La Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) ha lanzado una seria advertencia sobre las implicaciones de las restricciones vigentes para las estancias turísticas eventuales en la Ciudad de México. A medida que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir la normativa, la organización señala que las actuales disposiciones generan un clima de incertidumbre jurídica que obstaculiza la operación formal y perjudica la economía de miles de familias y pequeños negocios.
Sean Cázares Ahearne, director general de AMVITUR, enfatizó la necesidad de un equilibrio en la regulación. "Estamos a favor de la regulación. Pero regular no debe significar impedir que una actividad económica legítima pueda operar", declaró. Subrayó que las reglas deben tener una justificación técnica, ser factibles de cumplir y abordar eficazmente los problemas que pretenden solucionar, para evitar consecuencias negativas difíciles de revertir.
La discusión actual gira en torno a la limitación del 50% de ocupación anual para las viviendas turísticas. AMVITUR cuestiona si estas medidas, si bien buscan proteger el acceso a la vivienda, no generan efectos desproporcionados para quienes participan en una actividad económica formal y legítima.
El peso económico del sector turístico en México es considerable. La OCDE estima que el turismo aporta el 8.7% del PIB nacional y genera el 7.4% del empleo. Dentro de este panorama, las viviendas turísticas representan aproximadamente el 5% del PIB turístico, lo que se traduce en unos 133 mil millones de pesos, según cálculos de AMVITUR. Esta actividad no solo genera ingresos directos, sino que también impulsa empleos indirectos en administración, limpieza, mantenimiento y transporte, beneficiando a unas 160 mil familias en todo el país.
En cuanto a la dimensión habitacional, la situación en la Ciudad de México presenta matices. Se registran alrededor de 25,759 viviendas turísticas activas, lo que equivale al 0.8% del total de viviendas en la capital. En contraste, existen cerca de 207 mil viviendas deshabitadas, un 7% del parque habitacional. Si bien esto no niega posibles presiones en zonas específicas, sugiere que el encarecimiento de las rentas no puede atribuirse únicamente a las viviendas turísticas, debiendo considerarse factores como la falta de construcción de vivienda nueva y la existencia de inmuebles desocupados.
La complejidad administrativa es otro punto crítico. La Ley de Turismo de la Ciudad de México exige una clave de establecimiento mercantil a partir del cuarto inmueble registrado. Sin embargo, AMVITUR ha detectado que el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) carece de una clasificación específica para las viviendas turísticas, creando un vacío que dificulta el cumplimiento normativo para los operadores.
El límite del 50% de ocupación anual es una fuente de gran preocupación. La disposición actual contempla la posibilidad de negar la renovación del registro si se supera este umbral, incluso si se cumplen todas las demás obligaciones fiscales, administrativas y de seguridad. AMVITUR argumenta que existe una diferencia fundamental entre supervisar las condiciones de un servicio y limitar su operación.
"Si buscamos mayor seguridad, necesitamos supervisar la seguridad. Si queremos proteger la convivencia vecinal, necesitamos mecanismos efectivos para garantizarla", señaló Cázares Ahearne, enfatizando la necesidad de que la normativa responda a objetivos verificables y sus resultados sean evaluables.
AMVITUR ve la revisión de estas disposiciones como una oportunidad crucial para analizar sus efectos reales y explorar alternativas. El objetivo es encontrar un camino que proteja el acceso a la vivienda, fortalezca la seguridad y asegure condiciones de cumplimiento para todos los actores del sector turístico.
"Todavía estamos a tiempo de corregir las contradicciones que dificultan el cumplimiento y evitar consecuencias innecesarias para las familias, las empresas y la competitividad turística de la ciudad", concluyó el director general de AMVITUR. "Corregir una regulación que no funciona no es retroceder. Es gobernar mejor". La postura de la asociación subraya la urgencia de un marco regulatorio claro y funcional que fomente la actividad económica sin sacrificar los derechos de los ciudadanos ni la estabilidad del mercado inmobiliario.
La decisión que emita la SCJN tendrá repercusiones significativas no solo para los propietarios y operadores de viviendas turísticas, sino también para el futuro del turismo en la capital y la política habitacional del país. La incertidumbre actual frena inversiones y desalienta la formalización, aspectos que AMVITUR busca revertir con su llamado a una regulación más equilibrada y efectiva.
El debate sobre las viviendas turísticas en la Ciudad de México refleja una tensión global entre el auge de las plataformas de alquiler a corto plazo y la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda para los residentes locales, así como de mantener la cohesión social en los barrios. La postura de AMVITUR busca posicionar a las viviendas turísticas como un componente valioso de la economía, siempre y cuando operen dentro de un marco legal claro y justo.
La falta de una clasificación administrativa adecuada en el SIAPEM es un obstáculo tangible que la asociación espera que se resuelva. Sin una vía clara para el registro, los esfuerzos por cumplir la ley se ven frustrados, generando desconfianza y desincentivando la participación formal en el mercado.
En última instancia, el llamado de AMVITUR es a un diálogo constructivo entre autoridades, sector privado y sociedad civil para diseñar políticas públicas que impulsen el turismo y la economía, al tiempo que se salvaguardan los derechos de los ciudadanos y se promueve un desarrollo urbano sostenible y equitativo en la capital del país.