El panorama fiscal para las empresas mexicanas se torna cada vez más complejo. Apenas se están adaptando a las reformas del Código Fiscal de la Federación (CFF) implementadas este año, que han facultado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar auditorías exprés, publicar listas negras de contribuyentes y pausar sellos digitales, cuando ya se vislumbran nuevos ajustes que podrían impactar severamente sus finanzas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha propuesto modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el ejercicio 2027, las cuales buscan limitar las deducciones empresariales. Estas medidas, según expertos, no solo amenazan con presionar el flujo de efectivo, sino que también podrían elevar la carga del ISR y, en última instancia, trasladarse a los consumidores en forma de precios más altos.
Margarita Medrano, socia de Impuestos de la firma fiscal y legal Baker Tilly en México, detalló en entrevista que los cambios recientes al CFF han dotado al SAT de herramientas sin precedentes para la fiscalización. "Prácticamente ese rubro ya está cubierto, aunado al tema de la inteligencia artificial, la big data, y toda la información con la que actualmente cuenta la autoridad por comprobantes fiscales", señaló.
La reforma de 2026 al Código Fiscal otorgó al SAT facultades para realizar auditorías exprés, congelar cuentas bancarias ante presuntos adeudos fiscales y, de manera crucial, pausar el sello digital de las empresas. Esta última medida se aplica si la autoridad detecta que se utilizaron facturas emitidas por empresas fantasma para realizar deducciones y estas no fueron debidamente desvirtuadas.
El sello digital es un componente indispensable para la emisión de facturas, incluyendo aquellas relacionadas con la nómina de los trabajadores. Su suspensión puede paralizar las operaciones de una compañía. Las empresas, ante este escenario, se han visto obligadas a invertir en nuevas herramientas tecnológicas para monitorear las listas negras del SAT, automatizar procesos internos, capacitar a su personal y realizar investigaciones más exhaustivas sobre sus proveedores y clientes.
"Ya hay revisiones de esa naturaleza, incluso ya hay publicaciones en el DOF con nombre y apellido de empresas que se encuentran en el supuesto de ser factureras", advirtió Medrano. "Esto representa un efecto dominó. Si tú como entidad te percatas, o no, de que alguien con quien tú has tenido una operación está publicado como una entidad que emite comprobantes falsos, tendrás que autocorregirte, tienes que eliminar o considerar cualquier tipo de efecto que hayas dado a esas operaciones con esas empresas".
Riesgos de la Limitación de Deducciones
Mientras las empresas lidian con las auditorías exprés y las pausas a sus sellos digitales, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ha encendido las alarmas sobre los riesgos inherentes a la limitación de las deducciones fiscales.
Víctor Hugo Vázquez Aguilar, presidente del Consejo Técnico del IMEF, expresó su preocupación por un "mecanismo de control de deducciones, sin distinguir entre deducciones indebidas y deducciones legítimas". Según sus análisis, en empresas con márgenes de utilidad bajos, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo podría incrementarse hasta un 66.5%. En algunos casos, los cálculos del IMEF apuntan a incrementos en los impuestos efectivamente pagados superiores al 100%, llegando incluso a superar la utilidad real de ciertas compañías.
Los sectores de distribución, manufactura y comercialización son identificados como los más vulnerables a estas nuevas disposiciones. La propuesta de Hacienda para 2027 establece que las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos no podrán solicitar deducciones que superen el 96.7% de sus ingresos acumulables, si estas exceden dicho límite.
Para las empresas que aplican esquemas fiscales menos agresivos, el límite de deducción se fijará en el 99%. Adicionalmente, se limitará la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio, aunque se ampliará el plazo para deducirlas de 10 a 20 años.
Vázquez Aguilar también señaló la incertidumbre sobre la recuperación efectiva de las deducciones no aplicadas durante 20 ejercicios, sujetas a los mismos límites. Otro punto crítico es el efecto acumulativo del ajuste al coeficiente de utilidad y la limitación de pérdidas fiscales, lo que genera una "presión desproporcionada sobre el flujo de efectivo y el capital de trabajo sin atender circunstancias particulares".
En contexto, estas medidas se suman a un entorno económico global volátil y a la necesidad de las empresas de mantener su competitividad. La capacidad de las compañías para gestionar sus flujos de efectivo y su carga fiscal será determinante para su supervivencia y crecimiento en los próximos años.
Históricamente, las reformas fiscales en México han buscado aumentar la recaudación, pero a menudo generan efectos secundarios en la actividad económica y en la inversión. La efectividad de estas nuevas disposiciones dependerá de su implementación y de la capacidad de las empresas para adaptarse a un marco regulatorio en constante cambio.
El análisis de especialistas sugiere que las empresas deberán redoblar esfuerzos en la planificación fiscal y en la optimización de sus procesos operativos para mitigar el impacto de estas nuevas regulaciones. La comunicación con las autoridades fiscales y la búsqueda de claridad en las normativas serán cruciales.
La SHCP, por su parte, argumenta que estas medidas buscan fortalecer las finanzas públicas y asegurar una mayor equidad tributaria. Sin embargo, la preocupación del sector empresarial radica en el potencial estrangulamiento de la liquidez y la rentabilidad, factores clave para la generación de empleo y el desarrollo económico del país.
El debate sobre el equilibrio entre la necesidad de recaudación y el fomento a la inversión y la actividad empresarial continuará siendo un tema central en la agenda económica mexicana.