El gobierno federal ha dado un giro contundente en su lucha contra el "huachicol fiscal", la evasión y comercialización ilegal de combustibles. La estrategia, antes centrada en la medición física de litros en toda la cadena de suministro, ahora se enfoca en el rastro del dinero y la documentación fiscal. La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum busca desmantelar las redes de corrupción mediante la trazabilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la persecución de facturas falsas.

SAT EN LA MIRA: CANCELACIÓN MASIVA DE EMISORES DE FACTURAS

Una de las primeras y más impactantes acciones ha sido la del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, el SAT canceló la autorización para emitir facturas a un total de 2,205 empresas comercializadoras de gasolina y diésel. Esta cifra es alarmante si se considera que solo existen 714 permisos oficiales de comercialización ante la Comisión Nacional de Energía (CNE). El número de empresas sancionadas por emitir comprobantes fiscales, muchas de ellas presuntamente vinculadas a operaciones ilícitas, supera con creces a los actores legítimos del mercado.

EL MODUS OPERANDI DE LAS "FACTURERAS"

Estas empresas sancionadas no necesariamente tienen el comercio de combustibles como su actividad principal. A menudo, operan bajo razones sociales diversas que les permiten simular operaciones. Especialistas señalan que estas "factureras" utilizan su estructura corporativa para documentar transacciones de combustible de procedencia ilegal. Una compañía, por ejemplo, podría dedicarse formalmente a la venta de artículos de papelería, pero aparecer como comercializadora de gasolina o diésel sin contar con el permiso de la CNE. Su función es emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que permitan al comprador simular la deducción fiscal de la compra, generando una apariencia de legalidad.

Marcial Díaz, socio de QUA Energy Consulting, explica que el comprador, si no está directamente en el sector energético, puede desconocer la necesidad de un permiso específico para la comercialización de combustibles. "La empresa 'X' vende combustible al amparo de su razón social y se lo vende a una empresa 'Y' cuyas actividades no están relacionadas con el sector y no están inmiscuidos en la regulación", detalla. El problema radica en que estas facturas, aunque cobren impuestos, no garantizan que dichos montos lleguen al fisco, convirtiéndose en una herramienta clave para la evasión fiscal.

LA TRAZABILIDAD DEL IEPS: EL SIGUIENTE NIVEL DE COMBATE

La estrategia gubernamental no se detiene en la persecución de facturas apócrifas. La siguiente fase, contemplada en las propuestas del Paquete Económico 2027, es la trazabilidad del IEPS a los combustibles. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado que la meta es seguir el rastro del impuesto desde su pago en la importación hasta su venta final en la gasolinera. "Queremos que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad", afirmó la mandataria, subrayando que se trata de una adecuación del SAT para combatir la evasión, no de un nuevo impuesto.

Aunque los detalles operativos y tecnológicos aún no se han revelado públicamente, la intención es que los sistemas del SAT puedan intercambiar información para obtener una visión completa de la actividad relacionada con los combustibles. Este cruce de datos permitirá identificar a quienes facturan sin permisos y detectar inconsistencias entre las operaciones comerciales y la información fiscal.

ANTECEDENTES: LA ERA DE LOS CONTROLES VOLUMÉTRICOS

Esta nueva estrategia de rastreo fiscal no anula los controles volumétricos, que fueron uno de los pilares en la lucha contra las irregularidades en el mercado de combustibles durante años. Estos controles se enfocaban en verificar que las cantidades de combustible que ingresaban, salían y se almacenaban en las estaciones de servicio coincidieran con lo declarado. Sin embargo, la complejidad de la cadena de suministro y la sofisticación de las redes de huachicol fiscal evidenciaron la necesidad de complementar estas mediciones con un escrutinio financiero y fiscal más profundo.

La administración anterior ya había intentado fortalecer los controles, pero la persistencia del huachicol fiscal, que según datos de Expansión se mantenía con una toma clandestina cada 51 minutos en 2026, demostró que se requerían herramientas más efectivas. La evasión fiscal en el sector de hidrocarburos representa miles de millones de pesos que dejan de ingresar a las arcas públicas, recursos que podrían destinarse a programas sociales, infraestructura o seguridad.

IMPLICACIONES Y RETOS FUTUROS

La implementación de la trazabilidad del IEPS y la intensificación de la fiscalización de facturas presentan desafíos significativos. Requerirá una inversión considerable en tecnología y capacitación del personal del SAT. Además, será crucial asegurar la cooperación interinstitucional y la transparencia en el proceso para evitar abusos o la afectación a empresas legítimas.

Analistas advierten que las redes criminales detrás del huachicol fiscal son adaptables y podrían buscar nuevas formas de evadir los controles. Por ello, la estrategia debe ser dinámica y estar en constante actualización. La efectividad de estas medidas dependerá de la capacidad del gobierno para cerrar los resquicios legales y operativos que permiten la operación de estas redes.

La Presidenta Sheinbaum ha reiterado el compromiso de su gobierno con la legalidad y la justicia fiscal. La lucha contra el huachicol fiscal, en sus diversas modalidades, es vista como una prioridad para fortalecer las finanzas públicas y garantizar la competencia equitativa en el mercado de combustibles. El éxito de esta nueva estrategia podría sentar un precedente importante en la batalla contra la corrupción y la evasión fiscal en México.

El combate al huachicol fiscal ha sido una constante en los últimos años, con diferentes enfoques y niveles de éxito. Desde la medición de litros hasta la persecución de facturas y ahora la trazabilidad de impuestos, el gobierno busca cerrar el cerco sobre quienes se benefician ilícitamente del mercado de hidrocarburos. La efectividad de estas medidas será clave para recuperar recursos públicos y fortalecer la economía del país.

La Presidenta Sheinbaum ha puesto un énfasis particular en la necesidad de erradicar estas prácticas, que no solo merman los ingresos del Estado, sino que también generan competencia desleal y ponen en riesgo la seguridad energética del país. La nueva estrategia busca atacar las finanzas de las organizaciones criminales que operan en este sector, privándolas de uno de sus principales fuentes de financiamiento.

En el contexto de la política energética y fiscal de México, la lucha contra el huachicol fiscal es un frente de batalla crucial. Los resultados de estas nuevas medidas serán observados de cerca por el sector empresarial, los analistas económicos y la ciudadanía en general, quienes esperan ver una reducción significativa en la incidencia de estas prácticas ilegales y una mayor recaudación fiscal.