La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se prepara para recibir mayores facultades en su lucha contra la subvaluación de mercancías y la retención de cargamentos sospechosos. Sin embargo, esta ambiciosa expansión de su poder operativo se ve ensombrecida por un panorama financiero adverso y una serie de fallas sistémicas que ya merman su eficiencia.

El Doble Filo de la Reforma Aduanera

La iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, presentada en paralelo al Paquete Económico 2027, busca otorgar a las autoridades aduanales herramientas más contundentes para combatir prácticas desleales en el comercio exterior. Uno de los cambios más significativos propuestos es la eliminación del umbral actual que permite el embargo precautorio de mercancías solo cuando el valor declarado es 50% o más inferior al de productos idénticos o similares. De aprobarse, una diferencia menor podría ser suficiente para iniciar una retención preventiva mientras se verifica el valor real de la mercancía.

Esta medida, según cifras de la propia ANAM, podría impactar miles de operaciones de importación que hasta ahora quedaban fuera del alcance de las sanciones por subvaluación. Entre enero de 2025 y agosto de 2026, se identificaron 2,541 operaciones por un valor de 1,587 millones de pesos que no pudieron ser embargadas debido a que la diferencia en el valor declarado estaba por debajo del umbral vigente. Si bien el objetivo es cerrar el paso a la evasión fiscal y a las irregularidades, la implementación de estas nuevas facultades exige una capacidad de análisis y verificación mucho mayor.

Empresarios del sector han expresado su preocupación ante la posibilidad de que un endurecimiento de los controles, sin la debida infraestructura y capacitación, pueda derivar en prolongaciones innecesarias en los tiempos de despacho y, consecuentemente, en un aumento de los costos para el comercio exterior. La agilidad en el movimiento de mercancías es un factor crítico para la competitividad, y cualquier retraso se traduce directamente en un costo adicional para las empresas.

Presupuesto Congelado, Tareas Incrementadas

Paradójicamente, mientras se plantean mayores responsabilidades para la ANAM, el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2027 no solo no contempla un aumento, sino que prevé una reducción en términos reales. El Proyecto de Presupuesto de Egresos propone destinar 3,468.1 millones de pesos a la agencia, la misma cifra aprobada para 2026. Sin embargo, considerando la inflación, esto representa una disminución real de 3.1%, equivalente a unos 107.5 millones de pesos menos en poder adquisitivo.

Esta situación genera un escenario de tensión: la agencia deberá asumir tareas de vigilancia más rigurosas y complejas con menos recursos disponibles. La ANAM juega un papel fundamental en la recaudación fiscal del país. Entre enero y julio de 2026, las aduanas aportaron 791,009 millones de pesos, lo que significó el 23.2% de los ingresos tributarios totales del gobierno federal. La eficiencia en su operación es, por tanto, crucial no solo para el combate a la ilegalidad, sino también para las finanzas públicas.

Fallas Operativas y Retos Tecnológicos

La propuesta de endurecer los controles aduaneros se presenta en un contexto donde la propia operación de la ANAM sufre de interrupciones y deficiencias. Reportes recientes indican que el sistema aduanero ha experimentado fallas en múltiples ocasiones a lo largo del año. En febrero, se registraron afectaciones significativas en puertos clave como Veracruz, Tijuana, Nuevo Laredo y Reynosa. Más recientemente, en septiembre, las intermitencias afectaron la generación del Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA), un requisito indispensable para el despacho de mercancías.

Estas caídas del sistema no solo generan retrasos inmediatos, sino que también provocan un efecto dominó, acumulando la carga pendiente de procesamiento. Las consecuencias son filas kilométricas en puntos fronterizos y puertos, con estimaciones que hablan de hasta 30 o 40 kilómetros de vehículos varados en Laredo. Los costos asociados a estas demoras son considerables, oscilando entre 4,000 y 14,000 pesos diarios por unidad de transporte terrestre en algunas aduanas, además de los cargos diarios por almacenamiento de contenedores y posibles penalizaciones por entregas tardías.

Incluso, la capacidad de almacenamiento se ha visto rebasada. Hay testimonios que señalan que en puertos como Manzanillo, la mercancía retenida ya no tiene dónde ser resguardada, lo que agrava la problemática logística.

Análisis y Perspectivas

Expertos en la materia advierten que la dependencia de métodos de verificación rudimentarios, como la consulta de precios en plataformas de venta al público (Google, Mercado Libre, Amazon) para determinar subvaluación, es insuficiente y poco rigurosa. Estos precios de venta al público incluyen márgenes minoristas que no necesariamente reflejan el valor de factura de una importación. La complejidad de un análisis de valor, que puede extenderse por más de una semana con las herramientas actuales, subraya la necesidad de invertir en tecnología y capacitación especializada.

La propuesta de la industria, a través de directivos como José Aguilar Méndez de DHL, apunta a optimizar el uso de la información que las autoridades ya reciben sobre los embarques antes de su llegada a la aduana. Anticipar riesgos mediante el análisis de datos de carga, en lugar de concentrar los controles en el momento del despacho, podría ser una estrategia más eficiente.

La situación actual plantea un desafío significativo para la administración: cómo dotar de mayores facultades a las aduanas para combatir la ilegalidad sin comprometer la fluidez del comercio y sin agravar los problemas operativos existentes. La clave podría residir en una estrategia integral que combine la modernización tecnológica, la capacitación del personal, la optimización de la infraestructura y, fundamentalmente, una asignación presupuestaria que responda a las crecientes demandas y responsabilidades del sector aduanero.

La discusión sobre la reforma aduanera y el presupuesto para la ANAM apenas comienza, y el resultado de este debate será crucial para definir el futuro del comercio exterior en México y la capacidad del país para asegurar sus ingresos fiscales de manera efectiva y eficiente.