El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) ha dado un paso significativo en la agenda migratoria del presidente Donald Trump al publicar un borrador del formulario de declaración fiscal individual que, por primera vez, incluirá una pregunta directa sobre el estatus de ciudadanía del contribuyente.

Este cambio, plasmado en el borrador del Formulario 1040 para la declaración del año 2026, busca recabar información crucial sobre quiénes son los declarantes y su vínculo legal con Estados Unidos al momento de reportar ingresos y calcular impuestos.

La pregunta específica que se plantea es: “Al momento de presentar su declaración, ¿es usted —y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta— ciudadano estadounidense, nacional de los EE. UU. o extranjero legalmente autorizado para trabajar en los EE. UU.?”. Esta interrogante marca un hito en la recolección de datos fiscales, alineándose con los esfuerzos de la Casa Blanca para reforzar los controles sobre la elegibilidad de inmigrantes para determinados beneficios fiscales y su cruzada contra la inmigración indocumentada.

Refuerzo de Controles Fiscales y Migratorios

La inclusión de esta pregunta en el formulario de impuestos se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la administración Trump para asegurar que los beneficios fiscales no lleguen a personas que no cumplen con los requisitos legales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha sido enfático al declarar que “se acabaron los días en que los extranjeros ilegales recibían beneficios financiados por los contribuyentes”. Esta postura subraya la determinación del gobierno por ejercer un mayor escrutinio sobre la población migrante y su acceso a recursos públicos.

Las nuevas normas propuestas por el IRS y el Departamento del Tesoro se aplicarían a los años fiscales que finalicen a partir de la fecha de publicación de las regulaciones definitivas. Esto sugiere una implementación progresiva pero firme de las políticas destinadas a disuadir la inmigración irregular y asegurar el cumplimiento de las leyes fiscales.

En el contexto de estas medidas, el IRS y el Departamento del Tesoro han estado evaluando diversas propuestas relacionadas con los requisitos de elegibilidad para créditos reembolsables del impuesto sobre la renta. El objetivo es claro: alinear la política fiscal con la política migratoria, garantizando que los incentivos fiscales se dirijan exclusivamente a aquellos que residen y contribuyen legalmente al país.

Revés Judicial a Política de Deportación

Paralelamente a estos esfuerzos por endurecer los controles internos, el gobierno de Donald Trump ha enfrentado un revés judicial significativo en lo que respecta a su política de deportación a terceros países. Un tribunal de apelaciones estadounidense ha fallado en contra de la medida que permitía a las autoridades de inmigración deportar a migrantes a naciones distintas a la de su origen, sin una notificación previa o la oportunidad de objeción por parte de los afectados.

El panel de tres jueces del Primer Tribunal de Apelaciones confirmó en gran medida un fallo previo de un tribunal inferior en Massachusetts, que había declarado ilegal dicha política. La norma en cuestión establecía que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no estaba obligado a informar a los extranjeros sobre su destino de deportación a terceros países, siempre y cuando estos gobiernos garantizaran que los deportados no serían perseguidos ni torturados.

El Derecho a Impugnar y la Ley

El juez Seth Aframe, al emitir el fallo unánime, enfatizó que el derecho de una persona a impugnar su traslado a un país, basado en el temor a sufrir persecución, pierde su valor si no se le notifica previamente el destino previsto y no se le brinda una oportunidad real de impugnar esa decisión. Aframe subrayó que tanto la ley como los reglamentos establecen procedimientos de audiencia para las solicitudes basadas en el temor a la persecución, sin contemplar excepciones para los traslados a terceros países, y criticó los intentos del Departamento de Seguridad Interna de “inventar tal excepción de la nada”.

La administración Trump ha mantenido una batalla legal constante por la expulsión de inmigrantes a terceros países, una estrategia que busca agilizar las deportaciones y aliviar la presión en la frontera sur. A pesar de los reveses judiciales, el gobierno ha recurrido a instancias superiores, incluyendo la Corte Suprema, que en su momento permitió la continuación de estas expulsiones mientras los litigios seguían su curso.

Se anticipa que la Casa Blanca apelará este fallo del panel de apelaciones, buscando revertir la decisión y mantener activa su política de deportación a terceros países. La pugna legal refleja la complejidad y las tensiones inherentes a la política migratoria estadounidense, así como los continuos esfuerzos por parte de la administración Trump para implementar medidas más estrictas en materia de control fronterizo y deportación.

La inclusión de la pregunta sobre ciudadanía en las declaraciones de impuestos y la batalla legal por las deportaciones a terceros países son dos frentes que demuestran la persistencia de la administración Trump en su agenda migratoria, buscando maximizar el control y la disuasión frente a la inmigración irregular, al tiempo que enfrenta desafíos legales y cuestionamientos sobre el respeto a los derechos de los migrantes.