En una jugada que destapa las tensiones y las estrategias políticas bajo la superficie, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha revelado detalles de una reunión clave sostenida con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Lo más impactante de su declaración es la confirmación de que este encuentro se dio por orden directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien buscaba conocer la perspectiva de Campos Galván sobre la presunta intervención de agentes de la CIA en operativos dentro del estado.

La revelación, hecha en una entrevista con Azucena Uresti, pone de manifiesto la delicada situación que rodea la seguridad en la frontera norte y las complejas relaciones entre los distintos niveles de gobierno. García Harfuch fue explícito al señalar: “Yo recibí a la gobernadora por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto. Le pregunté abiertamente y ella quería también platicar cómo había sido. Ella me dijo claramente su versión de los hechos”. Esta declaración sugiere que la mandataria federal no solo estaba al tanto de las acusaciones, sino que activamente buscó una versión oficial de la gobernadora, evidenciando una posible estrategia para manejar la crisis o para recabar información antes de tomar una postura pública.

Ambos funcionarios, Harfuch y Campos, coincidieron en un punto crucial: la responsabilidad de esclarecer los hechos recae en la Fiscalía General de la República (FGR). Esta postura conjunta busca deslindar responsabilidades inmediatas y canalizar la investigación hacia las instancias correspondientes, aunque deja abierta la pregunta sobre qué acciones tomará la FGR y si la versión de la gobernadora será suficiente para cerrar el caso o, por el contrario, abrirá nuevas líneas de investigación.

La conversación, sin embargo, no se limitó a la intervención de agencias extranjeras. García Harfuch aprovechó la ocasión para destacar la coordinación existente entre el gobierno federal y la administración estatal en materia de seguridad. Subrayó que, a pesar de las controversias, la colaboración para combatir a grupos delictivos y lograr la detención de objetivos prioritarios ha sido fructífera. “Hablamos también del apoyo a la seguridad en el estado de Chihuahua, que como bien dice ella, ha estado de acuerdo y siempre hemos tenido una muy buena comunicación y siempre hemos trabajado para la detención de objetivos prioritarios”, afirmó el secretario.

Es importante recordar el contexto de estas declaraciones. La gobernadora Maru Campos ha enfrentado señalamientos y una denuncia previa por parte del exgobernador Javier Corral, relacionada con presuntos actos de corrupción y secuestro. Aunque dicha denuncia fue cerrada, la posibilidad de su reapertura ha estado sobre la mesa, añadiendo una capa de complejidad a su situación política y legal. La intervención de la CIA, si bien es un asunto de soberanía nacional, se suma a un panorama ya de por sí delicado para la mandataria panista.

Omar García Harfuch, por su parte, se ha mantenido firme en su postura respecto a la soberanía nacional y la Constitución mexicana. Aclaró que las investigaciones sobre laboratorios clandestinos y la posible participación de personal estadounidense no implican directamente a la gobernadora Campos. Sin embargo, enfatizó que la ley mexicana es clara: la participación de agentes extranjeros en operativos dentro del país es inconstitucional. “Aquí no es, no estoy metiendo a la gobernadora en esto, no tiene nada que ver un laboratorio o no. Aquí nuestra ley es muy clara”, sentenció.

El titular de la SSPC detalló que, en los más de 2 mil 400 laboratorios clandestinos destruidos durante la presente administración federal, no ha habido participación de personal de Estados Unidos. Esta cifra subraya la magnitud del problema del narcotráfico y la producción de drogas sintéticas en el país, así como la determinación del gobierno mexicano para enfrentar esta amenaza sin violar su propia legislación. La exclusión de agentes estadounidenses en estas operaciones es una muestra del respeto a la soberanía, pero también plantea interrogantes sobre la efectividad de la cooperación binacional en materia de seguridad.

Al ser cuestionado sobre comparaciones con otros casos, como el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, García Harfuch reconoció que las acusaciones contra este último podrían ser más graves. No obstante, dejó claro que un delito no exime de la investigación de otro. Esta declaración busca evitar la percepción de un doble estándar en la aplicación de la justicia y subraya que todas las acusaciones deben ser investigadas a fondo, independientemente de la filiación política o la gravedad aparente de otros casos.

La estrategia de Sheinbaum de ordenar esta reunión podría interpretarse de diversas maneras. Por un lado, podría ser un intento de mostrar apertura y diálogo, buscando desactivar tensiones y obtener información de primera mano. Por otro lado, podría ser una maniobra política para ejercer presión sobre Campos Galván, o para preparar el terreno ante posibles revelaciones futuras que pudieran afectar al gobierno federal o a la propia Sheinbaum en su aspiración presidencial. La forma en que la FGR maneje la investigación será determinante para entender las verdaderas intenciones detrás de esta intervención presidencial.

El caso de la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua no es menor. Representa una violación flagrante a la soberanía mexicana y plantea serias dudas sobre la cooperación y la confianza entre ambos países en materia de seguridad. La postura de Harfuch, alineada con la Constitución, es un mensaje claro al gobierno de Estados Unidos, pero también a la opinión pública nacional, sobre los límites que no deben cruzarse.

La gobernadora Maru Campos, al compartir su versión de los hechos con García Harfuch, busca sin duda proteger su imagen y su administración. Sin embargo, el hecho de que la propia presidenta Sheinbaum haya instruido la reunión la coloca en una posición de escrutinio aún mayor. La narrativa que se construya a partir de ahora, y las acciones que tome la FGR, definirán el futuro político de Campos y la percepción pública sobre la seguridad en Chihuahua y la relación bilateral.

En última instancia, esta revelación de García Harfuch no solo arroja luz sobre un incidente específico, sino que también expone las complejas dinámicas de poder, las estrategias políticas y las tensiones latentes en la lucha contra el crimen organizado y la preservación de la soberanía nacional en México. La intervención de Sheinbaum a través de su secretario de seguridad es un movimiento audaz que seguramente tendrá repercusiones en el tablero político.