La reciente demanda del magisterio democrático para derogar la Ley del Issste de 2007, que significó el fin del sistema solidario de pensiones para dar paso a las cuentas individuales, ha chocado contra un muro de excusas presupuestales. Las autoridades, encabezadas por el secretario de Hacienda, han esgrimido que el regreso a un esquema solidario implicaría un costo monumental, cercano al 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), buscando descalificar así una petición que, según los afectados, es justa y necesaria.
Este argumento, sin embargo, ignora deliberadamente el contexto histórico y las responsabilidades políticas de quienes impulsaron y aprobaron dicha reforma. La Ley del Issste de 2007 no fue un accidente; fue una pieza clave dentro de la agenda de reformas neoliberales que se implementaron en el país, y su aprobación contó con el respaldo de las principales fuerzas políticas de aquel entonces.
El Pacto de las Reformas Neoliberales
La reforma que desmanteló el sistema de pensiones solidario fue aprobada en 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón. Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Nueva Alianza (Panal) y el partido Alternativa votaron a favor de esta ley. Solo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se opuso, marcando una división clara en el espectro político respecto a la protección de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores.
Este hecho es crucial para entender la postura actual. Los partidos que hoy argumentan la imposibilidad presupuestal son precisamente los que, hace casi dos décadas, tomaron la decisión política de sacrificar el sistema de pensiones solidario en aras de una visión económica que privilegiaba la individualización de los riesgos y la desregulación financiera. La supuesta "imposibilidad" de revertir la ley no es una cuestión técnica o financiera insuperable, sino una consecuencia directa de las decisiones políticas tomadas por estos partidos.
El Costo Real: Un Engaño Presupuestal
La cifra del 20 por ciento del PIB, utilizada por el secretario de Hacienda para disuadir la demanda magisterial, debe ser analizada con lupa. Si bien un retorno al sistema solidario implicaría una reconfiguración financiera significativa, presentarla como un obstáculo insalvable sin considerar las alternativas o las responsabilidades históricas es una táctica dilatoria. Los gobiernos anteriores, impulsados por la misma lógica neoliberal, ya generaron pasivos y compromisos que hoy se pretenden usar como excusa para no corregir un error que afectó a miles de trabajadores.
Es importante recordar que el sistema de cuentas individuales, promovido bajo la premisa de la eficiencia y la autonomía del trabajador, ha demostrado ser un esquema que traslada el riesgo del sistema financiero al individuo. Las bajas contribuciones, la volatilidad de los mercados y las comisiones de las administradoras de fondos para el retiro (Afores) han resultado en pensiones insuficientes para una gran parte de la población, un problema que se agrava con el paso del tiempo.
La Hipocresía del PRI y el PAN
La postura del PRI y el PAN, en particular, resulta especialmente hipócrita. Ambos partidos, que se han erigido como defensores de la economía y de los trabajadores en diversas ocasiones, fueron los arquitectos de la reforma que hoy critican implícitamente al no poder o no querer revertirla. Su participación activa en la aprobación de la Ley del Issste de 2007 los hace directamente responsables de la situación actual de miles de jubilados y futuros pensionados.
Argumentar ahora "razones presupuestales" es una cortina de humo para evadir la responsabilidad política y el costo de deshacer una reforma que benefició a ciertos sectores financieros a costa del bienestar a largo plazo de los trabajadores. La demanda magisterial no es solo una petición de mejora pensional, sino un llamado a la justicia histórica y a la corrección de un error estructural que perpetúa la desigualdad.
¿Qué Sigue para el Magisterio y las Pensiones?
La respuesta oficial, centrada en la imposibilidad presupuestal, deja al magisterio democrático en una encrucijada. Si bien la lucha por la derogación de la ley es legítima, la estrategia deberá considerar la resistencia política de los partidos que se beneficiaron de la reforma y que hoy controlan las palancas del poder legislativo y ejecutivo.
Es probable que la negociación se centre en buscar mejoras paliativas dentro del esquema de cuentas individuales o en la implementación de programas de apoyo que no impliquen una reversión total del sistema. Sin embargo, la demanda de fondo por un sistema de pensiones solidario, que garantice una jubilación digna y justa, sigue vigente y representa un desafío fundamental para la política social del país.
La discusión sobre las pensiones no es un tema menor; toca las fibras más sensibles del contrato social y la protección de los derechos adquiridos. La negativa a revertir la ley de 2007, bajo argumentos presupuestales, no solo evidencia la falta de voluntad política, sino que perpetúa un sistema que ha demostrado ser insuficiente y que deja a los trabajadores a merced de la precariedad en su vejez. La lucha del magisterio es, en esencia, una lucha por la dignidad y por la justicia.