La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta una significativa merma en la recaudación fiscal para los años 2026 y 2027, al estimar que dejará de ingresar a las arcas públicas un total de 3.4 billones de pesos. Esta cifra obedece a la aplicación de diversos beneficios fiscales, tales como exenciones, subsidios y estímulos, que impactan directamente en impuestos clave como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Según el documento "Renuncias Recaudatorias 2026: Política Fiscal y Estimación de Ingresos", para el presente año 2026, se prevé que los estímulos fiscales sumen 1.67 billones de pesos, lo que representa aproximadamente el 4.48% del Producto Interno Bruto (PIB). Para el año siguiente, 2027, la cifra estimada de recursos que no llegarán a las arcas públicas asciende a 1.76 billones de pesos, equivalentes al 4.45% del PIB.
Es importante destacar, como lo explica la propia dependencia, que las "renuncias recaudatorias" no deben interpretarse como una erogación directa de recursos públicos o como ingresos previamente obtenidos que se gastan. Más bien, se refieren a mecanismos que permiten a los contribuyentes beneficiados reducir, evitar o posponer el pago de sus obligaciones fiscales. El propósito fundamental detrás de la concesión de estos beneficios es, según la SHCP, incentivar la inversión productiva y promover el bienestar social en el país.
La SHCP detalla que estas renuncias recaudatorias surgen de la existencia de tratamientos fiscales que se apartan de la estructura impositiva estándar de cada impuesto. Por lo tanto, la cuantificación de estas renuncias implica la identificación y diferenciación de dichos tratamientos fiscales específicos.
Beneficios Fiscales con Mayor Impacto
Dentro del abanico de beneficios fiscales otorgados, la Secretaría de Hacienda identifica aquellos que ejercen una mayor influencia en la reducción de la recaudación. Entre ellos, destacan de manera prominente la aplicación de una tasa cero de IVA para alimentos y medicamentos, los estímulos fiscales dirigidos a los contribuyentes ubicados en la región fronteriza norte, y las exenciones relacionadas con el ISR para personas físicas, particularmente aquellas vinculadas a jubilaciones y prestaciones laborales.
La exención del IVA para alimentos, por ejemplo, representa una renuncia recaudatoria considerable, estimada en un 1.26% del PIB. Para 2026, esto se traduce en 471,748 millones de pesos, y para 2027, la cifra proyectada es de 502,178 millones de pesos. Estos montos subrayan la magnitud del impacto de esta medida en la política de precios y el acceso a bienes básicos.
Estímulos en la Región Fronteriza y Fideicomisos
Los estímulos fiscales concedidos a los contribuyentes de la región fronteriza norte, tanto en el IVA como en el ISR, también representan una porción significativa de las renuncias recaudatorias. Para el año 2026, se estima que estos estímulos generarán una renuncia de 143,402 millones de pesos. Para el año siguiente, 2027, se proyecta un monto de 152,652 millones de pesos, reflejando la política de fomento económico en esta zona estratégica del país.
Por otro lado, los estímulos fiscales otorgados a fideicomisos, incluyendo las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) públicas y las FIBRA E, constituyen otro rubro de gran relevancia. Estos estímulos representan el 33.5% del total de las renuncias por concepto de estímulos fiscales. En conjunto, estos mecanismos equivalen al 69.4% del total de las renuncias recaudatorias asociadas a estímulos fiscales, sumando 133,860 millones de pesos para 2026 y 142,494 millones para 2027.
Exenciones por Jubilaciones y Pensiones
Finalmente, las exenciones del ISR aplicadas a las jubilaciones, pensiones y otros haberes del retiro para personas físicas también contribuyen de manera importante a la disminución de la recaudación. Se estima que estas exenciones representarán 103,937 millones de pesos en 2026 y alcanzarán los 119,641 millones de pesos en 2027. Estas cifras reflejan la política gubernamental de protección y apoyo a los adultos mayores y a quienes han concluido su vida laboral.
En el contexto económico actual, la gestión de estos beneficios fiscales es un acto de equilibrio para el gobierno. Por un lado, buscan estimular la economía, fomentar la inversión y apoyar a sectores específicos de la población. Por otro lado, implican una reducción considerable de los ingresos fiscales disponibles para financiar programas y servicios públicos. La política fiscal, en este sentido, se presenta como una herramienta compleja que debe ser cuidadosamente calibrada para alcanzar sus objetivos sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El análisis de estas renuncias recaudatorias es fundamental para comprender la estructura de los ingresos del Estado y las prioridades de gasto e incentivo que el gobierno establece. La política de estímulos y exenciones fiscales, aunque diseñada para generar efectos positivos en la economía y la sociedad, conlleva un costo en términos de recaudación que debe ser sopesado frente a los beneficios esperados.
La SHCP, al presentar estas proyecciones, ofrece un panorama claro sobre los desafíos que enfrenta la administración pública en materia de ingresos. La optimización de la política fiscal, buscando maximizar la recaudación sin ahogar la actividad económica ni el bienestar social, es un reto constante para cualquier gobierno. La transparencia en la presentación de estas cifras permite un escrutinio público y un debate informado sobre la efectividad y pertinencia de los beneficios fiscales implementados.
La magnitud de los 3.4 billones de pesos que se dejarán de recaudar subraya la importancia de evaluar periódicamente el impacto de estas medidas. Es crucial que los beneficios fiscales cumplan con sus objetivos declarados y que su diseño sea lo más eficiente posible para evitar fugas o usos indebidos que no se traduzcan en un beneficio neto para la sociedad o la economía.
En resumen, la política de estímulos y exenciones fiscales, tal como se desprende de los datos de la SHCP, representa una parte sustancial de la política económica del país. Su análisis detallado es indispensable para entender las dinámicas de ingresos del gobierno y las estrategias implementadas para influir en el comportamiento económico de los agentes.
La proyección de estas renuncias para 2026 y 2027 pone de manifiesto la continuidad de estas políticas y su impacto a mediano plazo. La administración pública se enfrenta al desafío de mantener un equilibrio delicado entre la necesidad de financiar el gasto público y la voluntad de utilizar el sistema fiscal como una herramienta de fomento económico y social.