El panorama económico de México atraviesa por un periodo de estancamiento preocupante, con un crecimiento promedio que apenas alcanza el 2 por ciento anual en las últimas cuatro décadas. Esta cifra, considerada insuficiente para cubrir las vastas necesidades de desarrollo del país, se ha visto aún más mermada en los últimos años, donde el avance económico se ha reducido a la mitad de su promedio histórico.

Si bien los especialistas descartan un escenario "catastrofista" o de "situación límite", la advertencia es clara: el bajo dinamismo económico es una realidad que no puede soslayarse. La combinación de un crecimiento raquítico y un entorno de "alta incertidumbre" genera un cóctel peligroso para la inversión y el desarrollo a largo plazo.

Economistas consultados por BBVA y Banamex coinciden en que la falta de certeza jurídica se ha convertido en un factor común que exige la iniciativa privada. Esta demanda no es nueva; desde hace tiempo, el sector empresarial ha manifestado su preocupación por la falta de un marco legal estable y predecible, esencial para la toma de decisiones de inversión y la expansión de negocios.

La inversión, motor fundamental del crecimiento económico, se ve directamente afectada por la incertidumbre. Cuando los inversionistas perciben un riesgo elevado, ya sea por cambios regulatorios abruptos, disputas legales prolongadas o la falta de aplicación consistente de la ley, tienden a posponer o cancelar sus proyectos. Esto se traduce en menos empleos, menor producción y, en última instancia, un crecimiento económico más lento.

El promedio de crecimiento del 2 por ciento, aunque parezca una cifra modesta, representa un promedio de cuatro décadas. Esto significa que ha habido periodos de mayor y menor crecimiento. Sin embargo, la tendencia reciente a la baja es lo que enciende las alarmas. Si el país no logra superar este umbral, las brechas de desarrollo social y económico se mantendrán o incluso se ampliarán.

Las implicaciones de este bajo crecimiento son profundas. Un país que no crece lo suficientemente rápido tiene dificultades para generar empleos de calidad, mejorar los salarios, financiar servicios públicos esenciales como salud y educación, y reducir los niveles de pobreza y desigualdad. La falta de oportunidades económicas puede, a su vez, alimentar la migración y la inestabilidad social.

Los economistas señalan que la "certeza jurídica" no es un concepto abstracto, sino una condición tangible que se manifiesta en la protección de los derechos de propiedad, la imparcialidad del sistema judicial, la transparencia en los procesos de contratación pública y la estabilidad de las políticas económicas. Cuando estos elementos fallan, la confianza se erosiona.

El sector empresarial, a través de diversos organismos, ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de un entorno de negocios más predecible. Se busca un marco regulatorio que no cambie constantemente, que sea claro en sus objetivos y que se aplique de manera equitativa para todos los actores económicos. La seguridad jurídica es vista como un pilar indispensable para atraer inversión extranjera directa y fomentar la inversión nacional.

La situación actual contrasta con las aspiraciones de México de convertirse en un jugador más relevante en la economía global. Para lograrlo, se requiere no solo de recursos naturales o mano de obra competitiva, sino también de un ecosistema de negocios robusto y confiable, donde las reglas del juego sean claras y se respeten.

Los análisis de BBVA y Banamex sugieren que las políticas públicas deben enfocarse en fortalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica. Esto implica, entre otras cosas, asegurar la independencia del poder judicial, combatir la corrupción y promover la estabilidad macroeconómica. Sin estos cimientos, cualquier esfuerzo por impulsar el crecimiento económico corre el riesgo de ser efímero.

El llamado de los economistas es un recordatorio de que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un mayor bienestar social. Un crecimiento bajo y volátil, exacerbado por la incertidumbre, dificulta la consecución de objetivos como la reducción de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la consolidación de una sociedad más próspera y equitativa.

En resumen, la economía mexicana enfrenta el desafío de superar décadas de crecimiento modesto y una creciente incertidumbre. La demanda de certeza jurídica por parte de la iniciativa privada es un grito de auxilio que las autoridades deben escuchar y atender para revertir la tendencia y sentar las bases de un desarrollo económico sostenible y beneficioso para todos los mexicanos.