En una muestra contundente de descontento y alarma, un amplio sector de la sociedad civil y política de Nuevo León ha alzado la voz para exigir acciones concretas a la Presidenta Claudia Sheinbaum ante la crisis que, aseguran, atraviesa la entidad bajo el mandato de Samuel García.

Una misiva contundente, firmada por el Congreso local, líderes empresariales, y una veintena de alcaldes de municipios clave como Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás y Santiago, entre otros, ha sido enviada a Palacio Nacional. El mensaje es claro y alarmante: "Nuevo León no aguanta más".

Los firmantes describen a la entidad como un "estado fallido", señalando una preocupante escalada en la extorsión a empresas, la ausencia de resultados tangibles en la administración pública y una "confrontación permanente" que, según ellos, paraliza el desarrollo y la gobernabilidad.

Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y una de las voces prominentes detrás de la iniciativa, ha sido enfático al señalar que la administración de Samuel García se ha dedicado a "perseguir a quienes piensan distinto" y a "secuestrar recursos", minando el funcionamiento de las instituciones y generando un clima de incertidumbre.

"Queremos inversión, pero con seguridad. Queremos infraestructura, pero con planeación y cuentas claras. Queremos crecimiento, pero con legalidad y certeza", sentenció De la Garza, encapsulando las demandas de un estado que clama por orden y certidumbre jurídica.

La denuncia se agrava con señalamientos de lo que los firmantes denominan un "cobro de piso oficial", un presunto mecanismo de "aportaciones" forzadas a empresas por parte de dependencias estatales, lo que ha generado un ambiente de temor y desconfianza en el sector productivo.

La carta también pone el dedo en la llaga de la parálisis presupuestal, destacando que Nuevo León ha pasado cuatro años sin un presupuesto aprobado, una situación que, sumada a la falta de planeación, ha derivado en un "quebranto" y "saqueo" de organismos estatales, según las duras acusaciones.

Ante este panorama, el llamado a la Presidenta Sheinbaum es explícito: solicita la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que "actúen conforme a la ley" en Nuevo León.

No se trata de pedir sentencias anticipadas, aclaran los firmantes, sino de iniciar investigaciones serias sobre las presuntas irregularidades denunciadas por Adrián de la Garza y su coalición, un movimiento que coincide con las intenciones de Morena de buscar un juicio político contra el gobernador.

La misiva subraya la disposición de los firmantes para colaborar con las autoridades federales, aportando las "pruebas" que sustentan sus denuncias. El objetivo final es "restituir el dinero que corresponde a la gente de Nuevo León" y "recuperar la gobernabilidad" del estado.

El respaldo de fuerzas políticas como el PAN y la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro "Alito" Moreno, así como del PRD local, otorga un peso político significativo a esta exigencia, evidenciando una fractura profunda en la administración estatal y un llamado generalizado a la rendición de cuentas.

Históricamente, las crisis de gobernabilidad y las acusaciones de corrupción en estados clave suelen tener repercusiones nacionales, poniendo a prueba la capacidad del gobierno federal para mediar y aplicar la ley, especialmente cuando involucran a figuras políticas con aspiraciones y a partidos en constante disputa.

La situación en Nuevo León se convierte así en un foco de atención nacional, donde la Presidenta Sheinbaum enfrenta la presión de actuar para restaurar la confianza y el estado de derecho en una de las economías más importantes del país, mientras los partidos de oposición buscan capitalizar el descontento.

El "modo party" y la supuesta falta de resultados de la administración de Samuel García, que ya se reflejaba en encuestas de desaprobación, parecen haber llegado a un punto de quiebre, forzando una intervención externa ante la incapacidad percibida para resolver los graves problemas que aquejan a la entidad.