La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha lanzado una propuesta audaz para golpear de frente al huachicol fiscal: trasladar el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) directamente a las gasolineras. La iniciativa, presentada durante la Primera Jornada Nacional de Análisis de la Cadena de Valor de las Gasolinas y el Diésel, busca eliminar de raíz los incentivos que alimentan la evasión y el robo de combustibles en el país.
Carlos Hernández, presidente de la Comisión de Energía de Coparmex, fue enfático al señalar que el combate efectivo al robo de hidrocarburos exige cerrar las grietas de oportunidad para la evasión en toda la cadena de comercialización. "Desde nuestra perspectiva es pasar el cobro del IEPS a la estación de servicio", sentenció el representante empresarial, planteando una solución que, a su juicio, podría ser un parteaguas.
Un SAT Fortalecido, la Clave de la Propuesta
La viabilidad de esta medida, según Hernández, descansa en la capacidad operativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El organismo fiscalizador, que actualmente supervisa a millones de contribuyentes en todo el país, tendría la infraestructura necesaria para fiscalizar a las aproximadamente 14 mil estaciones de servicio que operan en México. "El SAT tiene la capacidad; si hoy en día tiene de fiscalizar a 40 millones de personas en todo el país, por supuesto que va a tener la forma de fiscalizar a 14 mil estaciones de servicio", argumentó, confiado en que esta reforma simplificaría y haría más eficiente la recaudación.
La propuesta de Coparmex no se detiene ahí. Se contempla que esta modificación al esquema de cobro del IEPS vaya de la mano con un cumplimiento riguroso de los controles volumétricos y una vigilancia más estricta para prevenir la aparición de nuevas triquiñuelas para evadir impuestos. El dirigente empresarial recordó que, en los últimos años, la falta de supervisión y la laxitud en la aplicación de los controles establecidos facilitaron la proliferación del huachicol fiscal, dejando pocas oportunidades para detectar a los infractores.
Oportunidad en el Contexto Actual
Hernández destacó que el panorama actual presenta una ventana de oportunidad para combatir este delito con mayor eficacia. El endurecimiento de las sanciones y una cooperación internacional más robusta para desmantelar redes vinculadas al crimen organizado son factores que juegan a favor de esta iniciativa. La lucha contra el huachicol fiscal se enmarca en un esfuerzo más amplio por sanear las finanzas públicas y fortalecer el Estado de derecho.
Más Allá del Huachicol: Preocupación por el Precio Tope
Pero la agenda de Coparmex no se limita al combate al robo de combustibles. La confederación reiteró su inquietud respecto al esquema de precios tope para las gasolinas. Advirtieron que los recientes incrementos en los costos internacionales de los hidrocarburos están siendo absorbidos por los importadores y las estaciones de servicio, una situación que, de no corregirse con ajustes oportunos, podría derivar en problemas de abasto. "Nadie en su sano juicio va a estar trabajando para estar perdiendo dinero por un largo plazo", sentenció Hernández, haciendo un llamado a que el mecanismo de precios considere las fluctuaciones del mercado global para evitar distorsiones en la cadena de suministro.
La Perspectiva Aduanera: Un Esfuerzo Conjunto
En la misma línea, José Iñaki Zaragoza, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), subrayó la necesidad de un esfuerzo coordinado para erradicar el huachicol fiscal. Señaló que la participación de todos los actores involucrados en la cadena logística es fundamental, y que la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades mexicanas.
Zaragoza recordó que cerca de la mitad de las importaciones que se realizan mediante pedimento aduanal corresponden a hidrocarburos, lo que subraya la importancia de la cooperación transfronteriza. Instó a Estados Unidos a fortalecer sus propios mecanismos de supervisión sobre las exportaciones de combustibles dirigidas a México. Si bien reconoció que las recientes reformas a la Ley Aduanera buscan mejorar la trazabilidad de las operaciones, admitió que inicialmente generaron desafíos operativos para los agentes aduanales, los cuales se han ido solventando gracias a los criterios emitidos por las autoridades competentes.
La propuesta de Coparmex, respaldada por la CAAAREM, representa un llamado a la acción para fortalecer la integridad del mercado de combustibles en México, combatiendo la evasión fiscal y asegurando un suministro estable y a precios justos. La iniciativa empresarial busca no solo recuperar ingresos fiscales, sino también enviar un mensaje contundente contra la ilegalidad y la corrupción en un sector estratégico para la economía nacional.
En el fondo, la propuesta de Coparmex es un llamado a la eficiencia y la transparencia en la recaudación fiscal. Al trasladar el cobro del IEPS a las gasolineras, se busca simplificar el proceso, reducir las oportunidades de fraude y asegurar que los recursos lleguen íntegros al erario público. Esta medida, de implementarse, podría significar un golpe certero al huachicol fiscal y un paso adelante en la consolidación de un sistema fiscal más robusto y equitativo.
La iniciativa empresarial también pone de relieve la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para enfrentar desafíos complejos como el robo de combustibles. La Coparmex, al presentar esta propuesta, demuestra su compromiso con el desarrollo económico del país y su disposición a aportar soluciones concretas para mejorar la gobernanza y la eficiencia administrativa.
El contexto de precios internacionales volátiles y la necesidad de garantizar el abasto de combustibles hacen que la propuesta de Coparmex cobre aún mayor relevancia. Al abordar tanto la evasión fiscal como la estabilidad de precios, la cúpula empresarial busca un equilibrio que beneficie a consumidores, empresarios y al Estado por igual.
La implementación de esta medida requerirá, sin duda, una coordinación estrecha entre el SAT, las empresas gasolineras y otros actores de la cadena de suministro. Sin embargo, los beneficios potenciales en términos de recaudación fiscal y combate a la ilegalidad justifican plenamente el esfuerzo.