El intento de Morena por descarrilar la administración de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a través de un juicio político, se ha estrellado contra la pared de la legalidad. El abogado de la mandataria panista, Roberto Gil Zuarth, ha sido contundente al afirmar que dicho procedimiento, impulsado por la dirigencia nacional del partido guinda, “jurídicamente no existe”. La maniobra, que buscaba inhabilitar a Campos Galván y minar su gobierno, ha resultado ser un burdo montaje político sin pies ni cabeza, evidenciando la desesperación y la falta de oficio de quienes pretenden imponer su voluntad por encima de la ley.
Gil Zuarth detalló en entrevista que la denuncia política promovida por Morena no cumplió con los requisitos esenciales para su procedencia. La falta de ratificación de la demanda dentro de los plazos legales establecidos dejó al proceso en un limbo, sin posibilidad alguna de prosperar en el ámbito jurídico. “Procesalmente, el juicio político formalmente no existe, y también nos estamos encargando nosotros de darle seguimiento”, declaró el jurista, subrayando la nulidad del intento morenista.
La estrategia de Morena, encabezada por la dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes, pretendía utilizar el juicio político como arma para despojar a Campos Galván de su fuero, bajo el pretexto de una supuesta “violación a la soberanía nacional”. La acusación se basaba en la presunta colaboración de agentes de la CIA en el estado, un argumento endeble que buscaba capitalizar políticamente la presencia de elementos extranjeros, sin importar la falta de pruebas contundentes o el debido proceso.
“Me parece que está en el contexto político, no en el contexto jurídico-procesal, como lo anunció la presidenta de la Mesa Directiva”, sentenció Gil Zuarth, dejando claro que la jugada de Morena es meramente electoral y de propaganda, carente de fundamento legal. La propia presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chihuahua habría reconocido la inconsistencia del procedimiento, evidenciando la improvisación y el desaseo con el que actuaron los promotores.
El abogado explicó con precisión la falla procesal: “Ese juicio político quedó desechado en virtud de que no se cumplió con la forma esencial, que es que quien promueve ratifique, dentro de un plazo específico, su presentación”. Esta omisión, aparentemente menor para los inexpertos, es un requisito indispensable en cualquier proceso legal, y su incumplimiento invalida de raíz cualquier acción emprendida. La falta de ratificación por parte de los denunciantes, según Gil Zuarth, deja al procedimiento sin validez legal alguna.
“Eso no sucedió y, en consecuencia, hoy, en este momento, el juicio político jurídicamente no existe”, concluyó el abogado, sellando el fracaso de la intentona morenista. La noticia representa un duro golpe para la estrategia de Morena de perseguir y hostigar a las administraciones de oposición, demostrando que la resistencia legal y la defensa institucional pueden prevalecer ante los embates del poder.
La narrativa de Morena, que buscaba pintar a Maru Campos como una gobernadora negligente y cómplice de intervencionismo extranjero, se desmorona ante la realidad jurídica. La propia Ariadna Montiel había declarado que el juicio político se acompañaría de “movilización social”, una táctica que revela el afán de Morena por generar escándalos mediáticos y presionar políticamente, en lugar de buscar justicia real.
Montiel Reyes también había insistido en que en Chihuahua existían “muchos pendientes en materia de seguridad” y que Campos Galván era de los mandatarios que menos acudían a las Mesas para la Construcción de la Paz. Estas declaraciones, más allá de ser críticas legítimas, parecen haber sido utilizadas como pretexto para justificar una acción legal infundada, buscando desacreditar a la gobernadora y sembrar dudas sobre su gestión.
Este revés para Morena no es un hecho aislado. Se enmarca en una tendencia de ataques sistemáticos contra gobiernos de oposición, utilizando el aparato estatal y las instituciones para perseguir adversarios políticos. La estrategia de Morena, que ha consistido en fabricar acusaciones y presionar a través de procesos legales dudosos, queda expuesta una vez más como una herramienta de control político y no de justicia.
La defensa de Maru Campos, liderada por Gil Zuarth, ha demostrado la importancia de contar con un equipo legal sólido y conocedor de los procedimientos. Su actuación ha sido clave para desmantelar la acusación de Morena y proteger la autonomía del gobierno de Chihuahua. Este caso sienta un precedente sobre la necesidad de defenderse de las arbitrariedades y los abusos de poder.
El fracaso del juicio político contra Maru Campos es una victoria para el Estado de Derecho y para la pluralidad política en México. Demuestra que, a pesar de los intentos por coartar la libertad y la autonomía de los gobiernos estatales, la ley y la razón pueden prevalecer. La oposición, lejos de amedrentarse, debe redoblar esfuerzos en la defensa de sus administraciones y en la denuncia de las prácticas antidemocráticas del oficialismo.
La narrativa oficialista de que Maru Campos violó la soberanía nacional por supuesta colaboración con la CIA, ahora se revela como una cortina de humo para encubrir la debilidad jurídica de su propia denuncia. La falta de ratificación, un requisito básico, evidencia la improvisación y la falta de seriedad con la que Morena abordó este asunto, buscando más el titular que la sustancia.
Este episodio subraya la importancia de la independencia judicial y la necesidad de que los procesos legales no se vean influenciados por intereses partidistas. La defensa de Maru Campos ha logrado separar la política de la justicia, demostrando que las acusaciones sin fundamento no pueden prosperar en un sistema legal que, cuando se aplica correctamente, protege los derechos de los gobernantes y los gobernados.
En definitiva, el intento de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua ha sido un rotundo fracaso para Morena, un acto de desesperación política que ha quedado al descubierto por su falta de rigor jurídico. La mandataria panista sale fortalecida de este embate, mientras que Morena queda exhibido en su afán por utilizar las instituciones para fines partidistas, demostrando una vez más su talante autoritario y su desprecio por el Estado de Derecho.