La Dirección Federal de Seguridad (DFS), brazo represor del Estado mexicano durante décadas, vuelve a ser señalada por crímenes de lesa humanidad. Expedientes recién desclasificados arrojan luz sobre la ejecución sumaria de tres militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, un oscuro capítulo que se suma a la larga lista de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en nombre de la "estabilidad" nacional.

Los documentos, que hasta ahora permanecían ocultos en archivos gubernamentales, detallan la persecución y posterior asesinato de estos jóvenes, cuyas únicas "armas" fueron sus ideales políticos y su militancia en un grupo que, para el régimen de Luis Echeverría y posteriormente de José López Portillo, representaba una amenaza latente.

La Liga Comunista 23 de Septiembre, surgida en la década de 1970, se caracterizó por su activismo y, en ocasiones, por acciones armadas, buscando un cambio radical en el sistema político y económico mexicano. Sin embargo, la respuesta del Estado fue desproporcionada y brutal, recurriendo a métodos que hoy, a la luz de la evidencia, no pueden ser calificados de otra forma que como ejecuciones extrajudiciales.

Los expedientes señalan directamente a agentes de la DFS como los responsables de la "desaparición" y posterior "abatimiento" de estos militantes. La metodología era clara: identificar, perseguir y eliminar a quienes eran considerados "enemigos del Estado", sin mediar proceso legal alguno. La "dirección" que estos jóvenes llevaban en sus manos, a menudo simples documentos o consignas, se convirtió en su sentencia de muerte.

Este hallazgo no es nuevo en cuanto a la naturaleza de los crímenes, pero sí en la confirmación documental y la desclasificación de información que evidencia la operación sistemática de cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado en contra de disidentes políticos. La DFS, bajo el amparo de gobiernos priistas, se erigió como un instrumento de terror, silenciando voces y eliminando opositores.

El sexenio de José López Portillo (1976-1982) es recordado por su retórica de "apertura democrática", pero la realidad en las calles y en los sótanos de la seguridad pública era diametralmente opuesta. Mientras se hablaba de diálogo, las fuerzas de seguridad operaban con impunidad, llevando a cabo "guerras sucias" contra movimientos sociales y grupos de izquierda.

La desclasificación de estos expedientes es un llamado a la memoria histórica y a la justicia. Permite a las familias de las víctimas conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos y exige una rendición de cuentas que, hasta ahora, ha sido esquiva. La impunidad ha sido la norma en casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Estado.

La Liga Comunista 23 de Septiembre, a pesar de su corta existencia y de las controversias que rodearon sus métodos, representaba una expresión de descontento social y político. Su desmantelamiento a través de la violencia estatal no resolvió las causas profundas de ese descontento, sino que las exacerbó, dejando cicatrices imborrables en la sociedad mexicana.

Es crucial que estos documentos no queden en el olvido. Deben servir como base para investigaciones más profundas, para la identificación de todos los responsables y para la implementación de medidas que garanticen que "nunca más" se repitan este tipo de atrocidades. La memoria de los caídos y la exigencia de justicia para sus familias deben prevalecer.

La desclasificación de estos archivos es un paso adelante, pero la lucha por la verdad y la justicia en México es una batalla constante. La DFS, como institución, fue disuelta, pero su legado de represión y violencia persiste en la memoria colectiva y en las heridas abiertas de un pasado que se niega a morir.

La "guerra sucia" no fue un mito, fue una política de Estado implementada con saña y alevosía. Los expedientes de la DFS son el testimonio mudo de esa barbarie, y su difusión es un deber para con las víctimas y para con las futuras generaciones, para que conozcan la historia completa y no solo la versión oficial que se ha intentado imponer.

La desclasificación de estos expedientes es un recordatorio de que la seguridad nacional no puede construirse sobre la base de la violación sistemática de los derechos humanos. La "estabilidad" lograda a costa de la vida y la libertad de los ciudadanos es una estabilidad frágil y moralmente inaceptable.

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas de la represión. Estos documentos son una pieza más del rompecabezas, pero la exigencia de verdad, justicia y reparación integral debe continuar hasta que todas las heridas sean cerradas y todos los responsables, sin excepción, enfrenten las consecuencias de sus actos.