La deuda pública de México experimentará un notable incremento, proyectándose que alcance el 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2027. Este escenario representa un aumento de 10.5 puntos porcentuales en una década, al pasar del 44.5 por ciento registrado en 2017. A pesar de la cifra, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, ha intentado disipar las preocupaciones, asegurando que la situación fiscal del país no es desfavorable al compararla con otras economías de desarrollo similar.

Amador Zamora reconoció que la trayectoria ascendente de la deuda es un tema recurrente en la discusión pública. "Esto es lo que escuchan en la conversación pública: que la deuda de México podría representar un problema como porcentaje del PIB", admitió durante su participación en el North Capital Forum. Sin embargo, el funcionario enfatizó que México se mantiene en una posición relativamente favorable en comparación con sus pares internacionales, e incluso señaló que parte del incremento de la deuda en relación con el PIB se debe a ajustes a la baja en las cifras del propio PIB, realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"México está en una posición bastante favorable, justo por debajo del promedio de la mayoría de las economías desarrolladas", afirmó Amador, subrayando que los indicadores de deuda mexicanos no son tan alarmantes si se contrastan con los de naciones con un grado de desarrollo comparable. Esta perspectiva busca anclar la confianza en la solidez de las finanzas públicas mexicanas a pesar de las cifras proyectadas.

En el ámbito fiscal, la SHCP prevé una tendencia a la baja en el déficit amplio, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). Se anticipa que este indicador disminuya por tercer año consecutivo, pasando de un 5.8 por ciento del PIB en el año en curso a un 4.1 por ciento en 2026, para finalmente ubicarse en 3.9 por ciento en 2027. El objetivo a mediano plazo, según explicó Amador, es alcanzar una convergencia fiscal gradual y sostenida hacia un déficit cercano al 3 por ciento del PIB, e incluso por debajo de esa cifra en los años venideros.

Para el balance primario, que mide la diferencia entre ingresos y gastos públicos antes del pago de intereses de la deuda, Hacienda proyecta un superávit. Se espera que este alcance el 0.1 por ciento del PIB para el cierre del año actual y se eleve a un 0.5 por ciento en 2027. Esto significaría que los ingresos del gobierno superarían sus egresos, excluyendo el costo del financiamiento de la deuda.

Un factor que ha contribuido a la mejora de la percepción fiscal, según Amador, es la significativa reducción de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex). El secretario destacó que la deuda de la paraestatal ha pasado de representar el 9 por ciento del PIB a solo el 3.5 por ciento, lo cual ha tenido un impacto positivo en las calificaciones crediticias de la empresa. Esta despresurización de la deuda de Pemex libera recursos y fortalece la posición financiera general del sector público.

En cuanto a la deuda soberana, Amador reafirmó el compromiso del gobierno mexicano de mantener la calificación crediticia del país dentro del grado de inversión. Señaló que las ocho agencias calificadoras que evalúan el crédito de México mantienen al país en esta categoría, un logro que se busca preservar mediante una gestión fiscal prudente y el cumplimiento de las metas establecidas.

Las proyecciones económicas de Hacienda para 2027 pintan un panorama de crecimiento moderado. Se estima que el PIB se expanda entre 1.5 y 2.5 por ciento, con un punto medio del 2 por ciento. La inflación se proyecta en un 3 por ciento al cierre del año. Adicionalmente, se prevé una tasa de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a 28 días del 6 por ciento y un tipo de cambio de 18 pesos por dólar.

El escenario macroeconómico para 2027 también contempla un precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo de 61.8 dólares por barril. Asimismo, se proyecta un déficit en la cuenta corriente de 0.6 por ciento del PIB, lo que indica un equilibrio relativo en las transacciones económicas del país con el resto del mundo.

Históricamente, el manejo de la deuda pública ha sido un eje central en la política económica de cualquier nación. Un nivel elevado de endeudamiento puede generar presiones sobre las finanzas públicas, limitar el margen de maniobra para la inversión en programas sociales o de infraestructura, y aumentar la vulnerabilidad ante shocks económicos externos. La preocupación expresada por analistas y la opinión pública ante el alza proyectada de la deuda es, por tanto, legítima y responde a la necesidad de mantener la estabilidad financiera a largo plazo.

En este contexto, la estrategia de Hacienda de buscar una convergencia fiscal gradual y la reducción del déficit amplio se presenta como un esfuerzo por anclar las expectativas y demostrar responsabilidad fiscal. La mejora en el balance primario, si se materializa, sería una señal positiva de que el gobierno está logrando controlar sus gastos corrientes y generar excedentes antes de cubrir los intereses de la deuda, lo cual es fundamental para la sostenibilidad fiscal.

La revisión de las cifras del PIB por parte del Inegi, mencionada por Amador, es un factor técnico que puede distorsionar temporalmente la relación deuda/PIB. Sin embargo, la solidez de los fundamentos económicos y la capacidad de generar ingresos fiscales son los verdaderos pilares de la sostenibilidad de la deuda. La diversificación de la economía y el fortalecimiento del mercado interno son claves para asegurar un crecimiento del PIB que permita absorber el endeudamiento sin comprometer la estabilidad.

La reducción de la deuda de Pemex es un logro significativo que libera recursos y reduce el riesgo para las finanzas públicas. Sin embargo, la dependencia de los ingresos petroleros, aunque menor, sigue siendo un factor a considerar en la planeación financiera a largo plazo. La diversificación de las fuentes de ingreso del gobierno, a través de una política tributaria eficiente y equitativa, es crucial para reducir la vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado energético.

La preservación del grado de inversión por parte de las agencias calificadoras es vital para mantener bajos los costos de financiamiento del país. Un deterioro en la calificación crediticia encarecería la deuda y dificultaría el acceso a mercados internacionales, lo que podría tener efectos negativos en la inversión y el crecimiento económico. Por ello, el compromiso de Hacienda con la disciplina fiscal y la transparencia en la gestión de las finanzas públicas es fundamental para mantener la confianza de los inversionistas.

Las proyecciones de crecimiento del PIB, inflación y tipo de cambio para 2027, aunque moderadas, reflejan un escenario de estabilidad. Un crecimiento del 2 por ciento anual es suficiente para mantener el poder adquisitivo y generar empleo, siempre y cuando se acompañe de políticas que promuevan la inclusión y reduzcan la desigualdad. La inflación controlada y un tipo de cambio estable son pilares para la certidumbre económica y la planificación de inversiones.

En resumen, si bien el aumento proyectado de la deuda pública genera inquietud, la postura de Hacienda, respaldada por indicadores comparativos favorables y una estrategia de consolidación fiscal, busca transmitir un mensaje de control y responsabilidad. La clave residirá en la ejecución efectiva de estas políticas y en la capacidad de la economía mexicana para generar el crecimiento necesario que permita gestionar el endeudamiento de manera sostenible, asegurando así la estabilidad financiera y el bienestar de la población.