El sector del autotransporte de carga en México ha lanzado una advertencia contundente: un paro nacional indefinido comenzará el próximo lunes 26 de octubre. La decisión, calificada como un "punto de quiebre" por los líderes del gremio, surge tras meses de intentos fallidos por obtener respuestas formales de las autoridades ante una crisis multifacética que azota la actividad.
Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), fue enfático al declarar que "México no aguanta más. Vamos a un paro nacional". Señaló que, a pesar de la resiliencia demostrada por los transportistas, quienes han mantenido el flujo de mercancías incluso en situaciones de emergencia como la pandemia o desastres naturales, la situación actual ha vuelto insostenible la operación debido a los crecientes costos y riesgos.
La Sombra de la Inseguridad y la Extorsión
La inseguridad en las carreteras se ha posicionado como el principal factor de presión para el sector. Los transportistas denuncian no solo el robo de unidades y mercancías, sino también un incremento alarmante en las extorsiones y el "cobro de piso". A esto se suman detenciones que, según el gremio, son "injustificadas" y un deterioro constante de la infraestructura vial, cuyas condiciones no se corresponden con los elevados peajes que deben pagar.
El impacto de un robo de unidad va más allá de la pérdida material. Para las empresas, representa un golpe devastador a su capacidad operativa, sin que existan mecanismos de compensación adecuados que les permitan recuperarse y mantener su ritmo de trabajo. La pérdida de un camión no es solo un activo menos, es un motor económico detenido.
CANACAR exige un cambio radical en la estrategia de seguridad carretera y una colaboración más estrecha entre los gobiernos federal, estatales y municipales para erradicar fenómenos como las extorsiones y el cobro de piso, que ahogan la actividad diaria.
"No podemos normalizar la inseguridad, no podemos normalizar las extorsiones, no podemos normalizar los costos crecientes", enfatizó Ramos Melo, poniendo de relieve la urgencia de la situación. La preocupación se extiende a los operadores, quienes son los que enfrentan día a día los peligros y las adversidades en las rutas.
El deterioro de las condiciones operativas no solo afecta a las empresas y sus trabajadores, sino que repercute directamente en la competitividad del país, desalienta la inversión, impacta negativamente en la generación de empleo y, en última instancia, se traduce en un encarecimiento de los productos para el consumidor final.
Un Paro con Efectos en Cadena
Los dirigentes del sector reconocen que la paralización del autotransporte de carga tendrá consecuencias significativas para la economía nacional. Una suspensión prolongada podría desestabilizar las cadenas de suministro, afectar el abasto de productos esenciales y comprometer el suministro de combustibles.
Se estima que el paro paralizaría una parte considerable de los 2.6 millones de toneladas de mercancías que se transportan diariamente por carretera, afectando a industrias clave como la automotriz, agrícola, ganadera, minera, química, textil y de consumo. Los flujos de comercio exterior también se verían seriamente comprometidos.
La frontera con Estados Unidos, un punto neurálgico para el comercio bilateral, sentiría el impacto de inmediato. Se calcula que unos 21 mil cruces diarios, equivalentes a operaciones por aproximadamente mil 800 millones de dólares, dejarían de realizarse. A esto se sumarían las afectaciones en puertos marítimos y aeropuertos.
Las estimaciones del sector son alarmantes: una semana de interrupción podría incrementar hasta en 160 pesos el costo de la canasta básica. Estas cifras, aunque son proyecciones de las propias organizaciones, subrayan la magnitud del riesgo y la interconexión del transporte con la vida cotidiana de los mexicanos.
"Si el transporte se detiene, la economía de México se detiene y esto cruza fronteras", advirtió el presidente de CANACAR, encapsulando la gravedad de la situación.
Presión Fiscal y un Llamado a la Presidenta
A la crisis de seguridad y operativa, se suma la preocupación del sector por las recientes modificaciones y restricciones en los estímulos fiscales para el uso de autopistas. CANACAR ha solicitado al Poder Legislativo la actualización del límite de ingresos anuales para acceder a estos beneficios, buscando que un mayor número de transportistas pueda beneficiarse.
Ramos Melo aclaró que no se trata de buscar privilegios, sino de establecer condiciones que permitan a las empresas mantener sus flotas operativas y, con ello, preservar el empleo. "Una decisión de carácter fiscal no se queda en un escritorio", sentenció, al recordar que las medidas tributarias tienen un impacto directo en los costos, la inversión y el mantenimiento del empleo.
Ante este panorama crítico, el presidente de CANACAR hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y evite una escalada mayor del conflicto. Aseguró que el sector respalda el proyecto de gobierno y las iniciativas para impulsar la inversión y el desarrollo, pero recalcó la necesidad imperante de que la administración federal atienda las condiciones adversas que enfrenta el autotransporte de carga.