Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan un panorama preocupante para el mercado laboral mexicano: durante el primer trimestre de 2026, la precariedad en el empleo aumentó significativamente en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El incremento del empleo informal se posiciona como el principal motor de este deterioro. Miles de mexicanos se incorporaron a la fuerza laboral sin las garantías mínimas que debería ofrecer un trabajo digno, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad económica que el gobierno actual ha sido incapaz de revertir.
La falta de acceso a instituciones de salud representa otro golpe para los trabajadores. El número de plazas sin cobertura médica creció de manera alarmante, dejando a familias enteras expuestas ante cualquier emergencia sanitaria. Esta realidad contrasta dramáticamente con los discursos oficiales sobre bienestar y protección social.
Los datos del Inegi señalan que la mayoría de estos empleos precarios se concentran en micronegocios sin establecimientos formales y en medianos establecimientos. Se trata de una economía de subsistencia donde los trabajadores carecen de prestaciones, seguridad social y perspectivas de crecimiento profesional.
Esta tendencia al alza en la informalidad laboral evidencia el fracaso de las políticas de empleo implementadas por la administración morenista. Mientras el discurso oficial celebra cifras de creación de empleos, la realidad muestra que se trata de trabajos sin derechos, sin protección y sin futuro.
La pregunta que surge es inevitable: ¿hasta cuándo los trabajadores mexicanos seguirán pagando el costo de una política económica que privilegia la narrativa sobre los resultados concretos? Los números del Inegi no mienten, y pintan un retrato sombrío del México laboral actual.