La senadora del PRI, Paloma Sánchez, lanzó una dura acusación contra Enrique Inzunza, actual senador por Morena, al señalarlo directamente de ser el conducto para los acuerdos con el crimen organizado en Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.

Desde la tribuna del Senado, Sánchez García desestimó los argumentos de Inzunza sobre una supuesta persecución política, afirmando que los verdaderos afectados son las miles de personas que sufren las consecuencias de la violencia y la disputa entre cárteles.

“Le entregaron a los criminales la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Finanzas, la Fiscalía y también le entregaron la Secretaría de Gobierno, porque hoy en el Senado de la República está sentado quien llevaba todos los acuerdos con el crimen organizado”, sentenció la legisladora priista.

En un acto de confrontación directa, la senadora se acercó al escaño de Inzunza para entregarle carpetas que contenían casos de personas desaparecidas, homicidios y otros delitos graves ocurridos en Sinaloa, exigiendo que viera la cruda realidad que, según ella, él ayudó a perpetuar.

“Hoy pongo estas carpetas frente Enrique Inzunza. ¡Que las vea! ¡Que las lea! ¡Que vea la realidad de Sinaloa! ¡Que no pueda ignorarlas! Porque representan vidas arrebatadas, familias desplazadas, personas desaparecidas, ataques armados, niñas y niños asesinados y pérdidas…”, declaró Sánchez en un mensaje difundido en redes sociales.

La senadora priista enfatizó que los políticos no pueden erigirse como víctimas cuando son señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, sino que deben asumir la responsabilidad de las consecuencias que sus acciones o inacciones generan en la sociedad.

El senador morenista Alfonso Cepeda, líder nacional del SNTE, reaccionó con visible molestia ante la acción de Sánchez, llegando incluso a tirar al suelo una de las carpetas que la senadora dejó en el escaño de Inzunza, en un gesto que evidenció la tensión política en el recinto.

El contexto de las acusaciones de EU

Las acusaciones contra Enrique Inzunza no son nuevas. Autoridades de Estados Unidos lo han señalado por presuntos vínculos con Los Chapitos, una de las facciones más violentas del Cártel de Sinaloa. Según informes, Inzunza habría sostenido reuniones clave con Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En estos encuentros, se alega que se “acordaron planes específicos” para recibir apoyo y protección institucional por parte del gobierno de Sinaloa, encabezado entonces por Rubén Rocha Moya. Inzunza, junto con Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, habrían fungido como los enlaces directos entre los líderes de Los Chapitos y el gobernador.

Documentos filtrados sugieren que Inzunza y Díaz transmitían comunicaciones de los líderes del cártel al gobernador, a cambio de protección para las operaciones de la organización criminal. Esta red de presunta complicidad buscaba asegurar la impunidad de Los Chapitos frente a operativos de seguridad.

La defensa de Inzunza y su salida de Morena

Ante el peso de las acusaciones y la investigación que, según reportes, lleva a cabo la Fiscalía General de la República, Enrique Inzunza tomó la decisión de separarse temporalmente de Morena en el Senado. Su objetivo, según declaró, era evitar que el partido y la llamada Cuarta Transformación se vieran afectados por los ataques de la oposición.

Sin embargo, la senadora Paloma Sánchez y otros críticos argumentan que esta medida es insuficiente y que Inzunza debería enfrentar las acusaciones sin el fuero que lo protege, permitiendo que la justicia actúe sin cortapisas. La permanencia de Inzunza en el Senado, mientras enfrenta señalamientos tan graves, ha generado un intenso debate sobre la integridad y la rendición de cuentas en la política mexicana.

La confrontación en el Senado subraya la profunda crisis de seguridad que atraviesa México, donde los señalamientos de vínculos entre políticos y el crimen organizado no solo erosionan la confianza pública, sino que también perpetúan un ciclo de violencia que afecta a miles de familias. La postura de la senadora Sánchez busca poner el foco en las víctimas y exigir responsabilidades a quienes, presuntamente, facilitaron la operación del narcotráfico en Sinaloa.

El PRI, partido al que pertenece la senadora Sánchez, ha sido históricamente uno de los principales opositores a Morena y a la administración federal. Las acusaciones contra Inzunza, un senador de Morena, son vistas por el tricolor como una oportunidad para evidenciar las fallas y presuntas complicidades del partido en el poder con el crimen organizado, reforzando su narrativa crítica hacia el gobierno actual.

La situación de Inzunza pone de manifiesto la compleja relación entre el poder político y el crimen organizado en México, un fenómeno que ha sido documentado en diversas ocasiones y que sigue siendo uno de los mayores desafíos para la gobernabilidad y la seguridad del país. La confrontación en el Senado es solo un reflejo de la batalla política que se libra en torno a estos temas sensibles.

En este contexto, la senadora Sánchez busca capitalizar el descontento social y la percepción de inseguridad para fortalecer la posición de su partido y presionar al gobierno. La entrega de las carpetas de víctimas es una estrategia para humanizar el debate y recordar las consecuencias reales de la violencia que azota a la nación.