La diputada Paola Gárate Valenzuela, figura prominente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, ha vuelto a ser blanco de intimidación y amenazas directas, elevando la preocupación por la seguridad de los representantes populares en la entidad. La legisladora denunció públicamente el hallazgo de una corona fúnebre dejada en la puerta de su domicilio, un acto que trasciende la mera advertencia y se configura como una clara amenaza de muerte, orquestada presuntamente por el crimen organizado.

Este incidente no es un hecho aislado en la trayectoria de Gárate. La diputada, quien representa al PRI por la vía de representación proporcional en el Congreso de Sinaloa, ya había sido víctima de actos violentos en el pasado. En 2021, durante la jornada electoral, Gárate declaró haber sido privada de su libertad por grupos armados vinculados a actividades ilícitas. Meses después, en octubre de 2025, sufrió el despojo de su vehículo a manos de civiles armados, un hecho que culminó con el hallazgo posterior de la unidad abandonada.

La corona fúnebre, adornada con su nombre en letras doradas sobre una cinta negra, fue descubierta la noche del miércoles 10 de junio en su residencia ubicada en la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán. Al percatarse de la macabra ofrenda, Gárate procedió a notificar a las autoridades. Elementos del Ejército Mexicano y agentes de la Fiscalía General del Estado se desplegaron rápidamente en la zona para resguardar el área y dar inicio a las investigaciones pertinentes, buscando recabar evidencia y dar con los responsables de este acto de intimidación.

Paola Gárate no es solo una legisladora; su perfil profesional incluye ser licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), docente en la Universidad Autónoma de Occidente (UAdO) y columnista en el prestigiado periódico El Debate de Sinaloa. Su labor legislativa se centra en la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico y como secretaria de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, áreas clave para el desarrollo y la gobernanza de la entidad.

La reacción del PRI no se hizo esperar. Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder nacional del partido, condenó enérgicamente los hechos, calificándolos como un "mensaje criminal" y vinculándolos directamente con las denuncias que Gárate ha realizado contra "narcopolíticos" afines a Morena. Moreno Cárdenas acusó al "narcogobierno" de Morena de omisión, señalando que la solicitud de seguridad federal para la diputada, realizada con antelación, "sigue sin respuesta".

"La omisión del narcogobierno de Morena es grave. Cuando una representante popular recibe amenazas de muerte y no se le protege, el Estado está fallando", declaró Moreno en su cuenta de X, evidenciando la profunda fractura política y la acusación directa hacia el partido en el poder y las autoridades estatales y federales.

El PRI ha manifestado su intención de responsabilizar a Morena, al Gobierno de Sinaloa y al Gobierno Federal de la Cuarta Transformación si algo llegara a sucederle a Paola Gárate. La advertencia es clara: "no la van a silenciar". Este posicionamiento subraya la percepción del PRI de que las amenazas contra Gárate son una represalia por su activismo y sus denuncias contra la presunta infiltración del crimen organizado en la política.

Este lamentable suceso pone de manifiesto la alarmante situación de inseguridad que prevalece en Sinaloa, un estado históricamente marcado por la presencia del crimen organizado. La amenaza a una diputada, quien además ha sido víctima de estos grupos en el pasado, revela la audacia y la impunidad con la que operan estos cárteles, extendiendo su influencia hasta las esferas del poder político.

La situación de Gárate se enmarca en un contexto más amplio de señalamientos hacia políticos sinaloenses. El actual gobernador, Rubén Rocha Moya, ha sido uno de los políticos señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esta sombra de duda sobre figuras políticas de alto nivel contribuye a un clima de desconfianza y vulnerabilidad, donde las amenazas contra legisladores pueden ser interpretadas como un intento de silenciar voces críticas o de mantener el control territorial y político.

La respuesta de las autoridades, aunque presente con el despliegue de elementos de seguridad, deberá traducirse en resultados concretos. La investigación sobre la corona fúnebre debe ser exhaustiva y transparente, buscando no solo identificar a los autores materiales sino también a quienes ordenaron este acto de intimidación. La protección de Paola Gárate debe ser una prioridad ineludible para garantizar su integridad física y su derecho a ejercer su labor legislativa sin temor.

El PRI, al alzar la voz y señalar directamente a Morena y a los gobiernos estatal y federal, busca capitalizar políticamente el incidente, posicionándose como el partido defensor de la legalidad y la seguridad frente a un "narcogobierno". La estrategia es clara: culpar al oficialismo por la creciente violencia y la falta de resultados en materia de seguridad, mientras se proyecta como un baluarte contra la impunidad.

La comunidad política y la sociedad en general observan con atención el desarrollo de este caso. La forma en que las autoridades respondan a esta amenaza no solo definirá el futuro inmediato de Paola Gárate, sino que también enviará un mensaje contundente sobre el compromiso real del Estado mexicano para combatir al crimen organizado y proteger a quienes, desde la política, buscan defender los intereses ciudadanos.

La impunidad que parece rodear estos actos de intimidación es uno de los mayores flagelos que enfrenta México. Si las amenazas contra figuras públicas no son investigadas y sancionadas de manera ejemplar, se corre el riesgo de normalizar la violencia política y de erosionar aún más las instituciones democráticas, dejando a ciudadanos y representantes a merced de grupos criminales.

En este escenario, la labor de Gárate como defensora de la transparencia y la anticorrupción adquiere una relevancia aún mayor. Su persistencia, a pesar de las adversidades, la convierte en un símbolo de resistencia frente a las fuerzas que buscan coartar la libertad de expresión y la acción política legítima en Sinaloa y en todo el país.