La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que acudirá este miércoles 27 de mayo al citatorio emitido por la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, pero su equipo legal ya prepara una contraofensiva judicial que podría poner en jaque a los fiscales federales responsables.
Su abogado defensor, Roberto Gil Zuarth, advirtió que presentarán una denuncia penal contra quienes resulten responsables de haber iniciado un procedimiento penal contra la mandataria estatal sin respetar el procedimiento constitucional que protege a funcionarios con fuero. La acusación es grave: violación flagrante al debido proceso.
Según explicó Gil Zuarth en entrevista radiofónica, el citatorio presenta contradicciones evidentes que revelarían la verdadera intención de la autoridad federal. Aunque formalmente Campos fue convocada en calidad de testigo, el documento invoca fundamentos legales aplicables únicamente a personas inculpadas. "Ese citatorio no viene fundado en la buena fe; tiene una clarísima intención de generar una trampa", denunció el expanista.
La defensa de la gobernadora sostiene que para proceder penalmente contra un funcionario con fuero constitucional, primero debe existir una declaratoria de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Congreso local. "Un Ministerio Público con un mínimo grado de profesionalismo sabe perfectamente bien que no puede citar a comparecer a una gobernadora del estado fuera del procedimiento constitucional", subrayó Gil Zuarth.
La denuncia que presentarán se fundamenta en el artículo 125, fracción XIX del Código Penal Federal, que sanciona a servidores públicos que violen garantías constitucionales. "Quien haya ordenado la apertura del procedimiento penal tiene que ser investigado y pagar las consecuencias", advirtió el abogado.
Maru Campos ha mantenido una postura de transparencia y disposición para colaborar con las autoridades, pero dejó claro que no permitirá atropellos a sus derechos constitucionales. La gobernadora acudirá personalmente a responder el citatorio "en los términos en los que fue formulado", aunque el documento no establece preguntas concretas ni solicita información específica.
El caso pone en evidencia las tensiones entre gobiernos estatales de oposición y las instituciones federales de procuración de justicia. La estrategia legal de Campos busca no solo defenderse, sino sentar un precedente sobre los límites del poder federal frente a autoridades estatales protegidas por fuero constitucional.