La propuesta de reforma a la Ley Aduanera para 2027, enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso, ha encendido las alarmas entre los sectores empresariales de México. Importadores y exportadores advierten que la iniciativa, que busca eliminar la subvaluación de mercancías, podría generar severos problemas logísticos, incluyendo retrasos significativos en las cadenas de suministro, un aumento en los costos operativos y una saturación crítica en las aduanas, que ya operan por encima de su capacidad.
Representantes de la industria, agentes aduanales, académicos y asesores en comercio exterior expresaron estas preocupaciones durante una reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. El punto central de la discordia es la pretensión de eliminar el umbral actual del 50% para determinar la subvaluación de mercancías. La reforma propone que las autoridades aduaneras puedan aplicar un embargo precautorio inmediato ante cualquier diferencia detectada entre el valor declarado por el importador y el precio estimado por la autoridad, además de facultades de comprobación por variaciones de precio respecto a mercancías comparables.
Impacto en Cadenas de Suministro
La aplicación generalizada de estas medidas, en lugar de enfocarse en industrias específicas afectadas por prácticas desleales, podría tener un efecto devastador en las cadenas de valor. Sectores que operan bajo el modelo de producción ajustada, como la manufactura, la industria de autopartes, la automotriz y la de maquinaria, son particularmente vulnerables. Estos modelos, conocidos como "Just in Time", dependen de la fluidez y puntualidad de los envíos para evitar paros de producción y el incumplimiento de compromisos.
Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), ilustró la gravedad del problema con un caso documentado: una empresa que, a pesar de haber cubierto todas las contribuciones, actualizaciones y recargos exigidos, vio su mercancía retenida por aproximadamente seis meses. "Seis meses no representan solamente un problema administrativo, pueden significar paros de producción, incumplimientos con armadoras, costos de almacenaje, capital inmovilizado y afectaciones a compromisos de exportación", señaló Padilla, subrayando las consecuencias económicas y operativas de tales demoras.
Costos Colaterales y Falta de Transparencia
La complejidad de los procesos de verificación aduanera agrava la situación. Según Zurisaday Cruz, investigadora y académica, un dictamen técnico de valor por parte de los verificadores aduaneros puede extenderse por más de una semana. Incluso en ausencia de anomalías reportadas, estos retrasos generan costos colaterales sustanciales para los importadores. Se estima que los costos diarios por unidad retenida en aduana pueden oscilar entre 4,000 y 14,000 pesos, a lo que se suman cargos adicionales por el uso extendido de contenedores, que pueden ir de 130 a 270 dólares diarios. Además, las penalizaciones por entregas tardías y los paros en líneas de producción impactan las relaciones con socios y clientes.
Alejandra Rosete, directora de Comercio Exterior de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), destacó otro punto crítico: la falta de acceso de los importadores a la información sobre valores de mercancías idénticas o similares. Esta información, que reside exclusivamente en la autoridad aduanera, es crucial para la correcta declaración de valor. La ausencia de un mecanismo que permita a los importadores consultar estos datos podría llevar a discrepancias y retenciones injustificadas, especialmente si la autoridad pasa por alto mercancías con valores inferiores a los declarados.
Propuestas Alternativas y el Futuro del Comercio
Ante este panorama, diversos actores del sector han propuesto alternativas para fortalecer el control aduanero sin obstaculizar el comercio legítimo. Eréndira Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados (ANAFAC), advirtió sobre el riesgo de saturación en los recintos fiscalizados, lo que derivaría en demoras en el despacho, falta de espacio y pérdidas cuantiosas. "Hay que fortalecer el control aduanero eso sin duda todos lo queremos, pero sin convertirlo en un obstáculo para el comercio legítimo", afirmó.
Pedro Canabal, profesor de Auditoría de Comercio Exterior y Legislación Aduanera de la Universidad Panamericana y exfuncionario del SAT, sugirió el uso de tecnología e inteligencia artificial para identificar operaciones de alto riesgo y segmentar aquellas que no lo son. "El operador cumplido debe recibir un tratamiento distinto del operador que presenta inconsistencias recurrentes", planteó, enfatizando la necesidad de diferenciar entre el comercio lícito y las prácticas fraudulentas.
La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) propuso sustituir el embargo precautorio inmediato por un esquema de retención temporal con plazos fijos y acotados. Su presidente, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, detalló un esquema que incluye 24 horas para notificar, cinco días hábiles para acreditar el valor y 72 horas para resolver, solo si no se acredita la procedencia del embargo. Además, propuso acotar la eliminación del piso objetivo exclusivamente a mercancías de consumo final y sensibles, excluyendo bienes intermedios y activos fijos que son pilares de la industria maquiladora y la relocalización de cadenas de suministro.
Mesas de Trabajo y Expectativas
En respuesta a las preocupaciones planteadas, los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público acordaron establecer mesas de trabajo directas. Estas mesas reunirán a los sectores industriales, representantes empresariales, y autoridades aduaneras y fiscales, incluyendo al SAT y la SHCP, con el objetivo de revisar operativamente los puntos críticos de la propuesta. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la seguridad y el control aduanero y la facilitación del comercio, un aspecto clave en el contexto de la revisión del T-MEC, cuyo capítulo siete establece compromisos claros en materia de administración aduanera y facilitación.
La industria mexicana espera que estas mesas de trabajo conduzcan a modificaciones sustanciales de la iniciativa, que permitan salvaguardar la competitividad del país y evitar los efectos adversos que la reforma, tal como está planteada, podría generar en la economía nacional y en la atracción de inversiones, especialmente en el marco del nearshoring.