La administración Trump ha intensificado su asedio contra Cuba, no solo con sanciones económicas y restricciones de combustible, sino también con una agresiva política de deportación de migrantes cubanos que residen en Estados Unidos. México se ha convertido en el principal receptor de estos deportados, con más de 4,353 personas enviadas a su territorio en poco más de un año, según un informe de Human Rights Watch (HRW).

Estos migrantes, muchos de ellos con antecedentes penales, se encuentran ahora en una situación precaria en el sur de México, particularmente en Villahermosa, Tabasco. Sin un estatus legal claro y con escasa ayuda gubernamental, muchos se ven obligados a realizar trabajos ocasionales, mendigar, o incluso caer en redes de explotación sexual o ser reclutados por cárteles del crimen organizado.

La estrategia de Trump parece tener un doble objetivo: debilitar al gobierno de La Habana y, al mismo tiempo, endurecer la aplicación de las leyes migratorias en suelo estadounidense. La administración ha acusado formalmente al gobierno cubano y ha insinuado la posibilidad de intervenciones militares, mientras que simultáneamente desmantela las protecciones que durante décadas beneficiaron a los ciudadanos de la isla.

Históricamente, los cubanos gozaron de un trato preferencial en Estados Unidos, incluyendo vías rápidas para la legalización, un privilegio negado a otros migrantes latinoamericanos. La negativa de Cuba a aceptar el regreso de muchos de sus ciudadanos complicaba las deportaciones, pero la política actual de Trump ha roto este paradigma.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, un influyente político de origen cubano con aspiraciones presidenciales, ha instado a la comunidad cubana a unirse a los esfuerzos de Trump para propiciar un cambio en la isla. Rubio, hijo de exiliados cubanos, ha sido un férreo defensor de los derechos de los cubanos en Estados Unidos.

Un caso emblemático es el de Lorenzo Sánchez, un cubano de 65 años que llegó a Florida en el éxodo del Mariel en 1980. Tras una infracción menor, se descubrió una orden de deportación inactiva desde 1991. Semanas después, fue deportado junto a otros 150 cubanos a Villahermosa, a miles de kilómetros de su hogar.

“Ahora vivo en la calle, no puedo trabajar y dependo de la comida que la gente me da. No tengo dinero ni para comprar mi insulina”, relata Sánchez, quien padece diabetes y ha perdido dedos del pie. En EU, contaba con acceso a servicios de salud y un subsidio alimentario, beneficios que ahora ha perdido por completo.

La situación en Villahermosa es desoladora. La ciudad, que alguna vez prosperó gracias a la industria petrolera, atraviesa una crisis económica y se ha convertido en un foco de violencia debido a la creciente presencia de cárteles. Los intentos de Sánchez por abandonar la ciudad han sido frustrados por las autoridades mexicanas.

“Nos soltaron en una calle en la noche y ahora no podemos irnos. Estamos presos”, lamenta, reflejando la desesperación de muchos deportados.

La promesa de Trump de llevar a cabo la "mayor deportación" en la historia de Estados Unidos se está materializando a través de acuerdos bilaterales que permiten enviar deportados a más de 30 países. Si bien algunos casos, como las deportaciones a Ghana o El Salvador, han acaparado titulares, la situación de los cubanos en México es igualmente crítica.

El informe de HRW detalla que muchos de los cubanos deportados eran residentes legales en EU, pero perdieron su estatus tras condenas penales, a menudo por delitos no violentos. Muchos ya habían cumplido sus sentencias y vivían en EU por años, creyendo erróneamente que la deportación ya no era una amenaza.

Esta política de deportación masiva, impulsada por la administración Trump, no solo afecta a los individuos deportados, sino que también genera una crisis humanitaria en las comunidades de acogida como Villahermosa, evidenciando las complejas y a menudo crueles ramificaciones de las políticas migratorias internacionales.

La situación subraya la vulnerabilidad de los migrantes cubanos, quienes, a pesar de haber sido históricamente un grupo favorecido en EU, ahora enfrentan un futuro incierto y deshumanizante, arrojados a la indigencia en un país que no es el suyo, como consecuencia directa de la política exterior y migratoria de la administración Trump.