPS. Mientras que entre 2021 y 2023 se observaron tasas de crecimiento real anual superiores al 10% e incluso hasta 21.5%, en el periodo de enero a julio de 2024, el crecimiento real anual se ubicó en 3.5%, generando una recaudación de 24,972 millones de pesos. Esta tendencia subraya la urgencia de ajustar el impuesto para que recupere su capacidad recaudatoria y su impacto en la salud pública.

El Camino Hacia el Paquete Económico 2027

La SHCP tiene hasta el 8 de septiembre para incluir la propuesta de modificación del IEPS en el Paquete Económico 2027, que será presentado al Congreso. De no ser incluido en la propuesta inicial del Ejecutivo, el incremento podría ser impulsado por legisladores o grupos parlamentarios durante el proceso de discusión y aprobación en el Congreso. La revisión de "impuestos saludables" ya ha sido una prioridad para la dependencia, que para 2026 actualizó el IEPS a bebidas azucaradas y saborizadas, y amplió su aplicación a bebidas con edulcorantes, además de incrementar el gravamen al tabaco. Sin embargo, aún quedan pendientes como la actualización de la fórmula para el gravamen a cervezas y bebidas alcohólicas, y la revisión del impuesto a alimentos con alta densidad calórica.

Estándares Internacionales y Propuesta de Aumento

Las organizaciones proponentes basan su exigencia en la tendencia global de gravar los alimentos ultraprocesados. Señalan que en 2017 solo seis países de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contaban con este tipo de impuesto, cifra que aumentó a casi 30 para 2022. Un ejemplo reciente es Colombia, que implementó un gravamen del 10% en 2023, elevándolo a 15% en 2024 y proyectándolo al 20% en 2025. La propuesta de El Poder del Consumidor y Fundar es un salto directo del 8% al 20%, argumentando que "entre mayor sea el porcentaje, mayor es el impacto que va a tener en la disminución de compras".

Evidencia Científica y Beneficios para la Salud Pública

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda la efectividad de los impuestos a productos ultraprocesados. La evidencia sugiere que estos gravámenes pueden reducir la compra y el consumo de dichos productos, incrementar la recaudación tributaria, incentivar la reformulación de los alimentos para hacerlos más saludables y aumentar la conciencia pública sobre la importancia de una alimentación saludable. El consumo excesivo de estos alimentos está directamente relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias y diversos tipos de cáncer, además de contribuir a la desnutrición y desequilibrios de vitaminas y minerales, según el estudio "Impuestos Saludables, más recursos para la salud pública".

Ampliando el Alcance del IEPS

Actualmente, el IEPS del 8% se aplica a nueve categorías de productos, incluyendo botanas, confitería, chocolate, flanes, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos a base de cereales, y helados. Sin embargo, existen excepciones notables, como productos derivados del trigo (tortillas, pan no dulce) y del maíz (tortillas, galletas saladas), así como cereales para lactantes y pan no dulce de otros cereales. La propuesta de ampliación busca incluir productos que, si bien pueden tener etiquetado frontal por exceso de azúcares, no están gravados por otros conceptos como exceso de sodio o grasas saturadas.

Implicaciones y Próximos Pasos

La decisión final sobre el incremento del IEPS recaerá en la SHCP y el Congreso de la Unión. La presión de las organizaciones civiles y la evidencia científica sobre los beneficios para la salud pública y la recaudación fiscal son factores clave en esta discusión. El debate sobre el Paquete Económico 2027 promete ser intenso, con la salud de los mexicanos y las finanzas públicas en el centro de la agenda.

En contexto, la lucha contra la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas al consumo de alimentos ultraprocesados es un desafío global. México, al igual que otros países, busca herramientas fiscales para mitigar estos problemas. La efectividad de un impuesto del 20% sobre la comida chatarra, como proponen las organizaciones, dependerá de su diseño, implementación y de la respuesta del mercado y los consumidores.

Históricamente, los impuestos a productos considerados nocivos para la salud, como el tabaco y el alcohol, han demostrado ser herramientas efectivas para reducir su consumo y generar recursos para programas de salud. La extensión de esta estrategia a los alimentos ultraprocesados es vista por muchos expertos como un paso lógico y necesario.

Analistas señalan que un aumento significativo en el IEPS podría generar resistencia por parte de la industria de alimentos y bebidas, quienes podrían argumentar un impacto negativo en el empleo y la economía. Sin embargo, los defensores del aumento contraponen que los costos sanitarios asociados a las enfermedades crónicas superan con creces los beneficios económicos de la industria de alimentos ultraprocesados.

Las reacciones esperables incluyen un debate público intenso entre la industria, las organizaciones de salud y los legisladores. La opinión pública, cada vez más informada sobre los riesgos para la salud, podría jugar un papel crucial en la decisión final.

Lo que sigue es la presentación formal de la propuesta por parte de Hacienda o la iniciativa de legisladores. Posteriormente, el análisis y votación en el Congreso determinarán si el impuesto a la comida chatarra se eleva al 20% o si se mantiene la tasa actual, con posibles ajustes menores o nulos.

La discusión sobre el IEPS a alimentos no básicos no es nueva y se enmarca en esfuerzos más amplios por promover estilos de vida saludables y reducir la carga de enfermedades crónicas no transmisibles en el país. La efectividad de medidas fiscales como esta es un tema de debate constante entre economistas y salubristas.

El Poder del Consumidor y Fundar han sido actores clave en la promoción de políticas públicas orientadas a la salud alimentaria, y su presión para aumentar el IEPS a la comida chatarra es una continuación de su trabajo de incidencia.

La posibilidad de que el impuesto se eleve a 20% representa un cambio significativo en la política fiscal mexicana en materia de salud, alineándose con recomendaciones internacionales y buscando un impacto más contundente en la salud pública.

La SHCP deberá sopesar cuidadosamente los argumentos técnicos, económicos y de salud pública antes de tomar una decisión que podría tener repercusiones importantes en el mercado y en los hábitos de consumo de millones de mexicanos.

El debate legislativo será crucial para definir el futuro de este impuesto y su contribución a una estrategia nacional de salud más robusta y preventiva.