Villahermosa, Tabasco.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Rangel, ha lanzado una cruda admisión sobre uno de los flagelos más dolorosos que azotan a México: la desaparición de personas. En un encuentro con 56 colectivos de búsqueda, Godoy Rangel calificó el fenómeno como "una de las problemáticas más sensibles y complejas que enfrentamos", subrayando que el avance en su solución no solo depende del fortalecimiento institucional, sino también de una "apertura de espacios de diálogo directo y honesto entre las autoridades y las familias".
La reunión, celebrada en Tabasco, contó con la presencia de figuras clave en la administración federal y estatal, incluyendo a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez. La asistencia de estos altos funcionarios subraya la gravedad con la que el gobierno federal, al menos en el discurso, está abordando esta crisis humanitaria.
Un Reconocimiento Tardío de la Magnitud
Las palabras de Godoy Rangel, si bien necesarias, llegan en un contexto donde miles de familias mexicanas viven la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos. La complejidad del problema, que abarca desde la infiltración del crimen organizado hasta la posible complicidad de autoridades en diversos niveles, ha convertido la búsqueda de personas en una tarea titánica y, a menudo, infructuosa para las familias que, ante la inacción o ineficacia de las instituciones, se han organizado en colectivos para emprender sus propias investigaciones.
Históricamente, la falta de resultados contundentes y la persistencia de altos índices de impunidad han erosionado la confianza en las fiscalías y procuradurías. La declaración de Godoy Rangel, en este sentido, podría interpretarse como un intento de tender puentes y reconocer la legitimidad de las demandas de los colectivos, quienes han sido la punta de lanza en la exigencia de justicia y verdad.
El Papel de las Instituciones y la Urgencia del Diálogo
La funcionaria federal enfatizó la necesidad de "robustecer nuestras instituciones", una frase que resuena con fuerza ante las críticas recurrentes sobre la insuficiencia de recursos, capacitación y voluntad política para enfrentar la ola de desapariciones. La FGR, como cabeza de la investigación en delitos federales, enfrenta el desafío de coordinar esfuerzos con las fiscalías estatales, muchas de las cuales operan con severas limitaciones.
El llamado al "diálogo directo y honesto" con las familias es, quizás, el punto más crucial de su intervención. Durante años, muchos colectivos han denunciado la falta de empatía, la burocracia excesiva y, en algunos casos, la revictimización por parte de las autoridades. Un diálogo genuino implicaría no solo escuchar sus testimonios, sino también integrar sus hallazgos, respetar sus procesos de búsqueda y garantizar su seguridad.
El Contexto de la Violencia y la Impunidad
La problemática de las desapariciones en México está intrínsecamente ligada a la violencia generalizada y a las altas tasas de impunidad. La FGR, bajo la dirección de Godoy Rangel, ha enfrentado el reto de desentrañar redes criminales complejas y, al mismo tiempo, de lidiar con la herencia de miles de casos sin resolver. La cifra oficial de personas desaparecidas y no localizadas supera las 100,000, una estadística que solo refleja una parte de la cruda realidad, ya que muchos casos no llegan a ser registrados formalmente.
La presencia de Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, refuerza la idea de que la desaparición de personas es vista desde el Ejecutivo como un asunto de seguridad nacional y de derechos humanos. Sin embargo, la efectividad de las políticas implementadas hasta ahora sigue siendo objeto de escrutinio por parte de organizaciones de la sociedad civil y de los propios colectivos de búsqueda.
Implicaciones y el Camino a Seguir
La admisión de la complejidad del problema por parte de la FGR abre la puerta a diversas interpretaciones. Por un lado, puede ser vista como un signo de madurez institucional y un primer paso hacia una estrategia más efectiva. Por otro, podría ser interpretada como una forma de gestionar las expectativas ante la imposibilidad de ofrecer soluciones rápidas a un problema estructural y profundamente arraigado.
El verdadero desafío radicará en traducir estas palabras en acciones concretas. El fortalecimiento institucional debe ir acompañado de una depuración de elementos corruptos que pudieran estar coludidos con la delincuencia. El diálogo con las familias debe ser constante, transparente y, sobre todo, efectivo, garantizando que sus esfuerzos y dolor sean tomados en cuenta.
La reunión en Tabasco, aunque un foro para el reconocimiento, debe ser el preludio de una estrategia renovada y contundente. Las familias de las personas desaparecidas no solo buscan palabras, sino resultados tangibles: la localización de sus seres queridos, la verdad sobre lo ocurrido y justicia para los responsables. La FGR y el gobierno federal tienen ahora la oportunidad de demostrar si están a la altura de uno de los desafíos más apremiantes de México.