A escasas horas de las elecciones intermedias en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha abierto un nuevo frente legal con el objetivo de impedir que California contabilice más de 20,000 papeletas electorales. La administración federal busca que estos votos sean separados y no se incluyan en el conteo hasta que se verifique la ciudadanía de los electores correspondientes.
La solicitud, presentada ante la Corte Suprema, surge después de que dos instancias judiciales inferiores rechazaran la intervención del gobierno. El Departamento de Justicia argumenta que las autoridades electorales californianas, un estado con una marcada tendencia demócrata, habrían enviado boletas por correo a individuos que podrían no poseer la ciudadanía estadounidense, un requisito indispensable para votar en elecciones federales.
Un Pulso Electoral Crítico
La disputa se desarrolla en un momento crucial, a un día de que los ciudadanos estadounidenses renueven la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 asientos del Senado. Además, se elegirán numerosos gobernadores y autoridades locales, configurando el panorama político para los últimos dos años del segundo mandato de Trump.
El gobierno federal ha solicitado una intervención de emergencia de la Corte Suprema. La petición específica es que las autoridades de California separen las papeletas asociadas a los registros que el gobierno considera sospechosos y procedan a una verificación exhaustiva de la ciudadanía antes de realizar el conteo.
Según la administración Trump, se habrían identificado más de 20,000 personas en el padrón electoral de California que, según sus análisis, probablemente no son ciudadanos estadounidenses. El procurador general John Sauer, en representación del gobierno federal, presentó la solicitud formal ante el máximo tribunal.
Dudas sobre la Ciudadanía y el Derecho al Voto
Es importante destacar que, si bien la ciudadanía es un requisito para votar en elecciones federales en Estados Unidos, la mera aparición en una lista de posibles irregularidades no constituye una prueba definitiva de la falta de dicho estatus.
Las autoridades de California han rechazado la petición del gobierno federal, argumentando que la información proporcionada por el Departamento de Justicia contiene errores y no permite una identificación fiable de los supuestos votantes sin ciudadanía. Documentos judiciales revelan que una revisión preliminar de solo 200 registros en el condado de Los Ángeles encontró que más de la mitad correspondían a inscripciones canceladas o inactivas.
Entre los casos revisados, una proporción significativa de personas que declararon su lugar de nacimiento indicaron haber nacido en Estados Unidos, lo que pondría en duda la metodología federal.
Implicaciones Logísticas y Legales
California, con aproximadamente 23 millones de electores registrados, inició la distribución de papeletas por correo a principios de octubre. Las autoridades estatales advierten que separar los votos solicitados por Washington, con el proceso electoral ya en marcha, podría generar serios problemas logísticos y afectar la integridad del escrutinio.
La controversia sobre la precisión de los registros electorales subraya la complejidad de mantener padrones actualizados y la sensibilidad de cualquier intento de intervención en los procesos estatales.
Rechazos Judiciales Previos
La solicitud ante la Corte Suprema no es el primer intento del gobierno federal. Previamente, el juez federal David Carter rechazó la petición inicial el 28 de octubre. Carter cuestionó la legitimidad de la intervención del gobierno federal en los procedimientos electorales de un estado a tan pocos días de los comicios.
El magistrado advirtió que aceptar dicha petición podría alterar las reglas de una elección ya iniciada y, potencialmente, afectar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Además, consideró que la metodología empleada por las autoridades federales para identificar a los supuestos votantes sin ciudadanía presentaba incertidumbres y errores significativos.
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito respaldó la decisión de Carter, emitiendo un fallo dividido (dos votos contra uno). Los magistrados de apelación señalaron que la separación de las papeletas podría perjudicar a votantes legítimos y comprometer el proceso general de conteo.
Ante estos reveses judiciales, la administración Trump ha recurrido a la Corte Suprema en busca de una intervención inmediata antes de la jornada electoral, buscando revertir las decisiones de las instancias inferiores y forzar la separación de los votos en disputa.