El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se prepara para lanzar un Programa de Regularización Fiscal en 2027, una iniciativa que, tras ser aprobada en la Cámara de Diputados, promete abrir la puerta a grandes corporaciones para negociar y saldar deudas fiscales millonarias. La medida, que busca condonar hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución, ha generado controversia al eliminar el límite de ingresos y el tope de 300 millones de pesos que hasta ahora restringían el acceso al programa.
Esta nueva disposición permitirá que más de 16,000 grandes empresas, responsables de una porción significativa de los ingresos fiscales del país, puedan beneficiarse. Se estima que estas corporaciones aportan al erario más de dos billones 300,000 millones de pesos. La edición 2026 del programa, según cifras del diputado Ricardo Monreal, benefició a más de 38,000 contribuyentes, generando entre 6,000 y 6,500 millones de pesos en recaudación.
La aprobación en la Cámara de Diputados, impulsada tras una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ahora deberá ser votada en el Senado. La oposición ha criticado la medida, considerándola una contradicción a la prohibición de condonaciones fiscales implementada en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Monreal ha defendido la iniciativa, argumentando que se trata de incentivos fiscales dirigidos a accesorios (multas y recargos) y no a los impuestos principales, asegurando que ningún contribuyente con adeudos de impuestos podrá acceder al programa.
Históricamente, cada inicio de sexenio era común la publicación de decretos presidenciales que otorgaban condonaciones fiscales a empresas. Muchas compañías optaban por no pagar sus impuestos y esperar estas amnistías cada seis años, o bien, prolongaban litigios con la expectativa de un beneficio similar. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la determinación de créditos fiscales mostró un comportamiento irregular, mientras que desde 2019 se observa un crecimiento constante en el total de estos adeudos.
Al cierre de junio de 2026, el total de créditos fiscales ascendía a 3.2 billones de pesos, una cifra que supera en más de seis veces los 516,504 millones registrados en 2013. Los créditos fiscales representan cantidades determinadas a favor del fisco, que incluyen contribuciones y sus accesorios como multas y recargos. En el caso de deudas antiguas, es decir, con más de cinco años de antigüedad, las multas y recargos pueden llegar a constituir entre el 55% y 60% del monto total adeudado.
El diputado Monreal enfatizó la distinción entre impuestos y sus accesorios: "La realidad es que se abusó de las reglas de condonación que venían en las leyes de ingresos de antes de López Obrador. Aquí hay una distinción importante, recargos y multas son accesorios de las contribuciones, no son las contribuciones por sí mismas. La contribución es la contribución histórica y su actualización, que no es otra cosa más que traer a valor presente por inflación esas cantidades".
Las grandes empresas, definidas como aquellas con ingresos acumulables superiores a 2,000 millones de pesos en el ejercicio fiscal anterior, reportaron al cierre del segundo trimestre de 2026 créditos fiscales con el SAT por 1.11 billones de pesos. Esta cifra es casi cinco veces superior a los 231,787 millones registrados en 2019, lo que evidencia un crecimiento sostenido en los adeudos de este sector, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El artículo 21 transitorio, agregado a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante la discusión en la Cámara de Diputados, estipula que esta disposición aplicará para créditos fiscales que se encuentren consentidos o firmes. Esto significa que las empresas inmersas en juicios o recursos de revocación podrán desistirse de sus procedimientos para que el crédito fiscal se considere firme y, de esta manera, acceder al beneficio de la condonación de multas y recargos.
Si bien el Código Fiscal de la Federación ya contemplaba la condonación de multas al 100% en sus artículos 70 y 74, la condonación de recargos solía limitarse a una tercera parte. El nuevo estímulo, al ofrecer el 100% de condonación en ambos conceptos, representa un cambio significativo, según especialistas en la materia.
En 2013, un análisis interno del propio SAT sobre el programa "Ponte al Corriente" ya advertía sobre los riesgos de repetir amnistías fiscales. El organismo recaudador señaló entonces que la recurrencia de estos programas debilitaba los incentivos para el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, sugiriendo que las empresas podrían acostumbrarse a esperar estos beneficios en lugar de pagar sus impuestos a tiempo.
La decisión de eliminar el tope de ingresos y el monto máximo para la condonación de multas y recargos abre un debate sobre la equidad fiscal y la efectividad de las políticas recaudatorias. Mientras algunos argumentan que se trata de un incentivo necesario para regularizar adeudos y fomentar la inversión, otros advierten sobre el riesgo de sentar un precedente que premie la morosidad fiscal y debilite la cultura de cumplimiento.
El contexto de grandes deudas fiscales por parte de corporativos no es nuevo. A lo largo de diferentes administraciones, se han presentado diversas estrategias para intentar sanear las finanzas públicas y recuperar montos significativos. Sin embargo, la magnitud de los créditos fiscales acumulados por las grandes empresas en los últimos años sugiere que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para contener el crecimiento de estos pasivos.
La discusión en el Senado se anticipa tensa, con la oposición buscando revertir o al menos modificar una medida que consideran perjudicial para la recaudación y la percepción de justicia fiscal. El resultado de esta votación podría tener implicaciones importantes en la política fiscal del país y en la relación entre el gobierno y el sector empresarial.
En última instancia, la efectividad de este programa dependerá de su implementación y de la capacidad del SAT para asegurar que los beneficios se traduzcan en un aumento real de la recaudación y no solo en una condonación masiva de deudas, como advirtieron análisis previos del propio organismo.
El precedente de condonaciones fiscales en administraciones anteriores, como las ocurridas en los periodos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde la determinación de créditos fiscales se comportó de manera irregular, añade una capa de preocupación sobre la posibilidad de que estas medidas se conviertan en un ciclo recurrente, debilitando la disciplina fiscal a largo plazo.