La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha lanzado un cuestionamiento directo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto a los datos publicados sobre desplazamiento forzado interno en el país. La mandataria puso en duda la metodología empleada por el instituto, particularmente la forma en que se formularon las preguntas a los ciudadanos, tras darse a conocer que 1.6 millones de mexicanos se vieron obligados a cambiar de residencia debido a la violencia y la inseguridad.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo expresó la necesidad de comprender a fondo el cuestionario aplicado por el INEGI. "Le pedimos que pudiéramos trabajar con el Inegi para conocer exactamente cuál fue la pregunta", señaló la Presidenta, sugiriendo que la redacción de la pregunta podría influir significativamente en los resultados. Añadió que la indagación podría enfocarse en determinar no solo el hecho del desplazamiento, sino también los destinos de quienes se vieron forzados a abandonar sus hogares, e incluso si el movimiento implicó un cambio de estado o de país.

La mandataria también apuntó a la inclusión de diversas causas en la encuesta del INEGI, como desastres naturales y actos violentos, como un factor que podría distorsionar la percepción del problema principal. Si bien reconoció que la violencia es la razón predominante en la mayoría de los estados, la encuesta también consideró eventos como huracanes y otros fenómenos naturales. En este sentido, mencionó el caso de Guerrero, la entidad con la mayor proporción de población desplazada, donde los desastres naturales han jugado un papel relevante.

Se recordó que la costa de Guerrero ha sido golpeada por huracanes de gran magnitud en años recientes, como 'Otis' en 2023 y 'John' en 2024, eventos que provocaron la devastación de comunidades y forzaron a numerosas familias a reubicarse. Estos desastres naturales, según las cifras del INEGI, representaron cerca de un tercio de los casos de desplazamiento, afectando a aproximadamente 485.5 mil personas, una cifra considerable que se suma a las causadas por la inseguridad.

La Encuesta Intercensal (EIC) del INEGI, en su edición más reciente, confirma que la violencia es el principal motor del desplazamiento en México. Sin embargo, la Presidenta Sheinbaum parece buscar una desagregación más fina de los datos para aislar con mayor precisión el impacto de la inseguridad generada por la delincuencia organizada y otros factores de violencia, distinguiéndola de las migraciones forzadas por catástrofes naturales.

En el contexto de la inseguridad, estados como Zacatecas han reportado tasas elevadas de desplazamiento, con un 2.2 por ciento de su población afectada. Le siguen Morelos con 2.1 por ciento, y Colima y Querétaro con 2 por ciento cada uno. Baja California Sur también figura en la lista con un 1.9 por ciento. Estas cifras, aunque presentadas por el INEGI, son las que la administración actual busca contextualizar y, posiblemente, matizar.

Paralelamente, la misma encuesta del INEGI arrojó datos demográficos relevantes que también fueron comentados por la Presidenta. La edad promedio de la población mexicana ha aumentado, pasando de 29 a 32 años entre 2020 y 2025. Este envejecimiento poblacional se acompaña de una desaceleración en el crecimiento demográfico, con una tasa del 0.7 por ciento, indicando una menor cantidad de nacimientos.

La Ciudad de México, en particular, destaca por tener la menor tasa de hijos por mujer en el país. Sheinbaum vinculó estos cambios demográficos a tendencias globales y decisiones familiares, como el retraso en la edad para tener hijos o la elección de no tenerlos. Estos fenómenos, si bien no son el foco principal de su crítica al INEGI, forman parte del panorama demográfico que la administración está observando y analizando.

La postura de la Presidenta Sheinbaum subraya la importancia que su gobierno otorga a la precisión de los datos oficiales, especialmente cuando estos abordan problemáticas tan sensibles como el desplazamiento forzado, un fenómeno directamente ligado a la estrategia de seguridad del país. La solicitud de aclaración al INEGI podría interpretarse como un intento por asegurar que las políticas públicas se basen en información metodológicamente sólida y que refleje fielmente la realidad de la inseguridad en México.

Históricamente, el desplazamiento forzado interno en México ha sido un tema complejo, influenciado por una multiplicidad de factores que van desde la violencia criminal hasta los efectos del cambio climático. La administración actual enfrenta el desafío de abordar estas causas de manera integral, y la precisión de las estadísticas es fundamental para diseñar e implementar estrategias efectivas que mitiguen el impacto en las poblaciones afectadas.

El debate sobre la metodología del INEGI pone de manifiesto la tensión inherente entre la recolección de datos estadísticos y la interpretación política de los mismos. Mientras el INEGI busca ofrecer una fotografía objetiva de la realidad social, las figuras políticas a menudo buscan datos que respalden sus narrativas o que permitan ajustar sus políticas públicas. La demanda de Sheinbaum por mayor claridad en las preguntas del INEGI es un ejemplo de esta dinámica.

En el ámbito internacional, fenómenos similares de desplazamiento forzado se han documentado en diversas regiones, a menudo exacerbados por conflictos armados, crisis económicas y desastres naturales. La situación en México, aunque con particularidades propias, se enmarca en una tendencia global de movilidad humana forzada, lo que resalta la necesidad de enfoques coordinados y basados en evidencia para su abordaje.

La respuesta del INEGI a las inquietudes de la Presidenta será crucial para determinar el curso futuro de la recopilación de datos sobre desplazamiento forzado. Una aclaración detallada sobre la metodología y las preguntas empleadas podría disipar dudas y fortalecer la confianza en las estadísticas oficiales, permitiendo así una mejor comprensión y atención a las personas afectadas por esta problemática.

En última instancia, la discrepancia entre la percepción oficial y los datos estadísticos sobre el desplazamiento forzado pone de relieve la complejidad de medir y abordar la inseguridad en México. La administración de Sheinbaum se enfrenta al reto de no solo combatir la violencia, sino también de presentar un panorama claro y preciso de sus efectos, utilizando para ello las herramientas estadísticas disponibles de la manera más rigurosa posible.

La discusión sobre los datos del INEGI también abre la puerta a un análisis más profundo sobre las causas subyacentes del desplazamiento forzado en México. Más allá de la violencia directa, factores como la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la debilidad del Estado de derecho contribuyen a la vulnerabilidad de las comunidades, empujando a sus habitantes a buscar refugio en otros lugares.