La recién anunciada Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aún sin publicación oficial, se perfila como el epicentro de una inminente batalla legal. Expertos en derecho y finanzas señalan serias preocupaciones sobre la constitucionalidad de la normativa, particularmente en lo referente a las amplias facultades que otorgaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para definir qué sectores del país deberán transitar exclusivamente hacia los pagos digitales, dejando de lado el efectivo.

La SHCP, Centro de la Controversia

El despacho legal Uruchurtu y Snipeliski ha sido uno de los primeros en alzar la voz, señalando que el Artículo 13 de la ley delega de manera excesiva la autoridad a la SHCP. Según Ron Snipeliski, socio del despacho, la ley faculta a una autoridad administrativa para determinar cómo se limitarán los derechos al libre comercio mediante pagos electrónicos en ciertos sectores, sin establecer criterios claros o parámetros definidos. La ley, tal como está redactada, otorga a la SHCP un plazo de apenas 15 días tras su publicación para identificar y designar los "sectores clave" que deberán operar sin efectivo. Esta falta de definición, según Snipeliski, genera una "total situación de incertidumbre jurídica".

Argumentos de Inconstitucionalidad

Juvenal Lobato Díaz, catedrático de derecho constitucional en la UNAM, coincide en que existen fundamentos sólidos para considerar la Ley de Economía Digital como inconstitucional. El argumento principal radica en la delegación de facultades que, en teoría, corresponden al Congreso de la Unión y no a una autoridad administrativa. Esta delegación, advierte Lobato Díaz, abre la puerta a la "discrecionalidad en el ejercicio" por parte de la SHCP, lo cual contraviene los principios constitucionales de certeza y legalidad.

El Precedente de la Ley Antilavado

Para ilustrar cómo debió haberse abordado una regulación de este tipo, los expertos recurren a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como Ley Antilavado. En su momento, el Congreso especificó detalladamente las actividades vulnerables y los montos a partir de los cuales se restringía el uso de efectivo. "Existe el precedente de la Ley Antilavado en donde los legisladores en aras de combatir el lavado de dinero estipuló las actividades en donde no se va a permitir pagar o liquidar cualquier pago con efectivo. En la ley se enumeraron todos esos sectores", recordó Ron Snipeliski. La Ley de Economía Digital, en contraste, carece de esta especificidad.

¿Hacia la Suprema Corte?

La disputa legal por la Ley de Economía Digital podría escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Juvenal Lobato Díaz anticipa que empresas afectadas podrían interponer amparos contra las disposiciones de la ley. Sin embargo, el catedrático de la UNAM se muestra cauto respecto a un resultado favorable, dada la actual conformación de la Corte y su tendencia a resolver asuntos en favor del Estado. "Me parece que podrían decir que se justifica porque son sectores muy específicos y muy particulares (...) Veo muy complejo que puede haber un resultado favorable en una eventual decisión de la SCJN sobre la constitucionalidad de la ley", señaló.

Riesgos de Exclusión Financiera: La Visión de Banamex

Más allá de las implicaciones legales, Banamex ha emitido sus propias advertencias sobre los riesgos asociados a la implementación de la Ley de Economía Digital. Si bien la institución reconoce el potencial de la ley para modernizar los sistemas de pago y reducir el uso de efectivo, subraya que su éxito dependerá de abordar de manera efectiva las barreras existentes en materia de bancarización, conectividad e incentivos para la adopción de pagos electrónicos.

El reporte económico de Banamex, publicado el 27 de octubre, destaca que una transición forzada hacia los pagos digitales sin resolver estas problemáticas podría resultar en la exclusión de amplios sectores de la población. La encuesta nacional de inclusión financiera de 2024 revela que una gran mayoría de adultos mexicanos aún depende del efectivo para transacciones cotidianas, incluso para montos bajos. Imponer restricciones sin la infraestructura adecuada podría elevar los costos operativos para micronegocios y limitar el acceso a bienes y servicios para aquellos sin cuentas bancarias.

Desafíos de Conectividad y Ciberseguridad

Banamex también pone el foco en las disparidades regionales y sectoriales. El análisis señala que la efectividad de los pagos digitales varía significativamente, citando el ejemplo de las gasolineras, donde el uso de efectivo oscila drásticamente entre estados y donde la cobertura móvil adecuada no está garantizada en todas las estaciones. La institución financiera enfatiza que la Secretaría de Hacienda deberá priorizar la implementación en zonas con infraestructura y conectividad sólidas, y que la legislación debe ir acompañada de medidas concretas como la reducción de comisiones, programas de educación financiera y robustos protocolos de ciberseguridad para generar confianza y facilitar la adopción generalizada.

El Camino a Seguir

La Ley de Economía Digital, en su afán por modernizar las transacciones financieras y combatir la informalidad, enfrenta un panorama complejo. Las advertencias sobre su potencial inconstitucionalidad y los riesgos de exclusión financiera plantean interrogantes sobre su viabilidad y el impacto real que tendrá en la economía mexicana. La SHCP se encuentra ante el desafío de justificar las facultades que le otorga la ley y de implementar las medidas necesarias para asegurar una transición equitativa y segura, mientras que el sistema judicial se prepara para dirimir las controversias que, sin duda, surgirán.