La sombra de la violencia política vuelve a cernirse sobre México, esta vez en el estado de Oaxaca. Joel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, fue brutalmente asesinado el pasado 13 de junio, un hecho que resuena con la impunidad y la negligencia que han caracterizado a otros casos similares, como el del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

El Partido Acción Nacional (PAN) ha sido el vocero de la desesperada súplica de Bravo Martínez. Según un comunicado emitido por la dirigencia blanquiazul, el edil había manifestado explícitamente su temor por la vida y, en una mesa regional de seguridad celebrada el 11 de mayo, solicitó formalmente protección a las autoridades. Sin embargo, la respuesta fue un silencio cómplice: los escoltas prometidos jamás llegaron.

Este trágico desenlace no surge de la nada. Días antes de su asesinato, el 22 de mayo, Bravo Martínez sufrió una agresión en carretera. Un comando armado interceptó el vehículo en el que viajaba junto a su equipo, obligándolos a descender y sometiéndolos a golpes. A pesar de este grave incidente, que debió ser una señal de alarma inequívoca, no se registró que el alcalde contara con medidas de seguridad adecuadas.

La historia de Joel Bravo se asemeja dolorosamente a la de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan. Manzo fue asesinado en plena celebración del Día de Muertos, un crimen que conmocionó al país. Antes de su muerte, Manzo había denunciado en múltiples ocasiones las amenazas que recibía, llegando incluso a ser fotografiado portando un chaleco antibalas durante su gestión, un símbolo sombrío de la inseguridad que lo acechaba.

Joel Bravo Martínez, de 53 años, había sido electo alcalde de San Miguel Amatitlán en 2024, abanderado por la coalición PAN-PRI-PRD. Su asesinato, según el PAN, pone de manifiesto la "irresponsabilidad y la indiferencia" de las autoridades estatales ante una amenaza que fue debidamente notificada. La falta de acción gubernamental ante un llamado de auxilio se convierte, en este contexto, en una complicidad tácita.

El caso de Carlos Manzo también estuvo marcado por la controversia en torno a la protección que debía brindarle el Estado. En noviembre de 2025, el general Ricardo Trevilla Trejo, entonces titular de la Sedena, negó que el protocolo de seguridad de la Guardia Nacional hubiera fallado. Argumentó que la responsabilidad recaía en dependencias municipales, pues Manzo habría confiado más en la policía local que en los elementos federales. Esta versión, sin embargo, no disipó las dudas sobre la efectividad y voluntad de las fuerzas de seguridad.

Las investigaciones posteriores sobre el homicidio de Manzo arrojaron datos inquietantes. Se reveló que las escoltas del alcalde de Uruapan formaban parte de una red compleja. Meses después, la Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una ficha de búsqueda y ofreció una recompensa por José Manuel Jiménez Miranda, un coronel retirado del Ejército y exjefe de escoltas de Manzo. Este individuo, según las indagatorias, sería el propietario del arma presuntamente utilizada por Ubaldo ‘N’, identificado como el autor material del crimen.

La violencia política en Oaxaca es una realidad documentada y alarmante. La organización Data Cívica ha registrado, de enero de 2018 a mayo de 2026, un total de 196 víctimas de violencia política en el estado, abarcando desde amenazas hasta asesinatos. Durante la administración actual (enero 2025 a junio 2026), se contabilizan 47 hechos de violencia política, incluyendo 12 asesinatos de autoridades electas, 7 funcionarios y 4 candidatos.

Este contexto de inseguridad y violencia política generalizada crea un caldo de cultivo peligroso para los servidores públicos, especialmente aquellos que, como Joel Bravo Martínez, se atreven a denunciar las amenazas y a solicitar protección. La omisión de las autoridades ante estos llamados no solo pone en riesgo la vida de los funcionarios, sino que debilita las instituciones democráticas y fomenta la impunidad.

La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo las autoridades de los distintos niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– asumirán su responsabilidad de proteger a quienes sirven al país desde cargos públicos? La repetición de estos trágicos eventos sugiere que la respuesta aún está lejos de ser satisfactoria, dejando a familias y comunidades sumidas en el dolor y la desconfianza.

El caso de Bravo Martínez, al igual que el de Manzo, se suma a la larga lista de servidores públicos que han sido víctimas de la delincuencia organizada y de la inacción gubernamental. La exigencia de justicia y de medidas efectivas de protección debe ser prioritaria para evitar que más familias mexicanas vivan la pesadilla de perder a sus seres queridos en circunstancias tan crueles y evitables.

La narrativa oficial a menudo intenta deslindar responsabilidades, señalando fallos en protocolos o en la confianza depositada en instancias locales. Sin embargo, la recurrencia de estos hechos apunta a un problema estructural: la incapacidad o falta de voluntad para garantizar la seguridad de quienes ejercen la función pública en un país asediado por la criminalidad.

La ciudadanía espera respuestas contundentes y, sobre todo, acciones que demuestren un compromiso real con la seguridad y la justicia. La memoria de Joel Bravo Martínez y Carlos Manzo exige que se rompa el ciclo de violencia y omisión que hoy lastima profundamente al tejido social y político de México.