México se embarca en una ambiciosa estrategia para transformar radicalmente sus hábitos de consumo financiero, con el objetivo de reducir drásticamente el uso del efectivo y masificar los pagos digitales en un plazo de apenas un año. La iniciativa, plasmada en la propuesta de Ley de Economía Digital, establece una meta audaz: que para 2027, los pagos digitales representen el 50% del total de las transacciones en el país. Este ambicioso plan busca replicar el éxito de Brasil, cuyo sistema de pagos instantáneos, Pix, se ha convertido en un referente mundial de adopción y eficiencia.
El camino trazado por México no parte de cero. El país ya cuenta con una infraestructura financiera robusta, incluyendo el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), así como las plataformas CoDi (Cobro Digital) y DiMo (Dinero Móvil). Sin embargo, la propia iniciativa reconoce que el principal obstáculo no reside en la existencia de estas herramientas, sino en su adopción y uso cotidiano por parte de la población y los comercios. La estrategia se enfoca en superar esta brecha, impulsando a comercios, prestadores de servicios y autoridades a habilitar y promover activamente los medios de pago electrónicos.
El espejo en el que México se mira es Brasil y su revolucionario sistema Pix. Lanzado en noviembre de 2020, Pix experimentó una adopción vertiginosa, integrándose de manera natural en las operaciones diarias de millones de brasileños. Para 2025, el sistema ya procesaba cerca de 80,000 millones de transacciones, moviendo más de 35 billones de reales, con una base de usuarios que superaba los 148 millones de personas físicas y 12.8 millones de empresas. Para enero de 2026, la cifra de usuarios individuales ya rebasaba los 170 millones, según datos del Banco Central de Brasil, evidenciando una penetración sin precedentes.
La clave del éxito brasileño, según analistas, radica en la transformación de comportamientos. Felipe Vallejo, presidente de Fintech México, identifica tres lecciones fundamentales de la experiencia de Pix para el caso mexicano. En primer lugar, modificar hábitos de pago requiere un estímulo estructurado y continuo que incentive tanto a consumidores como a comercios a explorar y adoptar nuevas formas de transacción. Este impulso debe ser lo suficientemente fuerte como para superar la inercia del efectivo.
En segundo término, la figura de una autoridad monetaria con la capacidad técnica y la voluntad política para impulsar cambios frente a los actores establecidos es crucial. En Brasil, el Banco Central desempeñó un papel protagónico en la promoción y regulación de Pix, asegurando su desarrollo y adopción. Esta autoridad debe ser capaz de navegar las complejidades del sistema financiero y mediar entre los distintos intereses.
Finalmente, Vallejo subraya la importancia de combinar obligaciones con incentivos. La experiencia brasileña demostró que la adopción de Pix no fue solo una cuestión de disponibilidad, sino también de beneficios tangibles para los usuarios. La obligatoriedad impuesta por las autoridades financieras brasileñas, aunque generó resistencia inicial, demostró ser efectiva a largo plazo, consolidando Pix como una herramienta indispensable.
La estrategia mexicana deberá abordar el desafío de la adopción, superando el temor de algunos sectores a un mayor control fiscal, especialmente por parte del SAT. La iniciativa de Ley de Economía Digital contempla medidas para facilitar la apertura de cuentas digitales, ampliar la aceptación de pagos electrónicos en todos los niveles de comercio y servicios, y capitalizar la infraestructura existente del SPEI y CoDi.
Sin embargo, el camino de CoDi y DiMo en México hasta ahora ha sido menos exitoso de lo esperado. CoDi, lanzado en septiembre de 2019 por el Banco de México, fue diseñado para facilitar pagos y cobros mediante códigos QR sin comisiones y con disponibilidad 24/7. A pesar de contar con 23.2 millones de cuentas validadas a julio de 2026, la cifra de operaciones acumuladas apenas alcanza los 21.5 millones, movilizando 20,263 millones de pesos. Esta escala palidece en comparación con Pix, que solo en enero de 2026 procesó más de 7,000 millones de operaciones.
Las razones de la limitada adopción de CoDi son diversas. La experiencia de usuario, que requiere generar o escanear un código QR y completar varios pasos desde la aplicación bancaria, puede resultar engorrosa. Además, la integración de CoDi no ha sido uniforme en todas las aplicaciones financieras, generando disparidades en su disponibilidad y funcionalidad. Por su parte, DiMo, lanzado en 2023 con la promesa de transferencias simplificadas mediante número telefónico, tampoco ha logrado una conexión significativa con los usuarios, registrando apenas 11 millones de teléfonos vinculados.
Ante este panorama, la nueva estrategia gubernamental busca simplificar la experiencia del usuario y potenciar el uso de sistemas como SPEI y CoDi a través de las aplicaciones bancarias existentes. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ha enfatizado la necesidad de acelerar la adopción de estas herramientas para cerrar la brecha digital y consolidar un ecosistema de pagos más eficiente y moderno. El reto es convertir la infraestructura existente en un hábito de consumo generalizado, emulando el éxito brasileño y sentando las bases para una economía menos dependiente del efectivo.