La mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, no como imputada, sino como testigo, en un movimiento que ella y su partido, el PAN, han calificado como un intento burdo de "fabricar un caso" en su contra.

Campos Galván denunció que su citación es tramposa y viola normas constitucionales, argumentando que el Ministerio Público Federal la requiere para declarar sobre un operativo antinarcóticos realizado en marzo pasado en territorio chihuahuense, operativo en el que, según reportes, participaron elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

La presencia de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) junto a la gobernadora no fue casual. Fue una demostración de fuerza y unidad, un mensaje claro al gobierno federal de que la oposición no permitirá intimidaciones ni persecuciones políticas infundadas contra sus figuras.

"Nos quieren fabricar un caso", sentenció la gobernadora ante los medios congregados, visiblemente molesta pero firme. "Esta citación es una muestra clara de cómo se utilizan las instituciones para perseguir a quienes piensan diferente o a quienes no se doblegan ante el poder federal".

El PAN, por su parte, a través de su dirigente nacional, arremetió contra la FGR, calificando la acción como un "show político" orquestado desde Palacio Nacional. "No vamos a permitir que se utilice a la Fiscalía para golpear a nuestros gobiernos", declaró el líder panista, quien acompañó a Campos Galván en un gesto de solidaridad y respaldo total.

La gobernadora Campos Galván ha sido una voz crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, especialmente en temas de seguridad y en la distribución de recursos federales. Su administración en Chihuahua ha buscado implementar políticas propias, a menudo en contraste con la estrategia federal, lo que, según sus aliados, la ha puesto en la mira.

El operativo en cuestión, que involucró a la CIA, añade una capa de complejidad internacional al asunto. La participación de una agencia extranjera en operaciones dentro de México siempre genera debate sobre la soberanía y la coordinación interinstitucional. La FGR, al citar a la gobernadora como testigo, parece buscar esclarecer su conocimiento o participación en dicho operativo, pero el PAN lo interpreta como una maniobra para vincularla a irregularidades.

Fuentes cercanas al PAN señalan que esta acción de la FGR podría ser una respuesta a la creciente influencia de Campos Galván en la política nacional y a su potencial como figura de oposición. "No es casualidad que esto ocurra ahora, cuando se acercan tiempos electorales y la oposición busca consolidar liderazgos fuertes", comentó un analista político afín al partido.

La defensa de Campos Galván se centra en la forma en que fue citada. Argumentan que, como gobernadora, debió haber sido notificada de una manera distinta, y que ser llamada como "testigo" para declarar sobre un operativo específico, sin ser clara la naturaleza de la investigación, es una estrategia para presionarla o para obtener información que pueda ser utilizada en su contra.

El Partido Acción Nacional ha anunciado que dará seguimiento puntual a este caso y que está dispuesto a agotar todas las instancias legales y políticas para defender a su gobernadora. "No daremos un paso atrás. Defenderemos a Maru Campos y defenderemos la autonomía de los estados frente a los embates del poder central", afirmó un vocero del partido.

Este incidente subraya la polarización política que vive el país y la constante tensión entre el gobierno federal y las administraciones estatales, particularmente aquellas gobernadas por la oposición. La FGR, por su parte, ha mantenido un silencio oficial sobre los detalles específicos de la citación, limitándose a confirmar que se trata de una diligencia dentro de una investigación en curso.

La estrategia del PAN parece ser convertir esta situación en un símbolo de la lucha contra la "politización de la justicia" por parte del gobierno federal. Buscan capitalizar el apoyo ciudadano y generar empatía hacia la figura de Campos Galván, presentándola como una víctima de un sistema que busca silenciar las voces disidentes.

El futuro inmediato de este caso dependerá de las acciones que tome la FGR y de la respuesta legal y política que el equipo de Campos Galván y el PAN logren articular. Lo cierto es que la cita ante la Fiscalía ha escalado rápidamente de un asunto legal a un campo de batalla político, donde cada movimiento es escrutado y utilizado para fortalecer o debilitar las posiciones de los actores involucrados.

La gobernadora de Chihuahua, con el respaldo de su partido, ha decidido plantar cara, transformando lo que pudo ser una comparecencia discreta en un acto público de denuncia y resistencia, marcando un precedente en la confrontación entre el poder federal y los gobiernos estatales de oposición.