El diputado Carlos Bautista Tafolla ha expresado serias dudas sobre la reciente solicitud de la Fiscalía de Michoacán para que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, entregue los teléfonos celulares del extinto alcalde Carlos Manzo. Bautista Tafolla argumenta que la petición, realizada diez meses después del asesinato de Manzo, levanta sospechas sobre la integridad de la investigación y abre la puerta a la posible manipulación de pruebas.
En declaraciones a Azucena Uresti, el legislador del Movimiento del Sombrero señaló que los dispositivos móviles fueron entregados a las autoridades desde el primer día. La pregunta que surge, según Bautista, es por qué la Fiscalía ahora requiere nuevamente estos aparatos. "¿Qué nos asegura que no le quieren sembrar algo, para destruir el movimiento, en su celular?", cuestionó, sugiriendo que la intención podría ser perjudicar al grupo político al que pertenecía Manzo.
Carlos Manzo, quien fungía como alcalde de Uruapan, fue víctima de un ataque directo el 1 de noviembre de 2025, mientras se encontraba en un evento público. Pocos días después, su esposa, Grecia Quiroz, asumió el cargo de alcaldesa, representando al mismo grupo independiente, el Movimiento del Sombrero. El asesinato de Manzo conmocionó a la región y puso en relieve la persistente violencia en Michoacán.
La solicitud de la Fiscalía, dada a conocer el 28 de agosto, ha generado tensión. Grecia Quiroz ha respondido a la petición manifestando que se siente perseguida y que las autoridades buscan "fabricar cualquier acusación". Ella comparte la preocupación de Bautista Tafolla, indicando que la entrega del teléfono podría ser utilizada para incriminar a Manzo o para alterar la evidencia existente.
"Creo que (el teléfono celular) es algo muy personal de Carlos (Manzo) y esto al momento de darlo se puede prestar a que le siembren cosas, a que traten de destruir", reiteró Bautista Tafolla, subrayando la naturaleza sensible de la información que podrían contener los dispositivos y el riesgo de que sea utilizada de manera impropia.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán, por su parte, ha justificado la solicitud argumentando que los celulares son necesarios para continuar con las diligencias y líneas de investigación del caso. La dependencia busca recabar información que pueda ser crucial para esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio.
Sin embargo, las dudas sobre la actuación de la Fiscalía no son exclusivas de Bautista. Juan Manzo, hermano del extinto alcalde, también ha expresado su inquietud. Según él, los teléfonos contienen evidencia de amenazas directas que Carlos Manzo recibió por parte de grupos criminales. Por ello, cuestionó la reticencia de Grecia Quiroz a entregar los dispositivos, aunque también reconoció la posibilidad de que la evidencia sea manipulada.
Juan Manzo también ha señalado como preocupante la designación de Samuel ‘N’ como director de protocolo de Uruapan, quien presuntamente habría actuado como informante para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta vinculación añade otra capa de complejidad y desconfianza a la situación política y de seguridad en Uruapan.
Es relevante recordar que en junio pasado, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, había minimizado la importancia de la entrega del celular, calificándola como "algo irrelevante" a esas alturas de la investigación. Este cambio de postura por parte de la Fiscalía genera aún más interrogantes sobre las motivaciones detrás de la solicitud actual.
Grecia Quiroz ha declarado en ocasiones anteriores que no se opone a que las autoridades accedan a la información del teléfono de su esposo, pero ha insistido en estar presente durante la revisión. Su desconfianza radica en la posibilidad de que el contenido sea alterado o que se introduzca información falsa. "No es un tema de que yo esté negada a que tengan la información, ustedes saben cómo se manejan las fiscalías y yo se lo dije al fiscal en su momento, que el celular ahí estaba, pero que en mi presencia yo permitía que viera lo que quisiera, en mi presencia, y lo sigo reiterando", afirmó, reiterando su temor a que "implica el riesgo de que se le quite o le pongan algo".
El caso del asesinato de Carlos Manzo y la posterior disputa por sus teléfonos celulares ponen de manifiesto las complejas dinámicas de poder y desconfianza que prevalecen en Michoacán. La solicitud de la Fiscalía, en un momento tan tardío de la investigación, es vista por algunos actores políticos como una maniobra que podría comprometer la búsqueda de justicia y la verdad.
El contexto de violencia en Michoacán, donde grupos criminales ejercen una influencia considerable, hace que cualquier investigación sobre un crimen de alto perfil sea particularmente sensible. La preocupación expresada por el diputado Bautista Tafolla y la alcaldesa Quiroz sobre la posible siembra de pruebas o manipulación de evidencia no puede ser desestimada a la ligera, especialmente cuando se trata de esclarecer el asesinato de un funcionario público.
La situación actual subraya la necesidad de transparencia y garantías en los procesos de investigación. La ciudadanía y los actores políticos esperan que la justicia prevalezca y que las autoridades actúen con diligencia y apego a la legalidad, sin dar pie a sospechas de encubrimiento o fabricación de culpables.
El Movimiento del Sombrero, como grupo político afectado, se encuentra en una posición vulnerable, y las acciones de la Fiscalía podrían ser interpretadas como un intento de desestabilizarlo o desacreditarlo. La postura firme de Quiroz y el apoyo de Bautista buscan, en última instancia, proteger la memoria de Carlos Manzo y asegurar que la investigación se lleve a cabo de manera imparcial y rigurosa.
La respuesta de la Fiscalía ante estas preocupaciones será crucial para determinar el curso de la investigación y la percepción pública sobre la impartición de justicia en Michoacán. La comunidad espera que se resuelvan las dudas y se garantice la integridad del proceso, evitando que la búsqueda de la verdad se vea empañada por sospechas de manipulación o intereses ocultos.