El sector agroalimentario mexicano se enfrenta a un nuevo y complejo desafío en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Más allá de la competitividad y los estándares sanitarios, las empresas del ramo deberán demostrar que sus trabajadores agrícolas, esenciales para sostener las exportaciones, fueron reclutados bajo condiciones éticas, libres de fraude, coerción o cualquier práctica asociada al trabajo forzoso.
En el primer trimestre de 2026, la informalidad en el sector agropecuario mexicano afectaba a 5.2 millones de personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A esta cifra se suma una creciente escasez de mano de obra en el campo, exacerbada por la migración temporal de trabajadores hacia Estados Unidos, particularmente a través del programa H-2A.
Presión Creciente por Cumplimiento Laboral
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos ha recordado que el T-MEC no solo exige a los países miembros hacer cumplir su legislación contra el trabajo forzoso, sino también impedir la importación de mercancías producidas bajo tales condiciones. Esto significa que el cumplimiento de normativas laborales se está convirtiendo en un requisito indispensable para competir en el mercado norteamericano.
Axel García, director de CIERTO México, una organización que promueve el reclutamiento ético de trabajadores agrícolas, subraya que "el trabajo digno empieza antes de llegar al campo". CIERTO México surgió hace más de una década tras documentar casos de migraciones de trabajadores agrícolas plagadas de fraude, cobros indebidos y engaños, prácticas que podían derivar en trabajo forzoso.
La organización ha evolucionado de la denuncia a la demostración de que es posible operar conforme a la ley y los principios internacionales. Iniciaron en 2017 apoyando a 80 trabajadores y actualmente atienden a cerca de 3,000 jornaleros en corredores de movilidad que incluyen México, Guatemala, Estados Unidos e incluso España.
Un Modelo de Reclutamiento Ético
El modelo impulsado por CIERTO México busca eliminar uno de los principales factores de riesgo identificados por la Organización Internacional del Trabajo: que el trabajador asuma el costo de conseguir un empleo. Bajo este esquema, el empleador cubre los gastos de reclutamiento, transporte y trámites migratorios. Los trabajadores, desde sus comunidades de origen, conocen de antemano el salario, las condiciones laborales, el alojamiento y la duración del contrato.
Esta transparencia reduce significativamente los riesgos de fraude, trata de personas y trabajo forzoso. "La familia sabe dónde estará el trabajador; las autoridades saben quién sale, quién recibe a la persona y cuánto tiempo permanecerá en el lugar de destino", explica García.
Un ejemplo de este enfoque es el programa piloto 'Una cosecha, tres países', que facilita la migración laboral circular. En este programa, trabajadores guatemaltecos han laborado en campos mexicanos, luego en Estados Unidos, y posteriormente regresan a sus comunidades o a México para otra temporada agrícola. Esta iniciativa pone de manifiesto la escasez de mano de obra en el sector y la necesidad de estandarizar medidas entre los tres países para asegurar una asignación eficiente de trabajadores capacitados.
Escasez de Mano de Obra y Programas Migratorios
En Estados Unidos, el programa H-2A ha alcanzado cifras récord, reflejando la persistente falta de trabajadores nacionales para las labores del campo. En 2025, se certificaron 398,258 posiciones, según la American Farm Bureau Federation. En Canadá, se estima que la brecha de trabajadores agrícolas crecerá de 87,700 en 2023 a 101,100 en 2030 durante la temporada alta.
En México, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) ha advertido sobre una de las mayores faltas de mano de obra en décadas y ha propuesto cubrir parte de esta demanda mediante esquemas de visas laborales para trabajadores de países vecinos. El programa H-2A de Estados Unidos, que beneficia mayoritariamente a ciudadanos mexicanos, incrementa la presión sobre el mercado laboral rural mexicano.
Obstáculos Regulatorios y Propuestas Regionales
Sin embargo, México enfrenta obstáculos regulatorios para consolidar un esquema regional de migración temporal. La Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo permite contratar legalmente a trabajadores de Guatemala y Belice, pero solo en los estados fronterizos del sur y con costos bajos para los trabajadores. Cuando las empresas requieren mano de obra para el centro o norte del país, los costos y requisitos migratorios aumentan considerablemente, lo que representa una desventaja para las empresas agroindustriales con capacidad exportadora.
"Si queremos ofrecer una alternativa real a la migración irregular, necesitamos que la migración regular también sea accesible", sostiene García. El CNA ha propuesto, en el marco de la revisión del T-MEC, un mecanismo regional que facilite la movilidad temporal de trabajadores agrícolas entre México, Estados Unidos y Canadá para atender la creciente escasez de mano de obra. A pesar de estos esfuerzos, los especialistas reconocen que la migración sigue siendo uno de los principales vacíos del tratado.
En este contexto, la presión por asegurar condiciones laborales dignas y procesos de reclutamiento éticos se intensifica, impactando directamente la competitividad y el acceso a mercados internacionales para el sector agroalimentario mexicano. La falta de mano de obra y la necesidad de cumplir con estándares laborales más estrictos plantean un escenario complejo para el futuro de las exportaciones agrícolas de México bajo el T-MEC.