La opacidad y el deslinde institucional vuelven a ser la norma en el sexenio de la autodenominada "Cuarta Transformación". El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, ha optado por el silencio y la evasión ante las preguntas incómodas sobre el general en retiro Gerardo Mérida, quien fungió como titular de Seguridad Pública en Sinaloa y hoy enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.

Mérida, tras mes y medio de ser señalado por el Departamento de Justicia de la Unión Americana, decidió entregarse a las autoridades estadounidenses, apareciendo en su primera audiencia formal encadenado de pies y manos, una imagen que habla por sí sola sobre la gravedad de las acusaciones.

La pregunta que resuena en los pasillos del poder y en la opinión pública es clara: ¿cuánta responsabilidad recae en las Fuerzas Armadas cuando sus generales, incluso en situación de retiro, son designados para encabezar labores de seguridad pública o fiscalías en diversas entidades federativas? La respuesta, por ahora, parece ser un conveniente "nosotros no fuimos".

El general Trevilla, en su comparecencia en "la mañanera", se deslindó categóricamente del actuar de Mérida, afirmando que la Secretaría de la Defensa Nacional "no tiene nada que opinar en relación con este asunto". Según el titular de la Defensa, el caso es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR) u otras autoridades en Estados Unidos. Una respuesta que, cuanto menos, resulta extraña y conveniente.

Gerardo Mérida no llegó a Sinaloa por accidente. Su nombramiento como titular de Seguridad Pública en septiembre de 2023, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se dio en un contexto donde candidatos no provenientes de las Fuerzas Armadas eran vetados desde Palacio Nacional para ocupar dichas secretarías. Esto sugiere una política deliberada de militarización de la seguridad pública en el país.

Un reportaje de "El Sol de México" de diciembre de 2024 reveló que al menos 15 secretarías de seguridad en el país estaban encabezadas por militares en retiro. Lo más revelador es que la mayoría de estas entidades son gobernadas por Morena, el partido en el poder. La coincidencia es tan marcada que resulta difícil de ignorar, alimentando la sospecha de una estrategia orquestada.

La sustitución de Mérida en Sinaloa, precisamente por otro militar, en diciembre de 2024, y la posterior aparición de su nombre en acusaciones en Estados Unidos, abrieron un complejo acertijo jurídico-mediático. ¿Investigaría la Defensa a uno de sus propios generales? ¿Reclamaría la FGR su extradición? ¿Actuaría la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha exigido pruebas a EU sobre otros sinaloenses señalados, como el gobernador con licencia Rubén Rocha?

Lo que ocurrió fue un doble deslinde. Primero, Sinaloa, a través de su gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, se distanció de Mérida, atribuyendo su nombramiento a una decisión de la Defensa. Segundo, y ante la inacción de la FGR y la propia Defensa, Mérida decidió entregarse voluntariamente en Arizona el pasado 11 de mayo.

La explicación del general Trevilla sobre la autonomía de los gobiernos estatales para solicitar recomendaciones a la Defensa suena a una burla. "Los gobiernos de los estados son autónomos", declaró Trevilla, "ellos, en algún momento dado, pueden solicitar el apoyo a la Defensa, en el sentido de que se recomiende. O sea, piden la opinión de cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera, y se da la opinión. Así es como sucedió". Esta narrativa minimiza la profunda influencia y el control que ejerce la cúpula militar sobre las designaciones.

Una institución como la Defensa Nacional no otorga "cartas de recomendación" a la ligera, menos aún para 15 militares de alto rango en un sexenio donde los uniformados han acumulado un poder y unos negocios sin precedentes. Pretender deslindarse ahora de las consecuencias de esas "recomendaciones" es, cuanto menos, irresponsable y sospechoso.

La discusión sobre la militarización de la seguridad pública es crucial y urgente. Si un civil en puestos clave se corrompe o actúa de forma dañina, quien lo recomendó debe rendir cuentas. ¿Por qué los militares habrían de ser la excepción? Máxime cuando el jefe de zona militar en Sinaloa compartió mesa de seguridad con Mérida durante 15 meses, y fue otro general quien lo sustituyó. Hay mucho que explicar, incluso si se asume, hipotéticamente, la inocencia del hoy preso en Nueva York.

Este caso pone de manifiesto la fragilidad de las instituciones civiles y la creciente influencia del estamento militar en la vida pública del país, una tendencia que, lejos de garantizar la seguridad, parece abrir la puerta a nuevas formas de opacidad y posible corrupción. La defensa, al deslindarse, solo profundiza la crisis de confianza.

La postura de la Defensa Nacional, al evadir su responsabilidad en el caso Mérida, no solo es una falta de transparencia, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la rendición de cuentas dentro de las fuerzas armadas. La ciudadanía merece respuestas claras y no evasivas ante escándalos que involucran a altos mandos militares en funciones de seguridad pública.

El deslinde del general Trevilla es un reflejo de la estrategia del gobierno de López Obrador: negar, minimizar y desviar la atención ante cualquier señalamiento de corrupción o mal manejo. La militarización de la seguridad pública, impulsada por este gobierno, se está convirtiendo en un caldo de cultivo para la impunidad, y el caso Mérida es solo la punta del iceberg.

La pregunta final es si la "opinión" de la Defensa sobre un general en retiro es solo una formalidad o si implica una aprobación tácita de su conducta y trayectoria. La respuesta de Trevilla sugiere que, para la Defensa, la responsabilidad termina donde empieza el proceso judicial en otro país, dejando a la ciudadanía a merced de la incertidumbre y la desconfianza.