El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2027 ha puesto en evidencia una marcada disparidad en la asignación de recursos para las instituciones de educación superior públicas del país. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la máxima casa de estudios, se perfila como la gran perjudicada, con una propuesta de incremento real de apenas el 1 por ciento, lo que se traduce en un presupuesto de 56 mil 6 millones de pesos.
Esta cifra contrasta drásticamente con los aumentos propuestos para otras instituciones clave. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) se beneficiarían de un crecimiento real del 7.1 por ciento. El IPN recibiría 25 mil 195.5 millones de pesos, mientras que el TecNM alcanzaría los 24 mil 735.6 millones de pesos.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) también experimentaría un crecimiento más significativo que la UNAM, con un aumento real del 3.5 por ciento, lo que significaría un presupuesto de 10 mil 776.9 millones de pesos. De manera similar, la Universidad Pedagógica Nacional vería un incremento real de alrededor del 3.5 por ciento, con un presupuesto de mil 226.4 millones de pesos.
En el extremo opuesto, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García recibirían un presupuesto de 3 mil 205.6 millones de pesos, prácticamente sin crecimiento real, destinado a mantener la operación de sus más de 200 sedes. La Universidad de las Lenguas Indígenas de México, por su parte, dispondría de 12.9 millones de pesos, con un incremento real cercano al 0.8 por ciento.
El Contexto de la UNAM y el Llamado a la Austeridad
La propuesta presupuestal para la UNAM surge en un contexto donde su rector, Leonardo Lomelí Vanegas, ha expresado la imposibilidad de expandir la matrícula sin un incremento en la inversión pública. Esta declaración se produce tras un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a que la UNAM implementara mayores medidas de austeridad para poder admitir a más aspirantes.
Lomelí Vanegas respondió a este llamado señalando que la universidad ya ha implementado medidas de austeridad y que, si bien se puede buscar un esfuerzo adicional, el crecimiento a largo plazo de la educación superior debe depender de una mayor inversión pública. La diferencia en los porcentajes de aumento entre la UNAM y otras instituciones sugiere una priorización distinta en la política de gasto del gobierno federal.
Expansión de la Universidad Rosario Castellanos
Paralelamente a la situación de la UNAM, el gobierno federal planea continuar la expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Para 2027, se proponen mil 598.9 millones de pesos para esta institución, con el objetivo de ampliar su presencia territorial mediante la apertura de nuevas sedes en Michoacán, Estado de México y Puebla.
La Universidad Rosario Castellanos ha mostrado un crecimiento notable, superando los 93 mil estudiantes durante 2026 y experimentando un aumento del 66 por ciento en su matrícula en menos de un año. Además, ha abierto cinco nuevas unidades académicas en Michoacán, Morelos y Sinaloa.
Esta institución, junto con el IPN, el TecNM y universidades públicas estatales, participa en la plataforma Educación Superior 2026, que ha ofrecido 37 mil 503 espacios para jóvenes que no lograron ingresar a la UNAM. El gobierno federal destaca que, en los primeros dos años de la administración, se han creado 245 mil nuevos espacios de educación superior.
Implicaciones y Próximos Pasos
La propuesta del Paquete Económico 2027 aún debe ser sometida a análisis y aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Esto significa que las cifras y asignaciones presentadas podrían ser objeto de modificaciones durante el proceso legislativo. La diferencia en el trato presupuestal entre la UNAM y otras instituciones educativas podría generar debate y presión política sobre el gobierno federal.
Históricamente, la UNAM ha sido un pilar fundamental en la educación superior en México, y cualquier recorte o incremento mínimo en su presupuesto suele ser objeto de escrutinio público y académico. La percepción de un trato desfavorable podría movilizar a la comunidad universitaria y a sectores de la sociedad civil que defienden la autonomía y el financiamiento adecuado de la máxima casa de estudios.
El análisis del presupuesto educativo es crucial para entender las prioridades del gobierno en materia de desarrollo social y humano. La distribución de recursos entre las distintas instituciones refleja no solo decisiones financieras, sino también visiones sobre el papel de la educación pública en el país y el futuro de las nuevas generaciones.
La política de austeridad republicana, impulsada por el gobierno, parece tener un impacto diferenciado en las instituciones educativas. Mientras algunas reciben un impulso significativo, otras, como la UNAM, enfrentan un panorama de crecimiento limitado, lo que podría afectar su capacidad para responder a la creciente demanda de educación superior de calidad y para mantener su liderazgo en investigación y difusión de la cultura.
La discusión en la Cámara de Diputados será determinante para definir el destino final de estos recursos. Los legisladores tendrán la tarea de ponderar las necesidades de cada institución, las prioridades nacionales y las demandas de la sociedad civil, en un ejercicio que pondrá a prueba el equilibrio entre la disciplina fiscal y la inversión estratégica en educación.
En este contexto, la UNAM se encuentra en una posición vulnerable, dependiendo de las negociaciones políticas y de la capacidad de sus representantes para defender un presupuesto que, según las cifras preliminares, se percibe como insuficiente para sus ambiciones de crecimiento y para satisfacer la demanda educativa del país.