La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), creada en noviembre de 2024, se encuentra en proceso de emitir su primer Manual de Organización General, un documento que debió acompañar su nacimiento y que, de publicarse, sería el primero bajo su nueva denominación.

Este retraso contrasta con la urgencia que se esperaría de una dependencia enfocada en erradicar la corrupción y promover la transparencia. El portal de transparencia de la SABG aún muestra como vigente un manual con fecha de enero de 2018, perteneciente a la anterior Secretaría de la Función Pública (SFP), lo que evidencia una brecha administrativa significativa.

El anteproyecto del nuevo manual ya se encuentra disponible en la plataforma de herramientas regulatorias, un paso que sugiere un avance, pero cuya publicación formal aún no se concreta. La estructura actual de la SABG, que incluye dos subsecretarías (Buen Gobierno y Anticorrupción), la Unidad de Combate a la Impunidad y la Dirección General de Transparencia, se rige por el reglamento interior publicado en diciembre de 2024.

En un movimiento adicional que reconfiguró el panorama institucional, la Unidad de Protección de Datos Personales se integró a la SABG en marzo de 2025, tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta fusión, si bien buscaba consolidar funciones, también añade complejidad a la organización interna de la secretaría.

La creación de la SABG en noviembre de 2024 representó una apuesta del gobierno federal por fortalecer los mecanismos de control y fiscalización. La intención era dar un nuevo impulso a las tareas que antes realizaba la SFP, dotándola de mayores facultades y un enfoque renovado en la lucha contra la impunidad y la promoción de prácticas gubernamentales íntegras.

Sin embargo, la ausencia de un manual operativo actualizado y específico para la SABG genera interrogantes sobre la eficiencia y la claridad de sus procesos internos. Un manual de organización es fundamental para definir las atribuciones, responsabilidades, jerarquías y flujos de trabajo dentro de una institución, asegurando que todas las áreas operen de manera coordinada y conforme a la ley.

La dependencia, encabezada por Raquel Buenrostro, enfrenta el desafío de consolidar su identidad y operatividad. La publicación del Manual de Organización General no es solo un trámite burocrático, sino una señal de madurez institucional y un requisito indispensable para garantizar la efectividad de sus acciones.

En el contexto de la política anticorrupción, la agilidad y la transparencia en la propia estructura de las dependencias encargadas de combatirla son cruciales. La demora en la emisión de este documento podría interpretarse como una falta de celeridad o incluso como un reflejo de desafíos internos que aún no se resuelven por completo.

Analistas señalan que la consolidación de una secretaría como la SABG requiere no solo voluntad política y un marco normativo claro, sino también herramientas operativas robustas y actualizadas. La ausencia de un manual propio, casi dos años después de su creación, podría generar confusión en la asignación de tareas y en la coordinación interdepartamental.

La plataforma de herramientas regulatorias, donde se encuentra el anteproyecto, es un espacio diseñado para facilitar la consulta y participación ciudadana en la elaboración de normativas. Que el documento esté ahí es un avance, pero la etapa final de aprobación y publicación es la que marca la diferencia en términos de operatividad oficial.

La SFP, predecesora de la SABG, tuvo una larga trayectoria en la fiscalización del gasto público y en la sanción de actos de corrupción. La transición a la SABG buscaba modernizar y fortalecer estas funciones, pero la continuidad operativa, garantizada por documentos como el manual de organización, es esencial para no perder el impulso.

La expectativa ahora recae en la pronta publicación del Manual de Organización General de la SABG. Su expedición no solo dotará a la secretaría de un marco de actuación formal y actualizado, sino que también enviará un mensaje de compromiso y eficiencia en la lucha contra la corrupción, un pilar fundamental de la administración pública.

La estructura actual, definida por el reglamento interior de diciembre de 2024, ya contempla la integración de la Unidad de Protección de Datos Personales. Este hecho subraya la necesidad de un manual que refleje fielmente la configuración organizacional vigente y las responsabilidades de cada unidad.