La Unidad de Inteligencia Financiera y la Asociación de Bancos de México presentaron una guía conjunta para frenar el flujo de dinero proveniente de extorsiones operadas desde el interior de centros penitenciarios. La medida responde a patrones detectados que revelan cómo el crimen organizado utiliza el sistema financiero formal para lavar recursos obtenidos mediante amenazas y cobros ilegales.
Según el análisis de la UIF, aproximadamente el 70% de las operaciones vinculadas a estos esquemas delictivos se realizan a través de aplicaciones móviles de transferencia electrónica. Las autoridades identificaron transferencias con conceptos recurrentes y una movilización acelerada de fondos como señales características de este tipo de actividad criminal.
La nueva guía incorpora alertas específicas, recomendaciones de monitoreo y protocolos de evaluación de riesgos diseñados para que las instituciones bancarias puedan identificar y reportar operaciones sospechosas. Los oficiales de cumplimiento de cada banco cuentan con 60 días naturales para presentar la guía ante sus consejos directivos, y una vez aprobada, tendrán 60 días adicionales para implementarla en sus sistemas de análisis.
La Secretaría de Hacienda subrayó que los recursos obtenidos mediante extorsión suelen ser objeto de operaciones destinadas a ocultar su origen ilícito, para posteriormente ser incorporados a la economía formal. Esta práctica constituye uno de los delitos predicados de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La iniciativa busca alinear al sistema financiero mexicano con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera y fortalecer el sistema nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad real de las autoridades penitenciarias para controlar las comunicaciones y operaciones financieras que se realizan desde el interior de las cárceles del país.