La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido despojada de un espacio vital en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde operaba la Clínica de Atención Preventiva del Viajero. La decisión, que se materializó con el inicio de obras de remodelación en abril pasado, ha generado descontento y preocupación, pues la institución académica no ha recibido garantías de que el lugar, cedido en 2011 mediante un convenio, le será devuelto.

Este desalojo representa un golpe a la infraestructura universitaria y a los servicios que la UNAM ofrecía a miles de viajeros. La Clínica de Atención Preventiva del Viajero, adscrita a la Facultad de Medicina, se había consolidado como un referente en la orientación y atención médica para quienes transitan por el aeropuerto, ofreciendo desde vacunas hasta recomendaciones sanitarias específicas para distintos destinos.

El convenio original, firmado en 2011, otorgó a la UNAM el uso del espacio en la Terminal 2, reconociendo la importancia de sus servicios para la salud pública y la seguridad de los viajeros. Durante más de una década, la clínica funcionó como un punto clave para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud en el contexto de los viajes internacionales.

Sin embargo, la reciente remodelación del AICM, impulsada por la administración federal, ha alterado este acuerdo. Fuentes cercanas a la universidad señalan que, si bien se entendía la necesidad de modernizar las instalaciones aeroportuarias, la exclusión de la clínica de los planes de reubicación o regreso ha sido una sorpresa desagradable.

La falta de comunicación clara y la aparente decisión unilateral de no contemplar la permanencia de la clínica han levantado sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de esta acción. ¿Se trata de una simple omisión administrativa o de una estrategia para ceder ese valioso espacio a intereses privados? La opacidad en el proceso alimenta las especulaciones.

La UNAM, a través de sus representantes, ha intentado dialogar con las autoridades del AICM y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para buscar una solución. Sin embargo, hasta el momento, las respuestas han sido evasivas o insatisfactorias, dejando a la institución en una posición de incertidumbre.

Este incidente se suma a una serie de tensiones entre la máxima casa de estudios y el gobierno federal, particularmente en lo que respecta a la autonomía universitaria y la asignación de recursos. Críticos señalan que este tipo de acciones buscan debilitar a la UNAM y mermar su capacidad de servicio a la sociedad.

La comunidad universitaria ha expresado su solidaridad con la Facultad de Medicina y ha exigido una explicación detallada sobre las razones del desalojo y las gestiones que se realizarán para recuperar el espacio. Se teme que la pérdida de esta clínica represente un retroceso en las políticas de salud preventiva y un obstáculo para los viajeros.

El impacto económico y social de esta medida no es menor. La clínica no solo ofrecía servicios médicos, sino que también era un centro de investigación y formación para estudiantes de medicina, quienes adquirían experiencia práctica en un entorno real. Su desaparición del AICM limita estas oportunidades formativas.

La remodelación del AICM, si bien necesaria, debe considerar el impacto en las instituciones que han contribuido al funcionamiento y prestigio del aeropuerto. La exclusión de la clínica de la UNAM parece ser un error de planeación o, peor aún, una decisión deliberada que prioriza otros intereses sobre el bienestar público y la colaboración interinstitucional.

Se espera que la presión social y mediática obligue a las autoridades a reconsiderar su postura y a entablar un diálogo constructivo con la UNAM. La recuperación del espacio para la Clínica de Atención Preventiva del Viajero no es solo una cuestión de justicia para la universidad, sino una necesidad para garantizar la salud y seguridad de quienes utilizan el principal aeropuerto del país.

La comunidad aeroportuaria y los viajeros frecuentes se verán afectados por la ausencia de estos servicios especializados. La clínica ofrecía un valor agregado que difícilmente podrá ser reemplazado por otras instancias, dada su trayectoria y el respaldo académico de la UNAM.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la consulta en los proyectos de infraestructura pública. Las decisiones que afectan a instituciones de la talla de la UNAM deben ser tomadas con la debida diligencia y considerando el beneficio colectivo.

La UNAM, como pilar de la educación y la investigación en México, merece un trato respetuoso y colaborativo por parte de las autoridades. El desalojo de su clínica en el AICM es una afrenta que no debe quedar impune y que exige una respuesta contundente por parte de la comunidad universitaria y la sociedad en general.