El próximo primero de julio marca el inicio formal de la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un evento de trascendental importancia para el porvenir económico de la nación. Este acuerdo, que entró en vigor el 1 de julio de 2020, contempló una cláusula inusual: su vigencia no sería indefinida, sino que a los seis años de operación se sometería a una revisión tripartita para determinar su continuidad. Este mecanismo, estipulado en el artículo 34.7 del tratado, es el que se activa ahora. Los tres países deberán decidir si renuevan el acuerdo por otros dieciséis años, hasta 2042, o si optan por revisiones anuales que, de no lograrse consensos, podrían culminar en la terminación del tratado en 2036. En esencia, lo que comienza es el proceso que definirá si la estructura comercial que sustenta una parte significativa de la economía mexicana se afianza para una generación o se sumerge en un periodo de prolongada incertidumbre.
Desde septiembre del año pasado, los tres países han estado inmersos en consultas públicas para recabar las opiniones de empresas, cámaras industriales y especialistas. Con base en estos insumos, cada gobierno ha ido conformando la postura con la que se presentará a la negociación. La Secretaría de Economía, en particular, dedicó varios meses a integrar estas aportaciones en una posición nacional coherente. Por lo tanto, la fecha de julio no representa el fin de una discusión, sino el arranque formal de la más crucial: la que sostendrán los tres gobiernos directamente. Este momento llega envuelto en un clima de tensión. La administración estadounidense ha hecho de la amenaza arancelaria una herramienta recurrente de negociación, los plazos se han acortado y las tensiones se han incrementado. Gran parte del debate público en México se ha visto arrastrado por una lógica de sobresalto constante. Sin embargo, es fundamental abordar este momento con la frialdad que amerita, pues debajo del ruido subyace una señal que México no debería ignorar: lo que está en juego es la confirmación del activo competitivo que el país puede ofrecer al capital global en una era marcada por la fragmentación.
Durante años, el discurso sobre el atractivo de México se basó en argumentos bien conocidos: la proximidad geográfica al mercado más grande del mundo, una base manufacturera robusta, costos laborales competitivos y una extensa red de tratados comerciales. Si bien todos estos factores siguen siendo válidos e importantes, el reacomodo de las cadenas globales de valor, fenómeno conocido como nearshoring, ha desplazado el eje de la decisión de inversión hacia un factor menos tangible pero mucho más determinante: la previsibilidad. En un contexto global donde el capital busca refugio ante la incertidumbre geopolítica y donde las guerras comerciales entre potencias han erosionado supuestos que parecían inamovibles, las grandes corrientes de inversión priorizan la certeza sobre cualquier incentivo fiscal. Buscan certeza en las reglas del juego, en los plazos de operación, en la estabilidad macroeconómica y en la solidez de las instituciones encargadas de arbitrar disputas. La certidumbre se ha convertido en el bien más escaso y, por ende, el más valioso en el comercio internacional.
México llega a la mesa de revisión con un argumento respaldado por cifras de una contundencia que el ruido mediático tiende a opacar. En el primer trimestre de este año, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó un máximo histórico de 23 mil 591 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual del 10.4 por ciento. Estados Unidos se consolida como el principal país de origen de estos flujos, con un incremento superior al 23 por ciento. Esta cifra no es un dato aislado ni una casualidad estadística; es la manifestación cuantificada de una apuesta de confianza. Como ha señalado el Secretario de Economía, los capitales internacionales perciben que México mantendrá una posición privilegiada dentro de la integración norteamericana. Esta percepción, más que cualquier declaración oficial, es lo que impulsa a los inversionistas a comprometer recursos a largo plazo, precisamente en un momento de aparente incertidumbre máxima. El mercado, que rara vez se equivoca cuando arriesga su propio capital, está apostando por la permanencia y el fortalecimiento del tratado. En el fondo, está votando por la certidumbre que México ofrece.
