El panorama político mexicano se agita ante la inminente decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la creación de nuevos partidos políticos. De las cuatro organizaciones que aspiran a obtener registro nacional, todo apunta a que Somos México y Que Siga la Democracia serán las que logren consolidarse. Su eventual incorporación al sistema de partidos no es un asunto menor; representa una modificación significativa en el ajedrez electoral, obligando a las fuerzas políticas tradicionales a una profunda reevaluación de sus estrategias, alianzas y, sobre todo, de sus liderazgos.
En este escenario de reconfiguración, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano se encuentran en un momento crucial. La pregunta que resuena en sus cúpulas es trascendental: ¿unirse en una gran coalición o presentarse divididos en los comicios intermedios del próximo año? Las encuestas más rigurosas pintan un cuadro preocupante para la oposición: la fragmentación electoral podría traducirse en derrotas contundentes en diversas entidades, una merma en su competitividad general y, en casos extremos, un riesgo para su propia viabilidad regional.
La lógica política, por tanto, empuja hacia una alianza amplia. Sin embargo, antes de siquiera soñar con plataformas comunes o candidaturas compartidas, la oposición enfrenta un obstáculo interno de gran calado: la cuestionada legitimidad y el desgaste de sus actuales dirigencias nacionales. Tanto el PRI como el PAN cargan con liderazgos que, lejos de sumar, generan un pasivo considerable entre el electorado.
En el caso del tricolor, el nombre de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como "Alito", es inevitable. Su gestión al frente del partido ha estado marcada por los peores resultados electorales en la historia moderna del PRI. Bajo su liderazgo, el partido ha sufrido derrotas significativas en la elección presidencial, ha perdido gubernaturas clave, espacios en congresos locales, alcaldías y una vasta red territorial que durante décadas fue su bastión. La permanencia de Alito en la dirigencia se explica más por el férreo control que ejerce sobre los órganos internos del partido que por un respaldo electoral genuino.
Es un error atribuir el reciente triunfo del PRI en Coahuila a la figura de Alito Moreno. Esa victoria fue, en realidad, un logro de los priistas coahuilenses, encabezados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. La elección se construyó desde la base local, cimentada en los resultados de gobierno, la seguridad pública y una operación política territorial efectiva. Presentar ese triunfo como un salvavidas para la dirigencia nacional es ignorar la realidad de las dinámicas locales.
El PAN no está exento de problemas. Su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, ha intentado revitalizar al partido a través de procesos de reorganización y refundación, pero estos esfuerzos no se han traducido aún en un crecimiento electoral tangible. Acción Nacional sigue batallando para reconectar con amplios sectores de la ciudadanía, y el desgaste se agudiza con los señalamientos relacionados con el llamado "cártel inmobiliario". Esta narrativa, impulsada desde el oficialismo, ha afectado la percepción pública de algunos de sus líderes y ha complicado la estrategia de posicionamiento del partido, independientemente de su sustento jurídico.
Ante este panorama, si existe una genuina voluntad de construir una alternativa viable frente a Morena y sus aliados, el primer paso ineludible debería ser una profunda renovación de liderazgos. La oposición requiere dirigentes con capacidad de sumar, de construir puentes y de atraer a ciudadanos independientes, no a aquellos que profundizan divisiones o movilizan únicamente a las estructuras partidistas tradicionales.
Una coalición opositora no puede edificarse sobre figuras que generan rechazo en amplios segmentos del electorado. Antes de pensar en programas de gobierno o estrategias conjuntas, el PRI y el PAN deben resolver el grave problema de representación que aqueja a sus dirigencias nacionales. La credibilidad y la capacidad de convocatoria son esenciales, y en esta ecuación, tanto Alito Moreno como Jorge Romero parecen haberse convertido en parte del problema, no de la solución.
La elección intermedia que se avecina será definitoria. Se pondrán en juego 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, congresos locales y cientos de ayuntamientos. Para Morena, representa la oportunidad de consolidar su hegemonía; para la oposición, podría ser la última llamada para evitar diluirse hasta convertirse en una fuerza testimonial.
La oposición tiene ante sí una decisión histórica: forjar una coalición con posibilidades reales de competir o resignarse a una nueva derrota. Lo que parece cada vez más claro es que el camino hacia una alianza efectiva difícilmente podrá transitar por las actuales dirigencias del PRI y del PAN. La debilidad de estos liderazgos, sumada a la potencial irrupción de nuevos partidos, crea un escenario de incertidumbre que podría beneficiar a las fuerzas emergentes y debilitar aún más a las tradicionales.
En un giro inesperado, las acusaciones de narcopolítica contra figuras del oficialismo, provenientes de cortes en Estados Unidos, podrían generar un terremoto político para el partido en el poder. Este escándalo, de confirmarse y escalar, podría ser la catástrofe de la que Morena difícilmente se recuperaría en los comicios del próximo año, abriendo una ventana de oportunidad para una oposición que, paradójicamente, lucha por unirse bajo liderazgos cuestionados.
El PRI, bajo el mando de Alejandro Moreno, ha navegado en aguas turbulentas, acumulando derrotas y perdiendo su peso histórico. La dirigencia de "Alito" se ha caracterizado por una gestión que privilegia el control interno sobre la renovación y la conexión con la ciudadanía. Los resultados electorales han sido consistentemente negativos, erosionando la base de apoyo del partido y generando un profundo descontento entre sus militantes y simpatizantes. La victoria en Coahuila, aunque celebrada, fue un triunfo local que no puede ser capitalizado a nivel nacional por una dirigencia desgastada.
Por su parte, el PAN, bajo Jorge Romero, ha intentado una reestructuración que no ha logrado revertir la tendencia a la baja en las preferencias electorales. La falta de conexión con sectores clave de la sociedad y el lastre de escándalos como el "cártel inmobiliario" han mermado su imagen pública. La oposición en su conjunto necesita una renovación profunda, no solo en sus plataformas, sino fundamentalmente en sus cuadros directivos, para poder presentar una alternativa creíble y competitiva.
La fragmentación del voto, la debilidad de los liderazgos tradicionales y la posible emergencia de nuevos actores políticos configuran un escenario complejo para las próximas elecciones. La oposición se encuentra en una encrucijada: o logra superar sus divisiones internas y renovar sus cuadros directivos, o corre el riesgo de ver mermada su capacidad de influencia y convertirse en una fuerza política marginal.