Esta certidumbre no es un regalo de la geografía ni una herencia automática; se construye desde la conducción del Estado. La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una política de disciplina fiscal, respeto a la autonomía del Banco de México y estabilidad cambiaria, pilares que han servido como ancla en un periodo de turbulencia regional. Además, ha guiado la preparación de la revisión con una madurez negociadora digna de reconocimiento: meses de consultas con los sectores productivos, integración técnica de una postura nacional y una diplomacia comercial que ha priorizado el trabajo discreto para resolver controversias pendientes sobre el gesto espectacular que, si bien puede tranquilizar a la opinión pública, no construye soluciones duraderas. Esta es la diferencia entre administrar la relación con la vecindad de manera inteligente y dramatizarla. México ha optado por la primera estrategia, y los resultados avalan esta elección.
Sin embargo, para que la certidumbre se erija verdaderamente como un activo competitivo, debe demostrarse en el terreno. No es suficiente que las variables macroeconómicas sean sólidas si el inversionista, al momento de establecerse, no encuentra la infraestructura necesaria, la coordinación institucional adecuada y la ejecución eficiente que materialicen la promesa de inversión. Es en este punto donde el argumento nacional se aterriza en la realidad regional, donde la tesis abstracta se transforma en obra concreta. Yucatán, en este sentido, se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional de cómo la certidumbre se ejecuta de manera efectiva.
La expansión del Puerto de Altura de Progreso, con sus sucesivas fases de profundización y ampliación, es un claro ejemplo de esta ejecución. La semana pasada se inició una inversión privada de 948 millones de dólares destinada a la ampliación de este puerto, un proyecto que no solo busca mejorar la infraestructura logística, sino también potenciar el desarrollo económico del estado y de la región sureste del país. Esta inversión, que se suma a otras iniciativas de infraestructura y desarrollo en la entidad, demuestra un compromiso tangible con la creación de un entorno propicio para la inversión y el crecimiento.
El nearshoring, más allá de ser una tendencia económica, representa una oportunidad estratégica para México. La relocalización de empresas, impulsada por la necesidad de diversificar las cadenas de suministro y reducir la dependencia de regiones específicas, coloca a México en una posición ventajosa. Sin embargo, para capitalizar plenamente esta oportunidad, es crucial que el país ofrezca no solo ventajas geográficas y laborales, sino también un entorno de certidumbre jurídica, estabilidad política y operativa. La revisión del T-MEC es, en este contexto, una oportunidad para reafirmar estos pilares y asegurar que México continúe siendo un destino atractivo para la inversión.
La fortaleza del T-MEC radica en su capacidad para generar certidumbre y previsibilidad para las empresas que operan en América del Norte. Una renovación exitosa del tratado, que mantenga sus pilares fundamentales y se adapte a los nuevos desafíos económicos y tecnológicos, enviaría una señal positiva a los mercados globales. Por el contrario, una prolongada incertidumbre sobre el futuro del acuerdo podría generar dudas y afectar la confianza de los inversionistas, impactando negativamente el flujo de capitales y el crecimiento económico.
El proceso de revisión del T-MEC no es solo un ejercicio técnico o legal; es una oportunidad para que México demuestre su capacidad para adaptarse, innovar y consolidar su posición como un socio comercial estratégico en el escenario global. La forma en que se gestione esta revisión, con pragmatismo, visión de largo plazo y un enfoque en la certidumbre, será determinante para el futuro económico del país en las próximas décadas.
En conclusión, el inicio de la revisión del T-MEC el primero de julio es un hito crucial. México se encuentra ante la posibilidad de consolidar su arquitectura comercial para una generación, basándose en la certidumbre que ha logrado construir. La administración actual, a través de políticas de estabilidad y una diplomacia comercial prudente, ha sentado las bases para un resultado favorable. Sin embargo, la ejecución en el terreno y la demostración tangible de un entorno predecible serán clave para capitalizar plenamente las oportunidades que el nearshoring y un T-MEC fortalecido ofrecen al país.